Andrés Manuel, dirigente de Morena, denunció a la «mafia en el poder» por todas la violencia y crisis que hay en el país.
Regeneración, 11 de noviembre de 2014.– López Obrador expresó que se requiere de un verdadero cambio y llamó al régimen a rectificar y aceptar que la pobreza y la falta de empleo y bienestar originaron el estallido de odio y resentimiento y «no están haciendo nada para rectificar ni para impedir que siga extendiéndose el caos».
Señaló que no queda otra salida más que la renuncia inmediata de Enrique Peña Nieto, de la presidencia de la república y convocar a nuevas elecciones.
Lee aquí la carta completa:
Un antes y un después de Ayotzinapa
El 29 de octubre, por este medio, me dirigí a Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, anunciando que le enviaría un escrito denuncia contra la mafia del poder.
Le recordé que permanecía archivada una denuncia que interpuse el 15 de junio de 2009 en contra de un grupo de esa misma asociación delictuosa, así como otra del 5 de febrero de este año, en contra de Enrique Peña Nieto por el delito de traición a la patria, y que esperaba no corriera la misma suerte la nueva demanda de justicia.
A más tardar el lunes, mi representante legal entregará, cumpliendo con todos los requisitos, el texto siguiente:
Jesús Murillo Karam
Procurador General de la República
P r e s e n t e
Comparezco de nueva cuenta ante la Procuraduría General de la República para denunciar a la mafia del poder que opera en México y que causa la ruina del país y el empobrecimiento, la frustración, el sufrimiento y la muerte de los mexicanos.
Reitero que esta mafia es un grupo formado por individuos que, haciéndose llamar autoridades, representantes populares, jueces, políticos, comunicadores y hombres de negocios, han tomado y mantenido, de manera ilegal e ilegítima, el poder público para apropiarse de bienes de la sociedad y de la nación.
I. Los orígenes de la mafia
Esta asociación delictuosa surge a partir de la decisión de Carlos Salinas (1988-1994) de entregar bancos y empresas públicas a sus allegados.
El “Grupo Compacto” que se conformó en ese sexenio siguió operando y extendió sus relaciones de complicidad durante los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
En 2006 esta camarilla se confabuló para imponer a este último en la presidencia de la república mediante la ejecución de un descarado fraude electoral.
De Salinas a Calderón este grupo no solo continuó acumulando riqueza, sino que fue concentrando mayor poder político, hasta que llegó a situarse por encima de las instituciones.
En los hechos ellos mandan y deciden sobre cuestiones fundamentales en la Cámara de Diputados y en el Senado, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Instituto y en el Tribunal Electoral, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y en los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. Además, poseen y controlan a la mayoría de los medios de comunicación.
En suma: en México existe una república aparente, simulada, falsa; hay poderes constitucionales pero en realidad un grupo de delincuentes de cuello blanco ha confiscado todos los poderes; el económico, el político y el mediático. Las instituciones formalmente públicas han sido privatizadas y puestas al servicio de intereses particulares.
II. La forma de operar de esta mafia
Durante este periodo ha predominado el bandidaje oficial; la misión principal de los gobernantes ha consistido en concesionar a empresas privadas, nacionales y extranjeras, los recursos naturales de nuestro territorio, transferir empresas y bienes públicos a particulares nacionales y extranjeros y concentrar en unas cuantas manos la riqueza de la sociedad. En otras palabras, se ha implantado como modus operandi el robo de las riquezas del pueblo y de la nación.
Esta mafia domina el sistema político en su conjunto y mantiene secuestradas a las instituciones para su exclusivo beneficio. El Estado ha sido tomado y convertido en un mero comité al servicio de una minoría rapaz. Y como decía León Tolstoi. “un Estado que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores”.
