Pese a que desde abril de 2014, un juez federal ordenó la liberación de Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, continúa presa en el penal de Nayarit. El gobernador anunció que desistirá de los cargos, pero aun no lo ha hecho. Aunque se espera su pronta liberación, Nestora aun es presa política
Regeneración, 9 de enero de 2015. El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, anunció que solicitó al fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal a favor de Nestora Salgado García, coordinadora regional de la Policía Comunitaria de Olinalá, presa desde agosto del 2013 en el penal de Tepic, Nayarit, acusada de secuestro por una acción en el desempeño de su cargo, reconocido por el gobierno estatal.
Ortega Martínez solicitó al nuevo fiscal que en el ámbito de sus atribuciones “considere proceder en los términos legales conducentes al desistimiento de la acción penal a favor de Nestora Salgado García, quien se encuentra procesada por diversos delitos”. Los delitos los enfrenta ante el Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Morelos, Causa Penal 5/20145/2014-I; el Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Morelos, Causas Penales 196/2013-I, 48/2014-II y 50/2014-II, y el Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial de Tabares, Causa Penal 191/2013-I.
Nestora Salgado fue detenida el 21 de agosto del 2013 por soldados del Ejército y de la Marina y trasladada de inmediato al penal federal de Tepic, donde continúa presa y en condiciones de aislamiento de su familia y de sus abogados. Su traslado a Nayarit respondió a una petición del almirante Sergio Javier Lara Montellanos, entonces secretario de Seguridad Pública del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, mediante el Convenio de Reclusión de Procesados y Sentenciados del Fuero Federal e Internos del Fuero Común que Requieran Medidas Especiales de Seguridad o Vigilancia con el pretexto de “reducir el riesgo de confrontación en el estado”.
La mujer que encabezó la organización de una policía comunitaria para defender a la población de los atropellos de la delincuencia organizada fue acusada ella misma de delincuencia organizada en modalidad de secuestro, delito del orden federal, por el que se le dictó auto de formal prisión, sin embargo éste fue revocado en abril del 2014 por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Chilpancingo.
El tribunal tomó en consideración que Salgado García estaba en el ejercicio de sus funciones como autoridad comunitaria cuando retuvo a presuntos delincuentes, y que la autoridad federal ejemplificó con casos como Cherán, Michoacán, donde con base en una consulta del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la población decidió regirse por su propio sistema de usos y costumbres.
La instancia enfatizó que se debe hacer hincapié en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También tomó en cuenta la información de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) como institución de seguridad y justicia, la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena de Guerrero, el artículo segundo de la Constitución mexicana, y los criterios sobre derecho al autogobierno que estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que los pueblos puedan elegir a sus autoridades por usos y costumbres.
Nestora Salgado no ha recuperado su libertad porque pesan en su contra delitos del fuero común, en este caso secuestro en contra del síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, y otras personas, a quienes la Policía Comunitaria detuvo por abigeato.
Se entiende que ahora, con el desistimiento de la acción penal por parte del gobierno del estado, pronto recuperará su libertad.
Un ejemplo de lucha
Nestora Salgado creció en el pueblo Olinalá en Guerrero. En 1991 migró a Estados Unidos, a la edad de 20 años y trabajaba de sirvienta, niñera y mesera. En los últimos cuatro años hizo varios viajes para llevar ropa y provisiones a los residentes de su pueblo natal.
Durante sus viajes a México, Salgado fue testigo de la pobreza, los crímenes violentos y la corrupción política. Esto la animó a hacerse activista comunitaria por los derechos humanos y se involucró en la policía comunitaria que surgió desde 1995. La ley de Guerrero 701 y el artículo 2 de la Constitución mexicana garantizan el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno y la autodefensa, el cual incluye la formación de fuerzas policiacas.
Durante su trabajo en la fuerza policiaca comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado participó en las patrullas para defender a los residentes del crimen organizado, sobre todo contra la banda de Los Rojos que había estado aterrorizando a la comunidad y actuando con impunidad debido a la complicidad de los funcionarios locales, incluyendo al alcalde.
El incentivo para formar dicha fuerza comunitaria fue el asesinato de un taxista local que se rehusó a pagar el dinero para contar con la protección de Los Rojos. Salgado dirigió una manifestación de los residentes del pueblo para expulsar del pueblo a la pandilla y estableció retenes para impedir que regresaran. Entonces, Nestora Salgado fue elegida comandante o coordinadora y trabajó duro en favor de las mujeres indígenas y para empoderarlas para oponerse a la violencia doméstica y al abuso infantil.
