En los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto se volvió costumbre endeudar al país a través de contratar deuda, lo que está prohibido por la Constitución. Además, este gobierno le quita dinero a Pemex que ya estaba presupuestado y obliga a la empresa pública a endeudarse. Es una quiebra de Pemex inducida. En los últimos seis años la deuda de Pemex creció 93% equivalente a un billón 493 millones 382 mil pesos.
Regeneración, 7 de marzo de 2016. Petróleos Mexicanos está en crisis por los bajos precios del petróleo y por el saqueo que hace el gobierno de sus ingresos para pagar el gasto corriente, algo completamente ilegal.
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray busca quebrar a la principal empresa del país. El gobierno de Peña Nieto no solo entrega las reservas y los recursos petroleros del país a corporaciones extranjeras, ahora quiere desmantelar la empresa y busca quebrarla mediante un endeudamiento impagable a que la está orillando. Es un crimen de lesa patria, un atentado contra el interés nacional.
A pesar de la crisis de los precios del petróleo crudo, Pemex obtiene recursos suficientes para cubrir sus gastos de operación y de inversión. Pero el Videgaray le quita sus ingresos y le obliga a contratar deuda. La deuda de Pemex es responsabilidad del gobierno, incluido el fondo de pensiones, el llamado pasivo laboral. Es un secreto a voces que la paraestatal ha sido utilizada por el PRI para pagar campañas electorales y hacer negocios con dinero público.
El año pasado el secretario de Hacienda Videgaray le quitó el año pasado de manera discrecional más de 100 mil millones de pesos a Pemex ya presupuestado y que se convertirá en deuda. En 2016, Videgaray anunció otro recorte de más de 132 mil millones de pesos a Pemex. Al ritmo que va Pemex será declarado en quiebra.
Al quitarle todos sus ingresos a Pemex, el gobierno comete fraude y viola la Constitución. Según el artículo 29 constitucional, el gobierno solo puede solicitar préstamos para la ejecución de obras que generen un incremento en los ingresos públicos –salvo aquellos para regulación monetaria, operaciones de reconversión de deuda o para encarar una situación de emergencia aprobada por el Congreso.
Los gobiernos del PRI y del PAN contrataron deuda para cubrir el gasto burocrático, lo cual está prohibido por la Constitución.
Hacienda le quita el dinero a Pemex y le obliga a endeudarse para cubrir sus compromisos financieros y sus inversiones.
Así la supuesta debacle financiera de Pemex es una maniobra gubernamental. Pemex no está quebrado.
Los partidos privatizadores que suscribieron el Pacto de México propiciaron la llamada reforma energética bajo el pretexto de que Pemex no tenía la tecnología ni la capacidad para explotar y administrar nuestro petróleo. Sin embargo, los políticos corruptos y los grandes empresarios mexicanos se han servido del dinero del petróleo para formar grandes fortunas con contratos públicos pagados con dinero de Pemex y con deuda pública. La entrega legal de los recursos energéticos del país a empresas trasnacionales la exploración y la explotación de hidrocarburos se hizo bajo argumentos falsos y mentiras deliberadas.
La reforma energética busca hacer negocios privados con los recursos de la nación, a costa de la pobreza de su población que fue despojada de la principal riqueza de México: el petróleo y el gas.
La reducción del precio del crudo en el mercado internacional ha provocado mayores dificultades a Pemex, pues el gobierno le quita todos sus ingresos. Con el gobierno de Peña Nieto la deuda financiera de largo plazo de Pemex aumentó 93 por ciento. Además, la colocación de bonos de Pemex en los mercados extranjeros contiene una prima de riesgo demasiado alta.
Peña y Videragaray deben ser juzgados por violar la Constitución
El gobierno de Peña, a través de Videgaray, ha disminuido el gasto de inversión de Pemex en 132 mil millones de pesos para este año, lo que representa casi un tercio del recorte total del gobierno, mientras que el endeudamiento neto interno será de 110 000 millones de pesos y el externo de 8 mil 500 millones de dólares. Pemex sigue sosteniendo la operación corriente del gobierno federal. Esto contradice la versión oficial de que busca que Pemex sea rentable y productiva, pero en los hechos desperdicia las ganancias del petróleo en el gasto operativo del gobierno (Hasta la Casa Blanca se pagó con dinero del petróleo, vía contratos públicos con Higa).
Convertir a Pemex en “empresa productiva del Estado” solo significó una disminución de sus operaciones propias y el desmantelamiento industrial en todas sus actividades. La destrucción de Pemex también representa acabar con las empresas que dependen de la industria petrolera y los miles de empleos que representan.
La corrupción es la esencia del sistema político mexicano y el principal motor que ha alimentado ese circuito perverso es el dinero de Pemex. En el colomo del cinismo, el anterior director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, era empleado de OHL antes de integrarse a la paraestatal, durante los tres años que duró su encargó dio contratos a sus patrones españoles de OHL, empresas que no tenía un solo contrato antes de su administración (lo mismo puede decirse de Higa, entre otras). Nadie olvida que en el año 2000, la campaña presidencial del PRI se pagó con mil millones de pesos salidos de las arcas de Pemex vía el sindicato petrolero (emblema del sindicalismo corrupto).
La dirección sindical de Pemex es una aliada de Peña Nieto, por eso no se le toca ni se juzga a sus líderes corruptos. La paraestatal sigue siendo ordeñada por el gobierno PRI para pagar campañas electorales y hacer de los contratos la mejor muestra de cómo se saquea un país y cómo se enriquecen los funcionarios públicos con las cuotas que cobran a cambio de los negocios con la principal riqueza nacional.
Por esto y por otras razones, Peña Nieto y Luis Videgaray deberían ser juzgados por saquear al país, destruir la principal industria nacional y lucrar con la entrega de la riqueza petrolera de México.