III. Las consecuencias del pillaje
Como es evidente, a los amos de México, ocupados en saquear, lo que menos les ha importado es el destino del país. Desde 1983, en sentido estricto, no se han trazado planes de desarrollo apegados a la realidad y al interés nacional. Todo ha quedado supeditado a recetas impuestas por los organismos financieros internacionales y a las llamadas “reformas estructurales” que, en esencia, significan privatización, beneficios para una élite, pérdida de soberanía nacional y graves retrocesos en el bienestar y los derechos sociales.
La política aplicada en los últimos 31 años –que no considera, entre otros factores, ni la distribución del ingreso ni el bienestar– ha resultado ineficaz hasta en términos cuantitativos. De 1983 a la fecha, el crecimiento del Producto Interno Bruto ha sido en promedio de 2.1 por ciento y, si consideramos que la población ha aumentado 2.2 por ciento anual en este periodo, el ingreso per cápita por año se ha reducido 0.1 por ciento, uno de los indicadores más deplorables del continente americano y del mundo.
Asimismo, los gobiernos neoliberales dejaron sin apoyo al sector agropecuario, a la industria y al resto de las actividades productivas. La poca creación de empleos y el abandono del campo y de las actividades productivas provocaron el aumento de los flujos migratorios a Estados Unidos, y México se convirtió en el país latinoamericano que más mano de obra exporta al extranjero.
El fracaso de la economía de élite se refleja en altas tasas de desempleo y en el acelerado crecimiento del sector informal de la economía, el cual refleja la desesperación de la gente ante la falta de empleos formales y su necesidad de sobrevivir de cualquier manera.
Un dato: en 1984, había 52.6 millones de pobres, el 68.7 por ciento de la población; para 2012, el número de pobres pasó a 88.1 millones, el 75.1 por ciento de la población. (Cálculos de Julio Boltvinik y Araceli Damián con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, INEGI).
Duele decir que de 2007 a la fecha, por la llamada “guerra contra el narcotráfico”, han perdido la vida alrededor de 60 mil mexicanos y han desaparecido más de 40 mil personas, muchos de ellos inocentes, en su mayoría jóvenes, y en no pocos casos, individuos que no encontraron una manera legal de vivir y fueron obligados por las circunstancias económicas a tomar el camino de las conductas antisociales.
En pocas palabras, la violencia en México se ha originado, en buena medida, por la falta de empleo, por el empobrecimiento del pueblo y porque se le ha cancelado el futuro a los jóvenes que no tienen posibilidad de trabajo ni de estudio.
IIII. La imposición de Peña en la Presidencia
En el año 2012, a sabiendas de todo el desastre que habían provocado, los integrantes de la mafia del poder se opusieron con trampas, dinero y manipulación, al cambio de régimen y de política económica. Con premeditación, alevosía y ventaja, impusieron a Enrique Peña Nieto como presidente de México.
Para ello se valieron de sus medios de información y con mucha publicidad convirtieron en figura nacional al mediocre gobernador del Estado de México. Es de dominio público que a Peña lo fabricaron los medios de comunicación y fue tan notoria esta maniobra que hace poco se exhibió una película, La dictadura perfecta, que aborda el tema de cómo los dueños de Televisa impusieron al presidente.
Pero la propaganda no les funcionó como lo tenían previsto. En la campaña electoral las cosas empezaron a cambiar porque Peña cometió varios y garrafales errores, ampliamente difundidos en las redes sociales; por ejemplo, se puso al descubierto que el hábito de la lectura le es ajeno, que asume hasta con orgullo su responsabilidad en los excesos represivos cometidos en Atenco en mayo de 2006 y que no tiene idea de los precios de los productos básicos.
El 11 de mayo de 2012 Peña asistió a la universidad Iberoamericana. Los estudiantes lo encararon y su torpe y autoritaria respuesta, secundada por los políticos que lo rodean, así́ como la distorsión de los hechos en los medios de comunicación, en particular de Televisa, dio lugar al movimiento#YoSoy132.
