Hace dos años desde que el gobierno de Oaxaca pidió apoyo para replegar a maestros en Nochixtlán y hasta la fecha, no se castigan los abusos policiales.
Regeneración, 20 de junio de 2018.- Ocho personas muertas y más de 150 personas heridas por fuerzas federales, Policía Federal y Gendarmería, el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, permanecen impunes.
En aquel entonces, el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, pidió apoyo a las fuerzas federales ante el bloqueo que miembros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), activistas, organizadores sociales, pobladores mixtecos y otros civiles llevaban a cabo como parte de una manifestación.
La operación terminó con un muertos y heridos, y siguen sin ser esclarecida, por lo que nuevamente, a dos años de la tragedia, los afectados solicitaron que se castigue a los responsables.
En el mismo sentido, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, urgió al gobierno de Peña Nieto para aclarar los hechos.
“Las autoridades siguen sin aclarar lo ocurrido, por lo que aún está lejos de alcanzarse la verdad y la justicia que tanto las víctimas como la sociedad demandan”, dijo.
“Es indispensable para que el caso no quede en la impunidad”.
Ayer, miles de personas protestaron por la falta de respuestas. La marcha partió del paraje conocido como Campo de los Azulejos hacia el Monumento a los Caídos, a un costado del panteón de la localidad, donde fueron heridas varias personas aquel Día del Padre.
Desde la misa para recordar a quienes fallecieron, el sacerdote Miguel Concha, defensor de derechos humanos, demandó al Estado mexicano a decir la verdad sobre este ataque.
“El mundo debe saber lo que ocurrió en Nochixtlán’’, porque dos años después del intento de desalojo ‘‘las autoridades continúan ocultando la verdad’’, afirmó.
Recordemos que el 19 de junio de 2016, policías federales y estatales, junto con la Gendarmería, arribaron al poblado con la intención de liberar el bloqueo que profesores y pobladores mantenían en la carretera Oaxaca- México.
Habitantes de poblados cercanos acudieron en apoyo de los mentores. La trifulca duró alrededor de 10 horas, tiempo en el cual los gendarmes y policías federales y estatales dispararon contra los manifestantes con el argumento de que ellos habían abierto fuego primero, lo que, dos años después, no se ha podido comprobar.
Lo que sí se corroboró de inmediato fue que los ocho civiles muertos recibieron disparos de fusiles de asalto. Los pobladores usaron piedras, cohetones y bombas molotov, mientras los uniformados hacían uso de armas de fuego, gases lacrimógenos, escudos, toletes y piedras.