Aunque la autonomía se alcanzó en 1999, la primera reforma en derechos humanos se constituyó en el 28 de enero de 1992
Regeneración, 28 de enero 2026– La reforma constitucional mexicana en derechos humanos se materializó el 28 de enero de 1992 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto significativo que añadió un Apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ajuste
Este ajuste elevó la protección y defensa de los derechos humanos al nivel constitucional, estableciendo las bases para un sistema no jurisdiccional de derechos humanos en el país.
Dentro de esta Reforma de 1992, uno de los aspectos más importantes fue la introducción del Apartado B en el Artículo 102:
Se facultó al Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales para crear organismos que protejan los derechos humanos conforme al ordenamiento jurídico mexicano.
Esta adición permitió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada por decreto presidencial en 1990, se consolidara como una institución de carácter constitucional.
Los organismos que se establecieron bajo este apartado no tienen competencia en temas electorales ni jurisdiccionales.
Artículo 4
Además, se modificó el artículo 4 de la Constitución para reconocer la diversidad cultural de la nación.
Protegiendo así las lenguas, culturas y tradiciones de los pueblos indígenas.
Este cambio fue un hito significativo para el reconocimiento de los derechos humanos como una base del Estado mexicano.
En ese tiempo, los derechos se referían como «garantías individuales», indicando que era el Estado quien se las concedía a los ciudadanos.
Autonomía
Fue en 1999 cuando se alcanzó la completa autonomía.
Se hizo una nueva modificación al Artículo 102 para otorgar autonomía constitucional a la CNDH, desvinculándola del Poder Ejecutivo con el fin de asegurar su independencia.
En 2011 ocurrió un importante cambio de enfoque.
El 10 de junio de 2011 se dio a conocer la reforma más relevante en esta área. Los cambios fundamentales comprenden:
El cambio de «garantías» a «derechos», lo que implica que el Estado ya no «otorga» garantías, sino que «reconoce» los derechos humanos que pertenecen a cada persona.
Determinaciones
También se determinó que los tratados internacionales que México suscriba tienen el mismo nivel que la Constitución.
Se establecieron constitucionalmente las obligaciones de promover, respetar, proteger y asegurar los derechos.
Así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de dichos derechos.
Además, se instauró el Principio Pro Persona.
Este principio obliga a los jueces y autoridades a optar por la interpretación o norma que mejor beneficie a la persona en cada situación.
Este avance transformó a todos los jueces en México en jueces interamericanos, obligándolos a aplicar estándares internacionales en derechos humanos en sus decisiones.