A partir de entonces, esta expresión estudiantil, que enarboló la doble demanda de derecho a la información y de no permitir la imposición de Peña Nieto, empezó a despertar a otros jóvenes en el país y a sacudir las conciencias de los ciudadanos, sobre todo de las clases medias de México.
Después de este acontecimiento cundió y creció el rechazo hacia Peña Nieto y se precipitó su desplome en las preferencias electorales. El jueves 31 de mayo el periódico Reforma dio a conocer una encuesta en la cual la diferencia entre las candidaturas de Enrique Peña Nieto y la mía era de apenas 4 puntos. Días después, del 31 de mayo al 4 de junio, nuestro equipo técnico levantó otra y el resultado ya nos daba 2 puntos de ventaja.
Sin embargo, la mafia apostó al fraude y su principal herramienta para ello fue el uso del dinero de procedencia ilícita para traficar con la pobreza de la gente. Es un hecho que cuando los patrocinadores de Peña sintieron que la manipulación mediática no les iba a ser suficiente para ganar la elección, se aplicaron para obtener votos a como diera lugar, “a billetazos” y sin escrúpulos.
El 12 de junio de 2012, en Toluca, en la residencia oficial del ejecutivo local del Estado de México, 16 gobernadores del PRI se reunieron con Peña Nieto y su equipo de campaña. Ahí́ se asignaron las cuotas de votos para Peña que cada uno de ellos debería cosechar. Por ejemplo, el mexiquense Eruviel Ávila se comprometió a conseguir dos millones 900 mil sufragios que, casualmente, fueron con precisión aritmética los que obtuvo Peña Nieto en esa entidad. La confabulación de los gobernadores se tradujo en la utilización de recursos del presupuesto público de los estados y de procedencia ilícita para comprar cinco millones de votos en todo el país.
La compra del voto se llevó a cabo en todas partes pero se acentuó más en las zonas donde viven los más pobres de México, en especial en el medio rural. En esos comicios del 2012, al contrario de lo que había ocurrido en elecciones anteriores, el mayor nivel de participación ciudadana se registró en el campo y fue superior al de la media nacional.
Es también demostrable que el PRI obtuvo ventaja electoral en las zonas con mayor presencia de bandas criminales toleradas por el gobierno. Tal es el caso de la región de la Tierra Caliente, que comprende 17 municipios de Michoacán, 9 de Guerrero y 5 del Estado de México. Allí, según el padrón electoral del 2012, existían 696 mil ciudadanos, distribuidos en 877 secciones electorales, de los cuales, 503 mil, es decir, el 72 por ciento, vivían en zonas rurales pobres de alta marginación (720 secciones electorales).
En 2006, en la zona rural de la región de la Tierra Caliente, el PRI obtuvo 69 mil 178 votos, pero en 2012, el PRI de Peña Nieto alcanzó 132 mil 077 sufragios; es decir, hubo un incremento de 90.92 por ciento, cuando la lista nominal solo aumentó en 5.19 por ciento de una elección a otra. Es obvio que este atípico crecimiento a favor de Peña en las zonas más marginadas de la Tierra Caliente solo se explica por la compra del voto y el contubernio que prevalece entre el PRI, el gobierno y las organizaciones delictivas que operan en esa región.
Días después de las elecciones de 2012 unos campesinos del municipio de Acapetlahuaya, Guerrero, limítrofe con el de Tlatlaya, Estado de México, en la Tierra Caliente, me enviaron una relación de 596 personas que recibieron tarjetas de prepago SORIANA-MI AHORRO-BANAMEX a cambio de su voto por Peña Nieto. La entrega de éstas y de miles de tarjetas más se llevó a cabo en la tienda Soriana y en la Sucursal de Banamex de Iguala, Guerrero. Todas estas pruebas fueron integradas al expediente que presentamos al entonces IFE y al TEPJF para exigir la anulación de la elección presidencial. Sin embargo, en 2012 los consejeros y magistrados de esas instituciones fueron, al igual que en 2006, cómplices de la mafia del poder.
