Además, los pensionados confirmaron que se les entregaron cheques sin fondo en año pasado.
Regeneración, 25 de julio de 2016.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, encabezada por Namiko Matzumoto Benítez, concluyó que el gobierno de Javier Duarte violó el derecho a la protección de personas adultas mayores y el derecho a la seguridad social, al retener los pagos a jubilados.
La resolución es producto de la denuncia que interpusieron 707 pensionados luego de que hace seis meses fueran golpeados por la policía de la entidad mientras protestaban por la falta de pago de sus pensiones desde 2015.
En tanto, el director jurídico del Instituto de Pensiones del Estado, Enrique Levet Rivera, confirmó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se entregaron cheques “que se cobraron antes de tiempo” y por ello no había dinero para entregarles a los trabajadores retirados.
Los pensionados, reunidos en la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev), confirmó que será la Fiscalía General del Estado la que determine si el delito de fraude está configurado, pues el lunes 1 de agosto la Copipev acudirá a interponer una nueva denuncia ante la FGE contra el Consejo Directivo del IPE y todos quienes resulten responsables por el retraso en el pago de las pensiones, es decir, incumplimiento de un deber legal.
Según estadísticas, los pensionados de la demarcación son alrededor de 28 mil 987 personas, mismas a las que al menos una vez se le se retuvo el pago en el periodo que va desde 2015 a la fecha.
Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz exigió al gobierno que Duarte regularice estos pagos, pues “el derecho a recibir una pensión implica, necesariamente, que ésta sea pagada en tiempo y forma”, por lo que “resulta inaceptable que (en Veracruz) existan retrasos injustificados en el pago hacia aquellos que deben gozar de un trato diferenciado y preferente”.
Según el Instituto de Pensiones de Veracruz, la retención de pensiones es culpa de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, organismo que admitió el hecho, sin mayores explicaciones.
A partir de hoy, pues, el gobierno tiene 15 días para que se liberen los fondos retenidos a los adultos mayores y todos aquellos con incapacidad laboral permanente.
De no cumplir con este plazo, se advirtió, “esta Comisión Estatal estará en posibilidades de solicitar su comparecencia ante el Honorable Congreso del Estado de Veracruz”.
Vía e-veracruz y Animal Político.