Unión Europea conculca conquistas democráticas y sociales

Por Eric Toussaint*

Los grandes medios abordan regularmente una serie de cuestiones como: un posible estallido de la zona euro; el fracaso de las políticas de austeridad en materia de relanzamiento económico; las tensiones entre Berlín, París o Roma, entre Londres y los miembros de la zona euro; de las contradicciones en el seno del Consejo del BCE; de las enormes dificultades para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto de la UE; de las crispaciones de ciertos gobiernos europeos con el FMI a propósito de la dosificación de la austeridad. Aunque todas esas tensiones sean bien reales, no nos deben ocultar lo esencial.

Los dirigentes europeos de los países más fuertes y los patrones de las grandes empresas se felicitan de que haya una zona económica, comercial y política común, donde las transnacionales europeas y las economías del Centro de la zona euro obtienen beneficios de la debacle de la Periferia, para reforzar la rentabilidad de sus empresas y ganar en competitividad con respecto a sus competidores estadounidenses y chinos. Su objetivo, en el estado actual de la crisis, no es relanzar la economía y reducir las asimetrías entre las economías fuertes y débiles dentro de la UE.

Además, los dirigentes europeos consideran que la debacle del Sur europeo será una oportunidad para privatizaciones generalizadas de empresas y bienes públicos a precios de saldo. Y los ayudan la intervención de la Troika y la complicidad activa de los gobiernos de la Periferia. Las clases dominantes de los países periféricos son favorables a esas políticas, ya que cuentan con recibir una parte de un pastel que codician desde hace tiempo. Las privatizaciones de Grecia y Portugal prefiguran lo que llegará a España e Italia, donde los bienes públicos que se podrán adquirir son mucho más importantes, considerando el tamaño de esas dos economías. Los dirigentes de las economías europeas más fuertes también planean realizar una nueva ola de importantes privatizaciones en sus propios países.

Ni siquiera se disimula la estrecha relación entre los gobernantes y el gran capital. A la cabeza de varios gobiernos, colocados en puestos ministeriales importantes y en la presidencia del BCE, se encuentran hombres directamente salidos del mundo de las altas finanzas, |1| comenzando por el banco de negocios Goldman Sachs. |2| Algunos políticos de primera fila son recompensados con un puesto en un gran banco u otra gran empresa una vez que cumplieron con sus buenos oficios para las grandes corporaciones. |3| No es algo nuevo, pero es más evidente y común que durante los últimos 50 años. Se puede hablar de verdaderos vasos comunicantes y bien transparentes.

Considerar que la política de los dirigentes europeos es un fracaso porque el crecimiento económico no ha vuelto es equivocarse considerablemente en el criterio de análisis. Los objetivos perseguidos por la dirección del BCE, por la Comisión Europea, por los gobiernos de las economías más fuertes de la UE, por las direcciones de los bancos y de otras grandes empresas privadas, no es ni la rápida vuelta al crecimiento, ni la reducción de las asimetrías en el seno de la zona euro y de la UE con el fin de hacer de ella un conjunto más coherente al que la prosperidad pudiera retornar.

Sobre todo, no hay que olvidar una cuestión fundamental: la capacidad de los gobernantes, que se han puesto dócilmente al servicio de los intereses de las grandes empresas privadas, para gestionar una situación de crisis, incluso de caos, y actuar en el sentido requerido por esas grandes empresas. La crisis permite pasar al ataque con el pretexto de aplicar un tratamiento de choque justificado por la amplitud de los problemas.

Los derechos económicos, sociales y culturales son continuamente cuestionados en sus propios fundamentos, sin olvidar la ofensiva contra los derechos civiles y políticos como el derecho efectivo a la elección de los legisladores. En efecto, el Parlamento Europeo no ejerce realmente como poder legislativo, los parlamentos nacionales de los países sometidos a la Troika ven como ésta le dicta sus leyes, y los otros parlamentos tienen su soberanía y su poder fuertemente limitados por los diferentes tratados europeos, adoptados sin ninguna consulta democrática, como el TSCG (Tratado sobre la estabilidad, la coordinación y la gobernanza) que fija requisitos presupuestarios inaceptables. Otros derechos son también burlados: el ejercicio real del sufragio universal directo, el derecho de rechazar los tratados, el derecho de modificar la constitución mediante un proceso democrático constituyente, el derecho de protestar y de organizarse para que estas protestas den resultados. La UE y sus países miembros refuerzan una deriva autoritaria con el retorno del ejercicio directo del poder por los representantes de una oligarquía económica.