De modo que hay suficientes pruebas para concluir que EPN fue impuesto por la mafia del poder mediante la compra de millones de votos con dinero de procedencia ilícita.
V. El agravamiento de la crisis en el gobierno de Peña
Una vez en la Presidencia, este personaje gris, de escenografía, con alto grado de inmoralidad e inconsciencia, condujo al país, en apenas un año, a un mayor deterioro en todos los órdenes de la vida pública y a la actual crisis de descomposición social, incertidumbre e ingobernabilidad.
Con gran desparpajo, en cumplimiento de acuerdos contraídos con inversionistas y gobiernos extranjeros, y con el respaldo de la mafia del poder en México, Peña Nieto se dedicó a imponer las llamadas reformas laboral, educativa, fiscal y energética, las cuales constituyeron nuevos agravios contra el pueblo, alentaron el resentimiento y desataron el caos.
En el tiempo que lleva mal gobernando, ni Peña ni sus socios y allegados han pensado en promover el desarrollo, procurar la justicia, atender demandas sociales con fines humanitarios para serenar al país y evitar conflictos y violencia. Tampoco se han propuesto gobernar con rectitud y honestidad; por el contrario, toda su atención ha estado centrada en obtener beneficios personales al amparo del poder público. Como ya lo expusimos, en este tiempo ha quedado de manifiesto que la acción del gobierno está dirigida a realizar negocios privados, mediante el traslado de bienes del pueblo y de la nación a particulares con el argumento mendaz de que eso nos traerá prosperidad.
No obstante, esta operación de despojo y la descarada corrupción; los aumentos de impuestos y del precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica; el incremento desmedido de la deuda pública y la falta de crecimiento, empleos y bienestar, produjeron, desde los primeros meses de este año, un abierto rechazo al gobierno en todos sus niveles. En una encuesta que levantamos a nivel nacional del 5 al 11 de marzo de este año, el 50 por ciento de los que votaron por EPN ya estaban arrepentidos.
Pronto la gente se dio cuenta que todo era una farsa y esta percepción fue creciendo y reafirmándose en la medida que escaseaban las oportunidades de empleo, al grado que en las encuestas, aun con la violencia imperante, el principal problema que ve la gente es el de la falta de trabajo.
Debe apuntarse que mientras Peña consiguió que en Nueva York le entregaran el premio como el mejor estadista del mundo y que Luis Videgaray, secretario de Hacienda fuera distinguido –también en el extranjero– como el ministro de finanzas del año, en 2013, según cifras oficiales, el crecimiento económico de México fue de 1.1 por ciento y en 2014, hasta el primer semestre, alcanzaba el 1.7 por ciento; es decir, un promedio, durante el gobierno de Peña, de 1.4 por ciento, cuando la población en el mismo lapso aumentó en 1.8, lo cual significa que se ha registrado un decrecimiento del PIB por habitante de -0.4 por ciento, un dato de consecuencias realmente catastróficas para el país.
A pesar de todo, la gran omisión consistió en no cambiar la política y seguir enfrentando el problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas. En un país en crisis con falta de oportunidades de empleo, de abandono al campo y de desatención a los jóvenes, el gobierno decidió mantener la misma estrategia de ampliar las corporaciones policiacas para atender los efectos y no las causas que originaron la violencia en el país. Asimismo, optó por la simulación, pensando que podían resolver el problema cambiando únicamente la percepción pública, mediante el control de las noticias sobre los lamentables hechos de violencia que ocurren día a día en la mayor parte del territorio nacional.
VI. En la víspera de la tragedia de Ayotzinapa
Al escuchar las expresiones de la gente en mis recorridos por el país, desde mediados de este año empecé a advertir que se estaba precipitando la descomposición social y que México ya no aguantaba más con la misma política.
