Desde enero, un reportaje en Proceso, alertó sobre la privatización del agua con la Ley General de Aguas.
Regeneración, 19 de junio de 2018.– La privatización del agua es un problema inminente desde hace años, pero específicamente en enero de 2018, se alertó por un posible madruguete para la aprobación de la Ley General de Aguas.
Según Jesusa Cervantes de Proceso, la Cámara de Diputados aceleró los trámites para que al final de la legislatura se pudiera aprobar la Ley General de Aguas que permitiría la privatización del agua y su uso para actividades como el fracking, método extractivo que contamina el agua.
Peña Nieto aprobó la privatización del 55% del agua superficial
“Enrique Peña Nieto y el PRI pretenden dar un albazo en la Cámara de Diputados y aprobar, antes de que concluya la actual Legislatura, la nueva Ley General de Aguas, señalan especialistas. Cerrar el círculo, dicen, y aplicar al cien por ciento la reforma energética con la inclusión del fracking, aun a costa de la contaminación de los mantos freáticos y el encarecimiento del líquido”, escribió en enero.
Y al final no fue la ley del agua, sino diez decretos presidenciales que permiten el uso de 55% del agua superficial de México, para petroleras, refresqueras, mineras y cerveceras; y por más que Conagua afirme que no se otorgan beneficios a ningún particular, se busca preservar el medio ambiente, expertos y académicos en el tema, aseguran que sí se favorecerá a empresas.
“Los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana consultados por SinEmbargo coincidieron en que el sistema de vedas es un importante mecanismo de protección para las cuencas y al ser levantadas se vulnera al vital líquido a la privatización a través de las concesiones. Además, afirmaron, no se toma en cuenta el derecho humano al agua, establecido en el Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es una grave violación contra la Carta Magna, que tiene un fuerte tufo al despojo”, reportó Sin Embargo.
Es decir, los diez decretos (es importante recalcar que se trata de decretos, es decir que el presidente, por su cuenta y sin consultar al poder legislativo, aprobó la utilización del agua), cumplen a cabalidad las intenciones que la administración de Peña Nieto tenía con la Ley de Aguas y con la Reforma energética.
“En esa ley se apunta a la privatización del agua, la entrega de concesiones a perpetuidad y el aumento de tarifas para uso doméstico, en las cuales se incluirán los costos, la inflación y la utilidad del organismo operador, que puede ser una empresa, el municipio o una asociación de ambos, según el análisis que hizo la Coordinadora Nacional Agua para Todos”, indicó Jesusa Cervantes en enero.
Con la difusión de la noticia de la privatización del agua, expertos auguran que el líquido se encarecerá debido a la “reserva” que pretende hacer el gobierno federal.
Vía Proceso