Para avanzar en la mayor ofensiva llevada a cabo después de la segunda guerra mundial a escala europea contra los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población, los gobiernos y la patronal utilizan diferentes armas: la deuda pública, el desempleo, el retraso de la edad de jubilación, la exclusión del derecho a recibir un subsidio de las muchísimas personas sin empleo, la congelación o disminución de salarios y de las diversas ayudas sociales, la reducción de los efectivos tanto en las empresas privadas como en el sector público, la búsqueda del equilibrio presupuestario como pretexto de los severos recortes en los servicios públicos, la búsqueda de la mejora de la competitividad de los Estados miembros de la UE, entre ellos y con respecto a sus competidores comerciales de otros continentes.

Para el Capital, la cuestión es aumentar aún más la precarización de los trabajadores, reducir radicalmente su capacidad de movilización y de resistencia, disminuir los salarios y diferentes prestaciones sociales a la vez que se mantienen las enormes disparidades entre los trabajadores dentro de la UE, con el objetivo de aumentar la competencia entre ellos y precipitarlos en la trampa de la deuda.

Primero, están las disparidades entre los asalariados de un mismo país: entre mujeres y hombres, entre fijos y eventuales, entre trabajadores a tiempo parcial y trabajadores a tiempo completo, entre las viejas generaciones que se benefician de un sistema de jubilación basado en la solidaridad y las nuevas generaciones a las que se les impone un sistema cada vez más individualista y aleatorio. Sin contar con los «sin papeles», súperexplotados y que no gozan de ningún derecho social ligado al trabajo. Por iniciativa de la patronal y con el apoyo de los gobiernos sucesivos (y en eso, los partidos socialistas europeos han desempeñado un activo papel), esas disparidades han crecido en el curso de los últimos 20 años. Por ejemplo, en Alemania, 7,5 millones de trabajadores deben contentarse con un salario mensual de 400 euros, cuando el salario mensual normal supera netamente los 1.500 euros. |4|

Segundo, a esas diferencias, se agregan las disparidades entre los trabajadores de los países del Centro y los de los países de la Periferia, en el seno de la UE, que son complementarias de las que se profundizan dentro de las fronteras nacionales. Los salarios de los trabajadores del grupo de países más fuertes (Alemania, Francia, Países Bajos, Finlandia, Suecia, Austria, Dinamarca) son el doble o el triple de los salarios de los de Grecia, Portugal o Eslovenia. El salario mínimo legal de Bulgaria (156 euros brutos mensuales en 2013) es de 8 a 9 veces inferior al de países como Francia, Bélgica o los Países Bajos. |5|

En América del Sur, aún cuando las diferencias son grandes entre las economías más fuertes (Brasil, Argentina, Venezuela) y las más débiles (Paraguay, Bolivia, Ecuador…), la diferencia en el salario mínimo legal es del orden de 1 a 4, por tanto una disparidad netamente menor que en el seno de la Unión Europea. Esto muestra hasta qué punto es fuerte la competencia entre los trabajadores de Europa. Las grandes empresas de los países europeos más fuertes en el plano económico se benefician profundamente de las disparidades salariales en el seno de la UE.

Las autoridades europeas refuerzan también la política de fortaleza sitiada menospreciando el derecho de los ciudadanos y ciudadanas no europeos/as al acceso a su territorio. Además, perfeccionan su política criminal en las fronteras de Europa que provoca la muertes de miles de personas que intentan buscar una vida mejor en la Unión Europea. El derecho de asilo también es pisoteado.

Lo que vemos, detrás de la cortina de humo de los discursos oficiales, es una lógica terrible, injusta y mortífera que está en marcha. Es el momento de sacarla a la luz para poder enfrentarse mejor y conseguir vencerla.

Traducido por Griselda Pinero y Raul Quiroz