Por Francisco Escamilla y Christian Rodríguez
RegeneraciónMx.- Luego de más de 30 años gobernando el estado de Guanajuato de forma ininterrumpida, una de las batallas que con más constancia ha librado el PAN ha sido en contra de los Derechos Humanos.
Pese a que los ejemplos de esta cruzada panista podrían llenar libros enteros, por el momento basta con recuperar tres momentos históricos que muestran la sistemática incompatibilidad del panismo con el reconocimiento de los Derechos Humanos: su rechazo para incorporar los Derechos Humanos como un elemento estructural de la Constitución Política, su insistencia en penalizar el aborto, y la negación de los derechos humanos de las víctimas en la entidad.
Respecto al primer momento, hay que recordar que en 2011 se impulsó a nivel nacional la reforma más importante en materia de Derechos Humanos de las últimas décadas. Dicha reforma planteó tres elementos que hoy son paradigmáticos en materia de Derechos Humanos: el reconocimiento de los derechos humanos como normas estructurales con jerarquía constitucional, el principio propersona, y la obligación de la autoridad para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
En otras palabras, dicha reforma reconoció que los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos están al mismo nivel que la Constitución Política federal. Al mismo tiempo el principio pro persona se estableció como criterio para que, cuando una autoridad tenga qué elegir qué norma aplicar a un caso concreto, deba elegir la que más favorezca a la persona, sin importar que se trate de una norma constitucional, un tratado internacional, o una ley.
La trascendencia de esta reforma era tan evidente, que Guanajuato fue la única entidad federativa que votó en contra de estas modificaciones que configuraron el sentido común en materia de Derechos Humanos que tenemos hoy en día.
En el dictamen que rechaza la reforma podemos encontrar los votos a favor de personajes como Diego Sinhué, actual gobernador del Estado, o Eduardo López Mares, actual dirigente estatal del partido blanquiazul. Los argumentos de dicho dictamen, por su parte, fueron poco técnicos pero muyconsistentes ideológicamente con el credo blanquiazul, pues se limitaron a señalar que no se debe incluir la no-discriminación por preferencias sexuales, pues en ese momento la Constitución ya contenía la no-discriminación independientemente de las preferencias.
De esta manera, según el razonamiento de la Comisión integrada por los actuales gobernador y dirigente estatal de acción nacional, “si modificamos el texto por <<preferencias sexuales>>, se corre el riesgo de circunscribirse sólo a éstas, dejando fuera a todas aquellas preferencias de tipo social, político, cultural, civil o cualquier otra”. Esto, evidentemente, sólo tiene sentido si se ignora el resto del párrafo que se reformó, pues al final del mismo se sentencia: cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, con lo que su preocupación ideológica se disuelve.
El otro argumento expresado en el dictamen fue que no vale la pena incorporar la jerarquía constitucional de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues “ya es una cuestión reglamentada” y establecerlo en la carta magna “sería Perogrullo”, según razonó en su momento la Comisión de Diputados y Diputadas de mayoría blanquiazul.
Tal fue el razonamiento del actual Gobernador: reconocer constitucionalmente los derechos es innecesario porque ya es tan evidente, que incluso resultaba tonto decirlo. Un razonamiento sin sustento viniendo del partido que recién había provocado una guerra que derivó en miles de muertes,desapariciones forzadas y violaciones a Derechos Humanos que incluso hoy siguen produciendo víctimas.
El segundo momento histórico de esta cruzada panista fue la negativa para despenalizar el aborto. La última discusión sobre este tema se llevó a cabo en el Congreso del Estado en mayo de 2020, cuando la mayoría panista impuso sus convicciones ideológicas sobre los derechos humanos de las mujeres.
En defensa de su postura, utilizaron lo que ellos mismos habían establecido en una reforma a la Constitución local, en donde definieron que el carácter de persona y de ser humano inicia desde su concepción. Según ellos, ese artículo justificaba criminalizar a las mujeres que interrumpieran su embarazo, argumento notoriamente falaz, pues independientemente de esa definición, la constitución local no autoriza el uso del derecho penal para castigar el aborto. De hecho, la constitución local no puede oponerse a los derechos humanos reconocidos en la Constitución general y en los tratados internacionales por una simple razón de jerarquía de normas, pues estos últimos constituyen el parámetro de regularidad constitucional conforme al cual debe analizarse la validez de las normas, incluidas las de carácter constitucional local.
En ese sentido, la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia en septiembre del año pasado, en donde resolvió la inconstitucionalidad de la criminalización absoluta del aborto, y en donde se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, también concluyó que los derechos constitucionales no pueden ser objeto de limitaciones desde las constituciones locales. No es de sorprender que el panismo reaccionara ante esa sentencia emitiendo un exhorto para pedirle a los ministros de la Suprema Corte que consideraran “el derecho a la vida como superlativo y de familia en un tema de trascendencia social”, así como al Poder Judicial para que respetara la autonomía de las entidades en la materia.
