Dicha iniciativa propone que la credencial de elector deje de funcionar como identificación oficial a quienes se abstengan a emitir su voto.
Regeneración, 11 de febrero de 2018.- Agustín Basave, quien es diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso una Reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, “a fin de combatir la falta de legitimidad, la compra y coacción del voto”.
“Lo anterior, a través de la obligatoriedad del sufragio e incluso, sanciones a quienes no acudan a las urnas”.
Dicha iniciativa gira en torno a la penalización del abstencionismo con la suspensión por un año de la vigencia de la credencial de elector, para que no pueda ser usada como identificación oficial. Si el ciudadano reincide, se le sancionaría un año más, así lo detalla en una nota Revolución Tres Punto Cero.
La propuesta, publicada en la Gaceta Parlamentaria, dice lo siguiente: “el abstencionismo se ha incrementado de 1991 a la fecha, es decir, a partir de los primeros comicios no organizados por el Ejecutivo Federal”.
Puso como ejemplo el caso de 1991, cuando porcentaje de participación ciudadana en las elecciones fue de 56.9 por ciento, mientras para 2015 esa cifra disminuyó a 47.7 por ciento.
“Si bien la diferencia en el porcentaje no es tan amplia, pues ronda el 10 por ciento, el problema radica en que el padrón electoral entre uno y otro año, creció 43%”, aseveró.
“Debido a la falta de consecuencias jurídicas, la observancia de la ley queda al árbitro del electorado, tal circunstancia se traduce en los bajos niveles de votación que en la actualidad se presentan en los procesos electorales de México”, agregó.
Además dijo que la baja participación en las elecciones orilla a castigar a quienes incumplan con la “obligación” de votar y por ello, la consecuencia jurídica ideal debería ser la pérdida de vigencia de la credencial de elector, consideró el legislador.
“Con la presente propuesta busco aumentar los niveles de participación ciudadana”, abundó y dijo que “la norma debe contemplar excepciones en las que el ciudadano se vea imposibilitado de votar”.