El día 5 de junio, por rumores de que Peña Nieto estaba enfermo, puse en mi cuenta de Twitter: “Existe el rumor de que EPN está enfermo. Ni lo creo ni lo deseo. Pero es una buena salida para su renuncia por su evidente incapacidad”. En respuesta, el vocero de la Presidencia de la República dijo que el presidente gozaba de cabal salud, a lo cual repliqué al día siguiente, por el mismo medio: “Dicen: EPN está bien y sugieren que no renunciará. ¿Y cómo resolver lo de su incapacidad para gobernar o acaso no tienen al país en agonía?”. En el periódico El Economista le añadieron a mi expresión “…en agonía” la palabrita sic, porque seguramente no imaginaron lo que estaba gestándose.
Días después, el 25 de agosto, luego de los fusilamientos de Tlatlaya y antes de los dolorosos sucesos de Iguala, reiteré en mi cuenta de Facebook que Peña debía renunciar. Escribí textualmente: “Los hechos demuestran que la economía permanece estancada, agobia el desempleo, prevalece la violencia y el gobierno se ha corrompido por completo. Lo peor de todo es que con las reformas impuestas en materia fiscal y energética, se corre el riesgo de una mayor degradación de la vida pública en su conjunto y de un estallido social”.
VII. El asesinato y la desaparición de los 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala
Antes que nada, lo más importante de todo es que los 43 estudiantes de Ayotzinapa aparezcan con vida.
Pero también debe haber justicia y, sobre todo, castigo a los culpables de estos crímenes de lesa humanidad. Es imprescindible conocer la verdad, investigar a fondo y considerar que este asunto, por su atrocidad, no solo es un problema de Estado sino también de Nación.
Se ha de explorar todas las hipótesis, tanto la de que pudo ser una venganza de algún grupo delictivo que se sintió traicionado por el incumplimiento de acuerdos de parte de Peña o de algún otro miembro del régimen y decidió, de manera calculada y cruel, utilizar a jóvenes inocentes para convulsionar a la opinión pública del país y del mundo, o la orientada a señalar que todo fue causado por la tremenda descomposición social y política que existe en Guerrero como en otras partes del país. Aunque de todas maneras la responsabilidad mayor sigue y seguirá recayendo en la mafia del poder y en su actual representante, Enrique Peña Nieto, quienes, como lo hemos venido sosteniendo, con tal de mantener y acrecentar sus privilegios han impedido por todos los medios la renovación de la vida pública del país.
VIII. Nuestra propuesta para sacar al país de la crisis.
El día 26 de octubre, en el Zócalo, planteamos que solo había dos caminos para encontrar la salida a la crisis de México: cambio de política sin cambio de presidente o cambio de política y de presidente.
En el primer caso tendría que hacerse una rectificación profunda y ello implica, entre otras cosas, derogar las reformas estructurales o someterlas a consulta ciudadana y empezar de cero, con una política distinta en materia de justicia, economía, hacienda y administración pública.
Lo urgente es desplegar todos los esfuerzos del Estado para hacer justicia en el caso de Guerrero: buscar y encontrar con vida a los 43 normalistas de Ayotzinapa; impedir la impunidad y castigar a los autores materiales, intelectuales y a las autoridades responsables y desarticular las redes de complicidad entre el poder público y la delincuencia organizada, tanto en Guerrero como en el resto del país. Para ello debe crearse de inmediato una comisión de la verdad con ciudadanos realmente independientes y de inobjetable honestidad.
También dijimos que era necesario dejar sin efecto las llamadas reformas fiscal, laboral y educativa, y que el Ejecutivo no interfiriera en la decisión que iba a tomar la Suprema Corte de Justicia para que el pueblo de México decidiera, mediante una consulta pública, sobre la llamada Reforma Energética. Lamentablemente, el máximo tribunal del país decidió negar a la voluntad popular la posibilidad de participar en la decisión, se sometió a la voluntad del Poder Ejecutivo y ratificó, con ello, la falta de una real división de poderes en el país y el carácter antidemocrático y autoritario del régimen en su conjunto.