Lo cierto es que las constituciones locales no pueden excederse definiendo lo que no han hecho los tratados internacionales ni la Constitución general, esto es, considerar al producto de la gestación como una persona en sentido jurídico, es decir, sujeto de derechos, porque hacerlo impone restricciones a los derechos humanos que no están previstas en el parámetro de regularidad constitucional.
A pesar de que las razones expresadas en la sentencia de la Suprema Corte vinculan a todas las autoridades del país, Guanajuato sigue empecinado en imponer sus dogmas sobre los derechos humanos de las mujeres reconocidos por el máximo tribunal de Justicia en nuestro país, y por ello se insiste en seguir criminalizando el aborto y omitiendo adoptar las medidas para que las personas gestantes tengan acceso a la interrupción del embarazo en condiciones dignas, adecuadas e igualitarias.
Por su parte, el tercer y último episodio radica en la negación de los derechos humanos de las víctimas que el panismo ha mantenido en los últimos años. Guanajuato es una entidad que vive un tsunami de violencia desde hace varios años, por lo cual se ha convertido en una máquina de producción de víctimas al por mayor, entre las cuales se encuentran quienes han sido desaparecidos.
Este fenómeno, ha tenido como correlato la formación de decenas de colectivos de búsqueda que reúnen a más de 400 familias que están llevando a cabo esfuerzos inmensos para lograr justicia, reparación del daño y garantía de no repetición, mediante la defensa del derecho a ser buscado que tienen sus familiares desaparecidos. En este sentido, en múltiples ocasiones han denunciado y luchado en contra de una Fiscalía ineficaz, un Congreso cómplice y un Ejecutivo indolente.
Entre los múltiples episodios de negación de los derechos humanos de las víctimas, vale la pena mencionar el más reciente. Entre febrero y marzo de este año, luego de diversas resistencias del PAN, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estatal recibió a diversos colectivos de búsqueda de personas, quienes denunciaron de forma generalizada, aunque no exclusiva, la falta de presupuesto destinado en la entidad a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.
Para 2022 la Comisión de Víctimas cuenta con 29.1 millones de pesos presupuestados (de los cuales 10.2 millones se destinarán al fondo de víctimas), la Comisión de Búsqueda apenas alcanza 8.8 millones de pesos. En el caso de la Comisión de Víctimas, año con año se le presupuesta un recurso insuficiente, que incluso está por debajo de lo que marca la Ley General en la materia; sin embargo, cuando se han dado propuestas para incrementar los recursos, la respuesta del PAN es utilizar su abrumadora mayoría para rechazarlo sin que de por medio se encuentre argumento alguno.
Ejemplos sobran, sin embargo, uno de los más representativos es la negativa del PAN para exhortar al Gobernador Diego Sinhué a que dialogue con la Comisión de Víctimas y la Comisión de Búsqueda, con la finalidad de que se amplíen los presupuestos de ambas hasta el mínimo indispensable para que puedan operar de forma óptima. En ese momento, pese a la urgencia del tema, el PAN se limitó a señalar que no podían exhortar al Gobernador para que se sentara a analizar el tema, pues primero debían revisarse todos los factores para “no tomar acuerdos precipitados”. Adicionalmente, el panismo señaló que ya se les ha ampliado el recurso, y que no puede saberse si se será necesario incrementarlo más.
El problema de dichos argumentos, como suele suceder con muchos de los que pone sobre la mesa el partido dominante en Guanajuato, es que no encuentran sustento en la realidad. Originalmente, el Gobernador planteó financiar el fondo de víctimas con 6.2 millones de pesos; sin embargo, luego de las modificaciones que enorgullecen al panismo, llegó a 10.2 millones de pesos. La cuestión es que sucomposición está regulada por la Ley General de Víctimas, mediante una fórmula que supondría una cantidad de 12.7 millones de pesos para nuestra entidad: una cantidad mayor a la que terminó asignando el PAN. Por esto, no es de extrañarse que a los pocos días el titular de la Comisión de Víctimas pronosticara que para mediados de año los recursos del fondo para víctimas se agotarán.
Evidentemente, todo lo mencionado representa apenas algunos momentos históricos del PAN en Guanajuato contra los Derechos Humanos. Quedan muchos otros: la legislación discriminatoria en materia de matrimonio, el desconocimiento del derecho a la identidad de género, los derechos sociales o el derecho humano a la participación política, sobre todo por lo que hace a los mecanismos de democracia directa.
Usualmente, el imaginario político suele pensar los retos de los Derechos Humanos en términos de su tensión frente a la democracia. Sin embargo, en Guanajuato los retos de los Derechos no se materializan en términos de Democracia, pues aquí no se reconocen ni los Derechos Humanos ni la Democracia. En realidad, sólo tenemos una cruzada blanquiazul en contra de los Derechos Humanos, que le ha llevado a intentar argumentar (muy deficientemente) en contra de los mismos.