Morena presentó una iniciativa de Ley para eliminar el «fuero constitucional»; se mantiene la inmunidad
Se eliminaría fuero de Presidente, gobernadores, Suprema Corte, Congreso de la Unión y Congresos locales
Regeneración, 4 de agosto del 2018. El diputado de Morena, Pablo Gómez, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, una iniciativa para eliminar el “fuero constitucional”, que consiste en la inmunidad procesal penal, para los altos servidores públicos y mantener sólo la inmunidad.
El legislador de Morena, argumentó que por ser considerado el fuero, como un privilegio indebido, “es urgente ubicar a los titulares de los poderes públicos en situación de igualdad respecto del resto de los ciudadanos”, puntualizó.
Explicó que la inmunidad es un mecanismo para garantizar el funcionamiento de los poderes y que sus titulares no puedan ser arrestados por autoridades menores, con el fin de que permitir que la Presidencia de la República, los gobiernos estatales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso de la Unión y los congresos locales puedan funcionar con libertad.
Dijo que “sus integrantes deben estar a la disposición de la justicia cuando sean acusados de haber cometido algún delito. Todos, absolutamente todos, sin distinción alguna, incluyendo al Presidente de la República”.
De acuerdo con la “exposición de motivos” de la iniciativa, se pretende acabar con el fuero, pero no la inmunidad, debido a que ésta es una condición del funcionamiento normal y libre de los poderes públicos.
Se propone también que los servidores públicos que ahora están “aforados” sean sujetos de procedimiento penal en libertad, y cuando el juez dicte sentencia condenatoria, notifique a la Cámara de Diputados que el servidor público ha perdido su inmunidad y el cargo que desempeñó; según publicó Notimex.
“Ese procedimiento y sus consecuencias se aplicarían a las o los gobernadores de los estados; la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; diputados locales de los mismos y magistrados de los respectivos tribunales superiores de justicia, por la comisión de delitos federales, sin que sea necesario que los congresos de las entidades se pronuncien al respecto”.
En su documento, el legislador Pablo Gómez, destacó que dicho procedimiento también se aplicaría al Presidente de la República, con la salvedad de que una vez dictada la sentencia condenatoria, el asunto pasaría a la Cámara de Diputados y el Senado para que decidan retirarle la inmunidad y cesar sus funciones.
“Esta propuesta, que contiene una diferencia respecto del resto de los funcionarios, se debe a que es necesario cerrar el camino para impedir un golpe de Estado, que en esta hipótesis sería de origen judicial. En síntesis, el Presidente de la República podría ser juzgado en un tribunal ordinario y sólo en el caso de que fuera”, añadió.
Crónica parlamentaria
El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) presentó ante el Pleno una iniciativa para eliminar la figura del “fuero constitucional” de los servidores públicos y establecer en su lugar la de “inmunidad constitucional”, que abriría la posibilidad de sujetar a proceso penal a los altos funcionarios, incluido el Presidente de la República.
El documento modifica los artículos 38, 61, 74, 108, 11 y 112 de la Constitución Política y fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
En su exposición de motivos, explica que la inmunidad “consiste en proteger la realización normal de las funciones de esos altos funcionarios sin que puedan ser detenidos o limitados en su libertad cuando se presente una acusación penal en su contra y hasta el momento en que sean objeto de una sentencia judicial condenatoria”.
Apunta que, en el caso del fuero, no es posible proceder a ejercer acción penal sin que el funcionario sea antes desaforado.
Gómez Álvarez indica que el servidor púbico que cuente con inmunidad constitucional y sea acusado de algún delito podrá enfrenar su juico en libertad, pues “las medidas cautelares no pueden consistir en privación, restricción o limitación de libertad”.
La propuesta señala que “cuando el juez de la causa dicta sentencia condenatoria de primer instancia, el mismo juez comunica a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad del sentenciado, a partir de lo cual éste cesa en sus funciones y queda a disposición de la autoridad correspondiente”.
En el caso del Presidente de la República, se aplica la misma norma y procedimiento, “pero para el retiro de dicha inmunidad y el cese de sus funciones se requiere la aprobación, primero, de la mayoría absoluta de presentes de la Cámara de Diputados y, después, de dos tercios de presentes en el Senado”.
La inmunidad constitucional corresponderá sólo a los funcionarios que se encuentren en ejercicio de su cargo, por lo cual los representantes populares con licencia no serían sujetos de la misma. Fuente: Notilegis.