Masacre de dos niñas y familia en operativo de Marina en Tamaulipas, debe ser investigada por civiles, no por fuero militar, exigen
Regeneración, 28 de marzo del 2018. La Red por los Derechos de la Infancia exigió que la masacre de la familia masacrada en operativo de Marina en Tamaulipas, el 25 de marzo pasado sea investigada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), evitando que sea llevado a tribunales militares que suele garantizar impunidad a sus efectivos. Así mismo lamentaron las declaraciones de un personaje de la Marina quien revictimiza a las víctimas acusándoles de hacer negocio con las indemnizaciones.
“Recordamos al Gobernador de Tamaulipas su obligación legal al frente del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de proteger a las niñas víctimas, y no defender a los marinos”, señaló la Red por los Derechos de la Infancia.
Los defensores de los derechos de la infancia recuperaron el relato de la madrugada del 25 de marzo donde efectivos de la Secretaria de Marina la Armada de México (SEMAR) realizaron un operativo en contra de grupos criminales, desplegando varias unidades tácticas en tierra y un helicóptero desde el que presuntamente realizaron disparos a varios vehículos que circulaban por la carretera a Piedras Negras, Coahuila.
Señalaron que “en este operativo a cargo de la Marina fue atacada vehículo en el que viajaba una familia que transitaba de regreso a su casa en la colonia El Nuevo Progreso. En el automóvil viajaban la madre de las niñas, de 28 años, dos niñas de 6 y 4 años quieres fallecieron en el hecho; el padre de 25 años, se encuentra en estado de gravedad en espera de cirugía mayor; otras dos niñas quedaron con heridas graves: una adolescente de 12 años y otra niña de 8 años”.
Precisaron que “según la madre de la adolescente que sobrevivió, señala que su hija le comentó que “eran Marinos, era el helicóptero de la Marina, cuando ellos se bajaron traían los chalecos y decía Marina y luego llegó una camioneta blanca de los marinos, y dijo, esas camionetas blancas eran de la Marina”.
Añadieron que después de la masacre de esta familia la SEMAR emitió un comunicado sobre presuntos ataques de grupos criminales, mencionan la muerte de algunos agresores; y de forma ofensiva omite informar sobre la masacre de la familia.
“El lunes pasado un personaje autodenominado Juan Velázquez quien se ostentó como asesor legal de la SEMAR revictimizó a la familia asesinada y las niñas heridas de gravedad, asegurando que “para algunas organizaciones y algunas llamadas víctimas se ha vuelto un negocio por la indemnización”, además de negar que fueran proyectiles de la marina los responsables de la masacre de dos niñas y su familia” indicó dicho organismo.
“Expresamos nuestro enérgico rechazo a estas declaraciones absurdas, que sólo muestran el patrón de violación a los derechos humanos de las víctimas fatales actos de la Marina, el Ejército, la Policía Federal y las policías estatales quienes suelen alterar las escenas del crimen, responsabilizar a las víctimas y vincularles con grupos criminales como una forma de evitar la investigación de sus actos delictivos y el uso de recursos públicos en contra de las víctimas”.
Los defensores de los derechos de la infancia lamentaron que el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca “olvide su obligación de proteger a la dignidad de las niñas asesinadas y la atención urgente a las otras dos niñas heridas de gravedad”
Recordaron que el gobernador es precisamente “el Presidente del Sistema de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes de Tamaulipas está obligado por el Artículo 4o. Constitucional a trabajar por el Interés Superior de la Niñez y dar prioridad a las niñas que resultaron víctimas de este operativo de la Marina”.
En los últimos meses la #REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México, ha reiterado su preocupación por la creciente presencia de niños, niñas y jóvenes como víctimas de armas de fuego.
Y es que cada día en México son asesinados 3 niñas niños y adolescentes, y según datos presentados por la sociedad civil a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre 2006 y 2014, existieron cerca de 2,000 asesinatos de niños, niñas y adolescentes de los cuales la mitad sucedió en el curso de enfrentamientos que involucraron la participación de las fuerzas de seguridad, indicaron
En su comunicado puntualizan que “es obligación del Estado Mexicano atender las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU quién en 2011 y 2015 le urgieron a cambiar la estrategia de lucha contra el crimen organizado por el alto impacto negativo en la niñez mexicana”
Para la Red defensora de la infancia “las cifras lo confirman: a partir de la implementación de la actual estrategia de guerra contra las drogas impulsada por el ex-presidente Felipe Calderón 234,000 personas fueron asesinadas en la lucha contra el crimen organizado, más de 30,000 personas desaparecidas, de las cuales entre el 20% y 25% son niños, niñas y adolescentes”.
Este caso es una repetición de lo ocurrido el 3 de abril de 2010 en el que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dispararon armas de alto poder contra una familia resultando como víctimas fatales los niños Bryan y Martín Almanza y se hirió a sus padres; el Ejército no logró probar que este hecho fue causa de fuego cruzado. Sobra decir que el caso quedó impune porque se “investigó” en tribunales militares, apuntaron.
Por lo anterior la REDIM “exige que este caso sea atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realice una investigación detallada de esta masacre, evitando que sea llevado a tribunales militares que garantizan impunidad a sus efectivos”.
Además solicitaron al Presidente de la República y al Secretario de la de Secretaria de Marina la Armada de México ordenar las medidas de protección necesarias para ofrecer garantías de seguridad a la familia afectada por este hecho y las organizaciones que acompañan la defensa.
Por lo anterior exigieron una investigación profunda e imparcial sobre el asesinato de las niñas y su madre en los hechos antes señalados, deslindando responsabilidades de funcionarios implicados por omisión y/o violación de derechos, castigando a todos los responsables de los mismos y que todo se realice desde tribunales civiles.
Además presentaron la exigencia que “se indemnice a la familia y se brinden todos los servicios médicos disponibles y rehabilitación de calidad y de forma gratuita para las niñas sobrevivientes”.
Finalmente reiteraron su rechazo “a la Ley de Seguridad Interior (LSI) ya que, se ha demostrado cómo ha fallado la estrategia de lucha contra el crimen organizado que ha provocado el incremento explosivo de los indicadores de homicidios, desaparición y delitos del fuero federal”
Para el director de la Red de los Derechos de la Infancia, Juan Pérez García, sacar al ejército a las calles con la LSI para asumir tareas de seguridad pública en apoyo, y en la mayoría de los casos, sustituyendo a las autoridades civiles “ha contribuido a la fragilidad institucional del Estado mexicano”
Finalmente dicha Red de defensores señaló que este tipo de casos quedarán en impunidad con la Ley de Seguridad Interior y por ello indicó: “es urgente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN la declare inconstitucional”.