Si las iglesias no quieren el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo único que tienen que hacer es negarse a realizarlo en sus templos. Están en su derecho, pero no pueden obligar a un juez civil a que no lo haga si la ley dice que puede hacerlo. Lo mismo sobre el aborto: nadie está obligado a practicarlo en contra de sus convicciones, pero si tanto la mujer embarazada como un médico están de acuerdo, y la ley lo permite, ¿cuál es el problema? ¿O acaso los representantes de creencias religiosas piensan que tanto las mujeres como los médicos que aceptan el aborto deben someterse a dichas creencias? No todo mundo es creyente ni necesariamente se inscribe como practicante de una religión, y aun entre muchas mujeres con una determinada religión (como el grupo Católicas por el Derecho a Decidir) las hay que anteponen su conveniencia y su libertad de interrumpir el embarazo a sus creencias religiosas o a lo que les dice un sacerdote.
Cada quien tiene derecho a creer lo que le da la gana o no, pero es signo de civilización respetar a quienes no piensan igual que uno. Con la fe y el dogma no se discute, se aceptan o no, y en esto consiste el libre albedrío. Yo no trato de convencer a nadie de que Dios no existe, pero tengo derecho a decirlo. Los que se aferran a la idea de Dios, como creador y otros atributos, también están en su derecho, pero que no traten de convencerme porque me niego a escucharlos. Este también es otro de mis derechos, como cambiar de canal en la televisión si no me gusta lo que estoy viendo. Malo que sólo hubiera un canal de televisión, como igual de malo, o peor, sería que el Estado y los gobernantes me impusieran una creencia y el pensamiento único de cualquiera que fuera su especie.
Qué bueno que los que están por la familia que ellos llaman natural
se manifiesten en las calles, es mejor que provocar otra guerra cristera como en el pasado, que fue muy sangrienta. Están ejerciendo un derecho, pero por lo menos en un ejemplo, el estado de Morelos, el obispo y los religiosos católicos y de otras iglesias que consideren que el matrimonio sólo es válido y legal entre un hombre y una mujer, estarían oponiéndose a la Constitución Política de la entidad, que en su artículo 120 señala: el matrimonio es la unión voluntaria de dos personas, con igualdad de derechos y obligaciones, con el propósito de desarrollar una comunidad de vida y ayudarse mutuamente. La celebración, registro y certificación de los hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos del estado civil de las personas son de exclusiva competencia del Registro Civil en los términos que establezcan las leyes de la materia, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan.
Antes de la reforma de este artículo se decía que el matrimonio era la unión voluntaria de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos y obligaciones, con la posibilidad de procreación de hijos y de ayudarse mutuamente.
Es así que en Morelos algunos ministros de culto religioso se oponen a su Constitución Política, lo cual merece sanción por parte del gobierno, tanto estatal como federal, en relación con las asociaciones religiosas y sus límites de acción en política (consignados en la ley respectiva). El matrimonio religioso, dicho sea de paso, no tiene validez jurídica alguna en México.
Que no digan los ministros de diversas iglesias (sobre todo de la católica) que ellos no tuvieron nada que ver con las marchas organizadas por el Frente Nacional por la Familia (10 de septiembre), porque desde las parroquias e incluso en la Conferencia del Episcopado Mexicano, máxima autoridad de la congregación católica en el país, se afirmó que se respaldaban las protestas y en varias entidades hubo sacerdotes católicos entre los manifestantes, e incluso obispos.
Los ministros religiosos de Morelos, para seguir con el ejemplo citado, violaron la Constitución al oponerse activamente a una ley vigente, pero en otras entidades están presionando para que la iniciativa en favor de los matrimonios igualitarios no sea aprobada. Si de ellos dependiera, los homosexuales (hombres y mujeres) no deberían tener los mismos derechos que los heterosexuales para una vida en común. Pensaron que iban a ser muchos los defensores de las familias llamadas tradicionales (¿tradicionales desde cuándo y a partir de la imposición de qué religión?), pero aun con las cuentas más alegres del frente convocante (que exageró sus cifras) no lograron llegar siquiera a uno por ciento de la población del país ni involucrar a todas las entidades federativas (con trabajos a la mitad).
Está en manos del Poder Legislativo que México dé un paso adelante en el tema de derechos humanos relacionados con la discriminación y la intolerancia que no deberían existir, o que nos quedemos estancados en el pasado y en peligro de perder una de las grandes conquistas de los estados modernos: su laicidad.