De acuerdo con el Sargento Cruz, se repartieron listas con nombres y retratos de decenas de activistas sociales y ambientales a dos unidades élites que tenían la orden de eliminar cada blanco.
Regeneración, 6 de julio de 2016.- El nombre de Berta Cáceres, la activista ambiental hondureña asesinada el pasado mes de marzo, apareció en una lista negra distribuida a las fuerzas especiales militares hondureñas entrenadas por fuerzas estadounidenses meses antes de su muerte, según información proporcionada por un ex soldado.
De acuerdo con lo expuesto por el Sargento Primero Rodrigo Cruz, quien pidió ser mencionado bajo un pseudónimo por temor a represalias, dijo que se repartieron listas con nombres y retratos de decenas de activistas sociales y ambientales a dos unidades élites que tenían la orden de eliminar cada blanco.
Cruz, mencionó que su comandante, quien tenía alrededor de 24 años, abandonó su puesto al no poder cumplir la orden y huyó a un país colindante. Cruz, realizó lo mismo que el comandante y aseguró que otros miembros de la unidad desaparecieron y se teme que estén muertos.
“Si voy a mi casa, me matarían. Diez de mis antiguos camaradas están desparecidos. Estoy 100% seguro Berta Cáceres fue asesinada por el ejército,” dijo Cruz a The Guardian.
Cáceres, líder del pueblo lenca, ganadora del premio Goldman Environmental Prize en 2015, luchó contra la instalación de la presa hidroeléctrica de Agua Zarca y fue asesinada en su casa en marzo de este año. Antes de su muerte, Berta denunció amenazas contra su persona, familiares e integrantes de su misma resistencia y advirtió a los delegados internacionales de derechos humanos que su nombre se encontraba en una lista negra.
De acuerdo con Cruz, el nombre de Cáceres apareció en una lista dada a una unidad de policía militar en la Fuerza Interinstitucional de Seguridad (Fusina), que el verano pasado recibió entrenamiento de 300 marines y agentes del FBI.
Al momento, cinco hombres están detenidos por su asesinato, entre ellos el mayor Mariano Díaz Chávez, miembro activo del ejército de Honduras. Él participó en operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos, Honduras e Irak y es graduado del curso de élite de operaciones militares que se imparte por las fuerzas especiales de los Estado Unidos.
Annie Bird, directora del grupo Derechos y Ecología que documenta abusos de derechos humanos en Honduras, dijo: “el testimonio de Cruz sugiere que escuadrones de la muerte están apuntando a la oposición política, pero el sistema jurídico está tan torcido y controlado directamente por las figuras implicadas en dicha corrupción, que no hay nadie [en Honduras] que puede investigar con credibilidad”.
The Guardian entrevistó a Cruz en varias ocasiones, por teléfono y video llamado y habló con académicos, líderes comunitarios y activistas que han confirmado su identidad y antecedentes militares.
Cruz se alistó en el ejército en diciembre de 2014, y después de tres meses de entrenamiento básico, se transfirió al 7º Batallón de la policía militar, que fue creada en 2013 para sustituir a una fuerza de policía civil inmersa entre acusaciones de corrupción y abuso.
Completó dos extenuantes entrenamientos de campo especializados, incluyendo el curso Tesón, donde recibió instrucción de asesores militares extranjeros, entre ellos estadounidenses, colombianos e instructores que hablaban un idioma extranjero, que Cruz no pudo identificar. El año pasado, el curso Tesón se convirtió en el objeto de una intensa controversia cuando surgieron imágenes que muestran a un aprendiz siendo obligado a comer la cabeza de un perro.
A mediados de diciembre, el comandante de Cruz reunió a sus subordinados después de un partido de fútbol en un martes por la noche y les mostró varias hojas de papel con los nombres, fotografías, direcciones y números de teléfono de cada objetivo. Una de esas listas fue asignada a su unidad; la otra, a una unidad similar en Fusina.
“El teniente dijo que no estaba dispuesto a seguir adelante porque los objetivos eran gente decente, que lucha por sus comunidades. Dijo que la orden vino de sus superiores [y] que estaba bajo presión del comandante de Xatruch para cumplir con ellas”, dijo Cruz.
Unos días más tarde, el teniente salió de la base y no ha sido visto desde entonces.
Entre los nombres que figuran en la lista negra que vio Cruz figuraba el de Juan Galindo, un activista que había huido de la región después de recibir amenazas, pero que fue asesinado en noviembre de 2014 cuando regresó a su casa desde el exilio para visitar a su madre enferma.
Cruz también reconoció a Johnny Rivas y Vitalino Álvarez, miembros con alto perfil en el Movimiento Campesino Unificado (Muca). Ambas personas estaban entre los 123 activistas del Bajo Aguán, identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2014 para recibir urgentes medidas de cautelares.
Álvarez, de 52 años, quien ha sobrevivido a cuatro intentos de asesinato desde 2010, dijo: “Hay una estrategia sistemática para eliminar a los líderes sociales más beligerantes. Desde que mataron a Berta, los rumores son ahora que soy el que sigue en esa lista”.
Grupos de derechos humanos han condenado el apoyo estadounidense a las fuerzas de seguridad de Honduras en medio de las crecientes pruebas que implican a la policía y militares en esos abusos sistemáticos. En abril, los activistas advirtieron al Congreso que escuadrones de la muerte van tras activistas, al igual que lo hicieron durante la “guerra sucia” en la década de 1980.
La hija de Cáceres, Bertita Zúñiga, dijo que el testimonio de Cruz reforzó las llamadas de la familia para conseguir una investigación internacional independiente que ayude a encontrar a los autores intelectuales del crimen.
«Esto nos muestra que escuadrones de la muerte están operando en las fuerzas armadas, que están siendo utilizados para deshacerse quienes se oponen a los planes del gobierno. Nos muestra que las violaciones a los derechos humanos son una política de Estado en Honduras».
Con información del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).