Es urgente, asimismo, suspender los aumentos en los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la luz, y acudir en apoyo a los productores del campo, fijando precios de garantía para sus productos.
Debe aplicarse el Plan de Austeridad que le propusimos a Peña Nieto hace ya un año, en el cual se estipulaba el ahorro de 385 mil millones de pesos para no aumentar los impuestos y endeudar al país más de lo que ya está; esto implica eliminar los privilegios de la alta burocracia, empezando por cancelar la compra del avión presidencial y los gastos adicionales que en total suman 10 mil millones de pesos.
Es imprescindible suprimir los contratos de obras para construir autopistas, segundos pisos, trenes y el aeropuerto, con erogaciones de alrededor de 300 mil millones de pesos del presupuesto público, claramente destinadas a beneficiar a contratistas, socios y amigos de Enrique Peña Nieto y a crear, con propósitos electorales, un auge económico artificial y efímero.
Es irracional construir el nuevo aeropuerto y cerrar el actual con un gasto de 160 mil millones de pesos. Si entre las prioridades nacionales debe hacerse un nuevo aeropuerto, debe considerarse la idea de construirlo en Tizayuca, mantener el actual y ampliar el de Toluca, a fin de que la zona metropolitana del Valle de México cuente con varias terminales aéreas, como sucede en la mayoría de las grandes ciudades del mundo.
Otra opción que no debe descartarse –porque en estricto apego a la realidad, es la que más conviene al pueblo y a la nación– es que Enrique Peña Nieto renuncie antes del 1º de diciembre y se convoque a elecciones anticipadas para que el pueblo, por la vía pacífica y democrática, como lo establece la Constitución, renueve al gobierno, se enfrente la crisis y se logre el renacimiento de México.
Es decir, si ya sabemos que nada bueno puede esperarse con la permanencia de Peña en la Presidencia, no hay motivo para soportar la creciente descomposición de su gobierno y el consiguiente deterioro nacional hasta 2018. Sería mejor para evitar más sufrimientos al país que el año próximo, el 7 de junio, cuando habrá elecciones federales, se aproveche la ocasión para elegir a un nuevo presidente.
IX. La reacción a nuestro planteamiento
Apenas había terminado el acto del Zócalo cuando, desde Los Pinos, Peña Nieto ordenó que se intensificara la campaña para involucrarme en el caso de Iguala. Ese mismo día, domingo, por la mañana, en las ocho columnas del periódico Reforma había aparecido una nota con información filtrada por el gobierno acerca de mi supuesta vinculación con el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. Por la tarde, personajes de la mafia del poder como Manlio Fabio Beltrones (coordinador del PRI en la Cámara de Diputados), Emilio Gamboa (coordinador de la fracción priísta en el Senado) y César Camacho, presidente nacional del PRI, exigieron a coro que yo fuera llamado a comparecer ante esta Procuraduría General de la República. Tales exhortos fueron acompañados, desde luego, con un despliegue de notas en medios de información, empezando, como es habitual, por Televisa, cuyo dueño, Emilio Azcárraga, ordenó a sus conductores de noticieros Joaquín López Dóriga y Carlos Loret de Mola que exhibieran una foto donde aparezco con Abarca y su esposa, imagen que, según ellos, demostraba fehacientemente mis nexos con esa familia.
Desde el Zócalo aclaré que en mi vida pública nunca he establecido relaciones de complicidad con nadie. Aquí reitero que no conozco a Abarca ni a su esposa, que esa foto me la tomaron en un mitin de Iguala el día 12 de mayo de 2012, durante la campaña presidencial, donde saludé a mucha gente y fui fotografiado con múltiples personas de la localidad, sin que ello signifique que conozca al ex alcalde y a su pareja ni que haya tenido relación alguna con ellos.