Inicialmente, Salgado pudo recibir el apoyo del ex gobernador Ángel Aguirre, quien prometió por escrito que proporcionaría uniformes y armas cortas a la fuerza comunitaria, entrenamiento y otras formas de apoyo. El impacto de la policía comunitaria, la cual operaba con base en medios tradicionales de responsabilidad y control social, fue importante: disminuyó 90% la tasa de criminalidad y no hubo homicidios durante los 10 meses que estuvo operando. Después de que el Gobernador eliminó la policía comunitaria, el crimen y los asesinatos volvieron, a pesar de la presencia de más de mil marinos y soldados así como de la policía estatal y federal. Las fuerzas gubernamentales acosan a organizadores comunitarios y algunas veces los amenazan de muerte a la vez que protegen la actividad criminal.
La detención de Nestora Salgado, el 21 de agosto de 2013, se debito al arresto de varias adolescentes por vender drogas y del alguacil local, Armando Patrón Jiménez, por alterar las pruebas de la escena de un crimen en la cual hubo dos asesinatos donde él intentó huir con una vaca que era propiedad del finado. A ella la acusaron falsamente de secuestrar tanto a las chicas como al alguacil.
En una reunión entre el alcalde y Salgado cinco días antes de su arresto, ella se rehusó a permitir que el alguacil, un secuaz político del alcalde, saliera libre sin juicio en el tribunal popular. Unos días más tarde, la transportaron en un avión privado a una cárcel de máxima seguridad en Nayarit a 500 kilómetros de Olinalá. Parece que el arresto se hizo como represalia por un comunicado de prensa que Salgado publicó, el cual describía la implicación del alcalde y de otras personalidades del Gobierno en el tráfico de drogas.
La persecución de líderes indígenas como Salgado y la supresión de fuerzas policiales comunitarias autónomas tiene otro propósito más amplio: el silenciar a la oposición de las comunidades indígenas contra las compañías mineras extranjeras que gozan de grandes contratos para extraer riqueza mineral de las montañas de Guerrero. Persecución política y maltrato en la cárcel. Salgado fue detenida sin ninguna orden de arresto por soldados federales en un retén mientras conducía a casa. Los marinos la habían estado asediando con amenazas de muerte durante varios días antes de su arresto. Desde el día posterior a su arresto, Nestora Salgado ha estado encarcelada en el centro de detención de máxima seguridad El Rincón en Tepic, Nayarit, a varios días de viaje de Olinalá. No hay justificación para la afirmación del Gobierno de que son necesarias medidas tan extremas porque Salgado – abuela y ciudadana respetada sin antecedentes penales – es un peligro a la sociedad. Además, el rapto no es un crimen federal en México y los acusados normalmente van a cárceles locales.
El aislar a Salgado de sus simpatizantes y su familia transportándola tan lejos, sin justificación legal, es una prueba de que es prisionera política. Las amenazas de muerte y las represalias han mermado los esfuerzos para organizar apoyo en Olinalá para la liberación de Salgado y la reestructuración de la policía comunitaria. A los defensores de Salgado se les ha negado la asistencia pública, necesaria especialmente después de una severa tormenta a mediados de octubre.
Durante semanas, se mantuvo incomunicada a Salgado. No se le permitía ver a su abogado ni a sus familiares, quienes habían viajado largas distancias para llegar a la penitenciaría. Sólo le permitieron hablar con un abogado después de que había pasado la fecha límite para la petición de liberación durante la espera del juicio. Sólo una de sus hijas y una hermana han podido visitarla. Esta persecución fue causada por cumplir con sus responsabilidades legales como coordinadora de la fuerza policiaca comunitaria.
Hace varios años, Salgado sufrió lesiones en un accidente automovilístico que la dejó temporalmente paralizada del cuello hacia abajo. Con mucha terapia física pudo recuperar el 90% de sus funciones pero aún no puede trabajar. Para controlar la severa neuropatía de sus manos y pies, tiene que tomar analgésicos y hacer ejercicio con frecuencia. En la cárcel se la han denegado ambos, lo cual ha hecho empeorar su condición física y mental. Ahora la están amenazando con el confinamiento solitario.
El asesinato reciente de otra fuerte mujer activista de Guerrero, Rocío Mesino Mesino, es un recordatorio de que la vida de Salgado está en peligro si no hay escrutinio público y un fuerte apoyo de México y los Estados Unidos.