Cárcel: Por extorsión hasta 42 años, 4 a 12 por colaborar, 4 a 16 a funcionarios que filtren información, 10 a 20 por omisión en denuncia
Regeneración, 20 de noviembre de 2025. El Senado aprobó la reforma contra extorsión elevando penas hasta a 42 años.
E incluso en redes se comenta que el dictamen obliga a crear unidades especializadas contra la extorsión, eleva las sanciones, crea un tipo penal único y refuerza el combate a extorsiones desde las cárceles.
Senado
Como se indica el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma presidencial impulsada por Claudia Sheinbaum.
Esto, para tipificar a nivel nacional el delito de extorsión y elevar sus penas, que en los casos más graves alcanzarán hasta 42 años de prisión.
Esto es, como los “monta-choques o delincuentes que extorsionan desde prisión.
El dictamen introdujo 20 cambios a 15 artículos y agregó un artículo transitorio en materia de telecomunicaciones.
Lo anterior, para castigar a quienes utilicen dispositivos electrónicos o plataformas digitales en penales para extorsionar.
Además, corrigió la minuta proveniente de la Cámara de Diputados para incrementar las penas mínimas y máximas del tipo básico, que pasaron de seis a 15 años a 15 a 25 años.
Mismo, a fin de evitar reducciones que hubieran desencadenado la liberación anticipada de extorsionadores sentenciados en estados como Chihuahua, Quintana Roo, Michoacán y Morelos.
Normas
La nueva normativa expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión y reforma el Código Penal Federal.
Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
E incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Por primera vez se establece un tipo penal homologado para todo el país.
Al tiempo que se destaca que la extorsión se define como la conducta mediante la cual una persona “sin derecho, obligue a otra a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo beneficio o lucro para sí o para otro, o causando daño patrimonial, moral, físico o psicológico”.
Gravedad
Por otra parte, en cuanto a las penas, son de 19 a 33 años. Para cobros continuos; extorsión a comerciantes, empresarios o productores para imposición de precios.
Igualmente, uso de terceros sin conocimiento; aprovechamiento de dependencias públicas; extorsión a candidatos o autoridades; o exigencia de dinero aprovechando situaciones de peligro.
Además, de 20 a 37 años cuando la víctima sea migrante, menor, adulto mayor, embarazada o persona con relación de confianza.
Incluye cuando se usen datos personales, imágenes o información privada; medios electrónicos; simulación de secuestro; o terceros para recibir pagos.
Se aclara que serán 31 a 42 años de prisión sea cuando exista violencia física o moral; en casos de “monta-choques”; uso de armas; ostentación de pertenencia criminal.
A lo que se suma impedir la denuncia; se busque censurar a periodistas o defensores; se suplante a servidores públicos; cuando participe un funcionario; si se comete desde prisión; si afecta la economía comunitaria; si se usan menores; o si participan varias personas.
Conductas
Asimismo, la reforma también sanciona conductas vinculadas. Esto es, 4 a 12 años para quien coopere en cualquier modalidad de extorsión.
Y, 4 a 16 años a servidores públicos que filtren información confidencial. En tanto que 10 a 20 años y hasta 400 UMA a quienes omitan denunciar.
Finalmente, serán 6 a 12 años para quien introduzca dispositivos electrónicos a penales.
Cuando participen servidores públicos o personas privadas de la libertad, las penas aumentarán hasta la mitad.
Unidades
Las fiscalías deberán crear unidades especializadas en extorsión, con personal evaluado y certificado bajo estándares del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Mientras se establecen, podrán apoyarse en las Unidades Antisecuestro.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, explicó que el Senado realizó 15 ajustes sustantivos, entre ellos:
Elevar las penas mínimas y máximas para evitar liberaciones anticipadas.
Ajustar agravantes para hacerlas aplicables —como pasar de “afectar la economía de la entidad” a “afectar la economía de una comunidad”.
Modificar reglas de reparación del daño y destino de recursos de extinción de dominio.
Revisar el uso de pruebas para garantizar constitucionalidad. Reincorporar la sanción original para servidores públicos omisos.
Eliminar beneficios preliberatorios, en congruencia con la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Corral defendió que la nueva ley “cierra todas las rendijas a los extorsionadores” y homologa tipos penales y protocolos en todo el país para terminar con la disparidad de penas y la impunidad.
El dictamen fue aprobado por unanimidad con 110 votos a favor y turnado a la Cámara de Diputados para su ratificación.