Afortunadamente, cuento con autoridad moral para enfrentar y salir ileso de las calumnias de los integrantes de la mafia del poder, a quienes, por cierto, se les debería de investigar, porque es público y notorio que Salinas, Peña, Beltrones, Camacho y Gamboa, entre otros, poseen enormes fortunas que jamás podrían justificar como lícitas. Es decir, detentan riquezas mal habidas. Si en México hubiera democracia y legalidad, Peña ya estaría siendo juzgado –es sólo un ejemplo– por la suntuosa residencia de 7 millones de dólares que le facilitó “el contratista predilecto de su gobierno”.
Sin embargo, mi mayor interés al hacer esta denuncia pública, consiste en que se entienda el fondo del problema y se lleve a cabo un verdadero cambio, y lo hago aun a sabiendas de que, según todos los indicios, los hombres del régimen no quieren rectificar. Están pensando que pronto se volverá a la normalidad, que cesarán los cuestionamientos y que ellos se mantendrán en el poder como si nada hubiera pasado. Esta actitud ha quedado de manifiesto en estos últimos días, cuando en vez de atender nuestra demanda de cambio de política han profundizado sus prácticas autoritarias y corruptas.
Los integrantes de la mafia en el poder están decididos a reincidir. Así se advierte en la resolución que tomó la Suprema Corte de impedir la consulta en materia de petróleo y en la determinación del gobierno de continuar aumentando los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la luz; seguir entregando contratos a empresas consentidas del régimen como OHL; mantener abandonado al campo y seguir sacrificando la salud y la educación públicas. Lo peor de todo es que siguen sin entender ni aceptar que la pobreza y la falta de empleo y bienestar originaron este estallido de odio y resentimiento y, por lo tanto, no están haciendo nada para rectificar ni para impedir que siga extendiéndose el caos.
Pero lo que muestra con más claridad su insensibilidad es el rechazo a crear una comisión de la verdad, independiente, integrada por personas de prestigio moral intachable, que vayan al fondo en el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa para que se castigue a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad, así como a los representantes del Estado y del gobierno involucrados en la tragedia. El intento del procurador de dar un carpetazo a la investigación correspondiente, el viernes 7 de noviembre, por la tarde, en víspera del viaje a China de Enrique Peña Nieto, demuestra que están actuando como si no hubiésemos superado las épocas del exterminio porfirista, de los asesinatos de Huitzilac o de la masacre de Tlatelolco, es decir, como si fuera posible gobernar el país del siglo XXI con el autoritarismo del siglo antepasado o de hace medio siglo.
X. No hay más salida que la renuncia de Peña Nieto.
Por todo lo anterior, es mi deber como ciudadano, expresar que no veo otra opción para enfrentar la actual decadencia que no sea la renuncia de Enrique Peña Nieto. No es un asunto de animadversión hacia esta persona, y menos aun pretendo contribuir a desestabilizar a la nación. Por el contrario, soy un militante convencido de la no violencia, mi propuesta es responsable y significa encontrar una salida ordenada y pacífica a la crisis. Creo sinceramente que el proceso de degradación progresiva que padece el país exige un cambio urgente de régimen, porque sin ello, seguirán multiplicándose las calamidades y no se logrará el renacimiento de México.
Es tiempo de aprender la gran lección: la verdadera armonía en la República sólo puede producirse si los individuos, en lugar de tratar de sacar provecho personal, anteponen los intereses de la sociedad a los privados.
Es tiempo de saber que la República solo podrá restaurarse cuando la riqueza del país deje de ser robada o despilfarrada en el lujo y la extravagancia de unos cuantos y sea administrada por un gobierno honrado que la transforme en desarrollo, justicia y cultura espiritual.
Ojalá Enrique Peña Nieto entienda que nadie tiene derecho a tratar de imponer al pueblo su voluntad y su capricho. Ojalá los de la mafia del poder, por el bien de todos, también renuncien a buscar el botín y no el honor. México y su pueblo merecen un mejor destino.
A t e n t a m e n t e
Andrés Manuel López Obrador