Agua: Se recuperó el control en los puntos intervenidos, así como equipo, instalaciones y vehículos. No se reportan detenidos
Regeneración, 2 de octubre 2025– De acuerdo con la investigación ministerial, los puntos intervenidos no forman parte de la infraestructura oficial ni de los organismos municipales, sino que eran manejados por grupos que se ostentan como sindicatos o asociaciones de transportistas.
Operativo
Con la intención de frenar el huachicoleo de agua y clausurar tomas y pozos clandestinos, controlados en su mayoría por sindicatos…
…la Fiscalía General de Justicia del Estado de México implementó un operativo en 48 municipios este viernes.
El despliegue tuvo como objetivo recuperar el control sobre los centros de distribución y pipas que durante años operaron fuera de los sistemas de agua potable.
En la mayoría de los casos, ya se contaba con una denuncia previa sobre la explotación ilegal del recurso hídrico.
Sindicatos y asociaciones
De acuerdo con la investigación ministerial, los puntos intervenidos no forman parte de la infraestructura oficial ni de los organismos municipales.
Eran manejados por grupos que se ostentan como sindicatos o asociaciones de transportistas.
Entre ellos figuran la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON);
La Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), Los 300, La Chokiza y el grupo 25 de Marzo, entre otros.
Dichos grupos establecieron redes paralelas de extracción, venta y distribución de agua en distintos puntos del Estado de México.
Tomas ilegales
Las tomas operaban a puerta cerrada, con horarios fijos y personal encargado de controlar el acceso de las pipas que llegaban para abastecerse.
En algunos casos, los predios estaban delimitados con bardas y portones metálicos;
Vigilados por cámaras de circuito cerrado o por personas conocidas como “halcones”, encargadas de alertar sobre la presencia de autoridades.
El agua se vendía en pipas de 10 mil litros con precios que iban de los 900 a los 2 mil pesos, dependiendo del municipio y la distancia de entrega.
En ese sentido, los reportes ministeriales indican que en municipios como Ecatepec, Chicoloapan o Tepotzotlán llegaban a cargar entre 50 y 200 pipas diarias.
Esto revela la magnitud del comercio ilícito que había crecido al margen de la ley.
Puntos de operación
En Toluca se detectaron centros de distribución irregulares en San Buenaventura, Otzacatipan y Moderna de la Cruz.
Los encargados reconocieron que vendían agua sin concesión a precios similares a los del mercado formal.
En Metepec, las autoridades ubicaron un predio en la carretera a Zacango donde se realizaba la extracción y llenado de camiones tipo pipa.
Usaba el nombre comercial de Agua Potable Express Grutracos, empresa que promovía sus servicios a través de redes sociales.
Otros municipios del Valle de México, como Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Atizapán de Zaragoza, presentaban un patrón similar.
Predios sin identificación visible, con entrada y salida constante de vehículos cisterna, y vecinos que confirmaron la venta del líquido a colonias cercanas.
Naucalpan
Vecinos de distintas colonias de Naucalpan denunciaron la presunta venta ilegal de agua en pipas particulares, supuestamente sustraída de pozos públicos.
El gobierno local rechazó las acusaciones y afirmó que el reparto es gratuito a través del OAPAS.
En Tecámac y Valle de Bravo también se documentó la existencia de pozos que operaban de manera clandestina.
Con personal que ofrecía el servicio sin permisos y bajo control de agrupaciones locales.
Melchor Ocampo, sin confrontación
En Melchor Ocampo, donde se tenía previsto realizar una de las intervenciones, la población se movilizó ante la llegada de las unidades y la operación fue suspendida antes de llegar a la confrontación.
La Fiscalía explicó que en esa zona se optó por detener el despliegue para evitar riesgos y mantener el diálogo con los habitantes.
Existía la percepción de que el operativo afectaría el suministro doméstico, cuando en realidad los pozos señalados operaban sin autorización.
A raíz de esta situación, se prevén manifestaciones y cierres parciales de calles por parte de piperos y grupos vinculados al transporte de agua.
Ellos advirtieron que la deshabilitación de los puntos clandestinos los dejará sin fuente de trabajo, especialmente en Toluca y Ecatepec.
Sin detenidos y con aseguramientos
La Fiscalía informó que hasta el momento no hay personas detenidas, ya que la prioridad fue recuperar el control de los puntos de extracción;
Y asegurar los equipos de bombeo, mangueras, cisternas y vehículos empleados en la venta irregular.
Se levantaron actas ministeriales y se iniciaron carpetas de investigación por delitos relacionados con la explotación ilícita del agua y el uso indebido de bienes públicos.
La operación se desarrolló con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional;
La Secretaría de Seguridad estatal y corporaciones municipales, bajo la coordinación de la Mesa de Construcción de la Paz del Estado de México.
Ecatepec
Las autoridades locales informaron que aseguraron un espacio de extracción, venta y distribución ilegal.
Fueron alertados a través de una llamada anónima; sin embargo, a pesar del operativo desplegado, no hubo personas detenidas.
De acuerdo con la Fiscalía, las prácticas detectadas generaban un doble impacto:
Por un lado, la pérdida de caudal en las líneas de conducción oficiales, y por otro, el encarecimiento del agua para las familias que debían recurrir a pipas privadas ante el desabasto.
La extracción irregular y el acaparamiento del recurso agravaban las condiciones de escasez en zonas urbanas y rurales, particularmente en municipios del oriente del estado.
Investigación
Las autoridades continuarán con actos de investigación para determinar la responsabilidad de los operadores y dirigentes sindicales involucrados en la red de extracción;
Así como el destino de las ganancias obtenidas por la comercialización del recurso.
Los resultados preliminares muestran un entramado de intereses económicos y sociales que permitió la operación de pozos sin registro, con tarifas impuestas y distribución controlada.
Es por ello que la Fiscalía mantendrá los cateos y verificaciones en los casi 200 puntos detectados como irregulares.
Un esfuerzo por desmantelar la estructura que durante años convirtió el agua en un negocio ajeno a la ley.
