Por Esther Alvarado
Falso e hipócrita es el mensaje de Peña ante la situación grave de los habitantes de las zonas que quedaron destruidas al paso de los Huracanes Manuel e Ingrid en el pasado 2013. Mucha gente murió, pero los que sobrevivieron, están en una situación de miseria, hambre y abandono por parte de las autoridades estatales y federales, quienes están ocupados en la asignación de los recursos que les fueron otorgados del Fondo de Desastres, en levantar la infraestructura carretera y de las poblaciones más grandes, pero ¿dónde duermen los que perdieron sus casas, los que les aplastó su vivienda el desgajamiento del cerro? porque todavía no terminan de reconstruir sus viviendas ¿Cómo van a recuperar sus escasos bienes, animales, herramientas, siembra? ¿Dónde y con qué están comiendo esas personas?
Los municipios afectados por los huracanes, después de meses, siguen en el abandono y la situación se agrava ya que siguen sin atención médica y sin servicios, ya que no tienen agua potable, drenaje, servicios sanitarios y las escuelas funcionan gracias al esfuerzo sobrehumano de los maestros que se desplazan a pie por comunidades -algunas todavía incomunicadas-, para llegar a impartir clases a lugares donde no sólo no hay escuela porque no la han reconstruido o está sin muros, sin bancas, pizarrones, y que llegan a dar clases a niños que están enfermos o con desnutrición severa.
¿Alguien sabe algo de Rosario Robles y sus planes para terminar con el hambre en México? ¿Qué están haciendo para atender esta urgencia humanitaria? ¿Alguien sabe si ya se están aplicando planes y programas de protección civil? Deben los gobiernos prever los riesgos para la próxima temporada de lluvias y no sólo no tienen prevista la instalación de Centros de abasto eficientes y suficientes, albergues, servicios médicos, etc, porque ni siquiera han resuelto los daños del año pasado, en donde por ejemplo, los pobladores de la Montaña de Guerrero todavía están necesitando ayuda y son ignorados, cuando un buen gobierno debería garantizar el derecho a la alimentación y apoyar a la gente para la reconstrucción de una vivienda digna.
Grupos indígenas, como los me’phaa y na’savi, constituidos en el Consejo de Comunidades Damnificadas, desde hace mucho denunciaron que la región fue relegada a las acciones de rescate y fueron muy escasos los apoyos gubernamentales. En toda la zona afectada hubo 100% de afectación en la estructura carretera de las comunidades, así como cuarteaduras, inundaciones y deslaves, se dañaron más de 3,300 viviendas, 5mil 303 parcelas de maíz, además de platanares y cafetales que se destruyeron. Es importante que se dé a conocer el informe no solamente de los daños generales, sino de los avances en la reconstrucción, la reinstalación de servicios de agua potable, electricidad y de los apoyos que se han entregado para levantar nuevamente las siembras.
No debe suceder nuevamente otra tragedia como la del año pasado, se debe exigir a los gobiernos de los tres niveles que emprendan acciones de protección civil y que se destinen recursos para la prevención. No es justo tener que esperar otro desastre para saber que faltó trabajo de protección civil.
En un comunicado del 21 de octubre del año pasado, el titular de Sedatu asentó que una vez que se tuvieran los datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Coordinación de Protección Civil y Centro de Prevención de Desastres presentaría el informe de responsabilidades por los daños causados por los citados fenómenos naturales, en los siguientes días.
Durante su participación en el evento de Canadevi expuso que el 90 por ciento de la vivienda en Guerrero es irregular, por lo que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) llevará a cabo un plan de regularización, la meta de este año es de 200 mil predios.
Según datos de Sedatu, en Guerrero se afectaron, por ambas tormentas, 13 mil 701 viviendas de las cuales se construirían en su totalidad 9 mil 46, 2 mil 157 y estimó que para las tareas de reconstrucción se requerían más de mil 200 millones de pesos.
¿Quién se hará responsable, quienes pagarán por ocultar en bodegas las toneladas de ayuda en despensas? En pleno 2014, se están abriendo bodegas con alimentos echados a perder que nunca fueron entregados a las personas que morían de hambre. Esto no es una falla administrativa, es un crimen y tienen que pagar por ello.
Falta poco para la nueva temporada de lluvia y aún no resuelven los daños del año anterior. La incapacidad del gobierno se evidencia, la nulidad administrativa siempre a costa de los que nada tienen. Exigen los pueblos de Guerrero y la ciudadanía en general: ¡Justicia, basta ya de corrupción e impunidad!