Por Luis Miguel González
(19 Febrero, 2014) En México, las mineras canadienses se encuentra con una política pública donde la necesidad de atraer inversión extranjera minimiza todo lo demás.
En Canadá las mineras son ciudadanos corporativos casi ejemplares. En México son los villanos de muchas películas. Las empresas canadienses son titulares de 30% del total de las concesiones mineras. Son propietarias de siete de las 10 mayores minas de oro y grandes beneficiarios de las lagunas de nuestra legislación para la industria extractiva: pagan pocos impuestos, contaminan el suelo, el aire y el agua de un modo que no lo harían en su país y pagan sueldos que tasan a los mineros mexicanos ocho veces más baratos que sus contrapartes canadienses.
Es difícil entender por qué hacemos tanto ruido con el tema de las visas a turistas, cuando el gran asunto no resuelto de las relaciones México-Canadá es el comportamiento de las mineras canadienses en México. Las visas impuestas en 2009 han provocado protestas diplomáticas, pronunciamientos del Congreso y rasgamiento de vestiduras. El comportamiento de las mineras no llega a ser un tema del diálogo bilateral en el más alto nivel. Sus abusos son tan indignantes como los abusos contra los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero no se aborda frontalmente en las Cumbres. Es un asunto de ONG’s.
En Canadá una minera está obligada a pagar un impuesto sobre la renta provincial de 10% y uno federal de 15%; también debe pagar 2% de su ingreso operativo, más 13% de su ingreso neto acumulado adicional. Además de los permisos municipales, debe cumplir un compromiso de Minería Sustentable que las obliga a aplicar programas de protección ambiental, promover el desarrollo comunitario y la inclusión laboral de los indígenas.
En México, las mineras canadienses encuentra una política pública donde la necesidad de atraer inversión extranjera minimiza lo demás, incluyendo estudios oficiales. “México se ha convertido en un paraíso fiscal para las mineras canadienses… que asumen conductas ejemplares en su país y son corruptas cuando invierten en México… no tienen restricciones laborales ni ambientales…”, dice un informe difundido en el 2013 por una oficina de la Segob, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM). Hay 26 conflictos sociales activos derivados de abusos en la explotación minera en México. De ellos, 15 tienen como protagonistas a mineras canadienses. El estudio de la CDPIM abunda en la descripción de las ventajas para las mineras canadienses en México. First Majestic Silver Corp tiene la concesión de la mina de plata La Encantada en Coahuila, que generó utilidades en 2012 de 1,464 millones de pesos. Pagó al erario 68 mil pesos por la concesión de las 4 mil hectáreas de la mina, 0.004% de sus utilidades.
Fortuna Silver Mine tiene una concesión de 30,000 hectáreas en San José, Oaxaca. Con nueve años de operación obtuvo utilidades brutas de 2,124 millones de pesos en 2012. Su contribución al erario por la concesión fueron 4.2 millones de pesos. Timmins Gold Corp tiene la concesión de 70,000 hectáreas de una mina de oro en Sonora. Allí obtuvo utilidades por 2,061 millones de pesos. Pagó por su título de concesión 809,000 pesos, 0.03% de las utilidades.
Allá trabajan como empresas del siglo XXI reguladas por autoridades de un país desarrollado. Acá se desempeñan como si México siguiera siendo la Nueva España. ¿Por qué protestamos por las visas y nos quedamos tan callados con la bipolaridad de las mineras?