La Procuraduría General de la República (PGR) no ha informado sobre los avances de dichas denuncias, las acusaciones no tienen contempladas las últimas seis revisiones que la ASF dio a conocer en febrero.
Regeneración, 14 de marzo de 2018.- La Procuraduría General de la República (PGR) tiene detenidas 24 denuncias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó contra la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), algunas de las cuales fueron interpuestas desde al año 2015.
Las demandas derivaron de 11 auditorías, en las que se documentó un mecanismo de subcontratación y simulación reiterado, el cual fue utilizado para desviar recursos o para hacer mal uso de los mismos cuando Rosario Robles era titular de la Sedesol.
Las 24 denuncias se presentaron entre noviembre de 2015 y diciembre de 2017, luego de que se agotaran los plazos legales con los que la dependencia contaba para justificar las observaciones que el organismo fiscalizador realizó.
Éstas acusaciones no contemplan las últimas seis revisiones que la ASF dio a conocer el pasado mes de febrero, en las que se detectó un presunto desvío de recursos por dos mil 130.9 millones de pesos, también durante la gestión de Rosario Robles.
El diario Reforma detalló que a pesar de que las denuncias fueron interpuestas desde hace más de dos años, las más antiguas son de octubre del 2015 y hasta el momento la Procuraduría no ha informado si ya realizó alguna consignación por las mismas.
En las auditorías se determinó que la Sedesol contrató a universidades autónomas del Estado de México y de Morelos, que a su vez subcontrataron a proveedores para realizar los servicios que les fueron encargados.
Varios de éstos no se completaron, hubo pagos en exceso, se transfirieron recursos a empresas fantasma o las instituciones cobraron de manera ilegal una comisión por ejercer como intermediarias.
Como ejemplo se puede hacer referencia a la auditoría 269, en donde se revisó si realmente se había entregado medio millón de despensas a familias en pobreza en 400 municipios , pero estos recursos nunca les fueron entregados, lo que derivó una afectación al erario de 396.8 millones de pesos.