Aunque la ley no lo diga, cualquier titular de una concesión sabe que la Presidencia puede perjudicarlo si no accede a doblegarse ante las exigencias de sumisión en materia de línea editorial y el propio Joaquín Vargas, accionista mayoritario de MVS, dio testimonio de ello (http://is.gd/FWVcLC) en agosto de 2012, cuando reveló públicamente la extorsión de que había sido objeto por parte del calderonato (http://is.gd/zcB3Og) (http://is.gd/IXadgs). En otros casos los medios electrónicos son mandantes reales, beneficiarios ilegítimos y constructores no tan furtivos de presidentes, procuradores y ministros del Poder Judicial.
Visto en su contexto, cuando el peñato no encuentra más vías para remontar su propia pudrición que una intensa ofensiva por medios legales e ilegales contra toda crítica y toda disidencia, y pocos meses después de que Aristegui detonara el escándalo que tiene contra las cuerdas al actual ocupante de Los Pinos –por la residencia de máximo lujo que su esposa compró en condiciones desusadamente favorables a un contratista prominente del estado de México–, el despido no puede dejar de verse como un acto del régimen.
Y cuando se habla de régimen debe pensarse en un conglomerado conformado, en las decisiones y en los hechos, por quienes ocupan las instituciones públicas y la mayor parte de las dirigencias partidistas, pero también por el grueso del empresariado, el aparato mediático y los grupos de la delincuencia organizada –narca, minera, bancaria, contratista, energética– a los que le ha sido concesionado el país, por el conjunto de reglas –escritas, pero sobre todo, las no escritas– con las que opera y por las prácticas corruptas, clientelares, patrimonialistas y represivas de las que se vale.
Ese régimen no da para más. Se cae a pedazos, es inoperante y peligroso, y resulta tremendamente lesiva para el país la doble actitud de sus principales operadores: serviles ante Estados Unidos y los capitales e insolentes, abusivos y expoliadores frente a sus gobernados.
La más reciente muestra de autoritarismo disfuncional –y augurio de nuevos coletazos autoritarios– es el despido de Aristegui, que ha dejado una masa de radioescuchas sin nadie a quien escuchar y a un equipo de periodistas sin micrófono por el cual expresarse. Ello, mediante la administración facciosa de frecuencias que son propiedad de la nación.
El agravio del día contra informadores y audiencias proviene del mismo lugar que el accidente de Pasta de Conchos, el incendio de la Guardería ABC y la agresión contra los estudiantes normalistas en Iguala. La brutalidad policial contra manifestantes; las decenas de miles de desapariciones forzadas; los altos precios de la gasolina y la electricidad; el acoso contra las comunidades zapatistas y contra las que defienden sus recursos naturales; el astronómico endeudamiento nacional y la flagrante violencia que azota al país proceden, asimismo, de un régimen corrupto y delictivo al que es preciso poner fin porque en el desorden establecido no hay instancia que garantice el derecho a la vida, soberanía, justicia ni estabilidad económica, ni cabe, desde luego, esperar que autoridades y concesionarios respeten la libertad de expresión y el derecho a la información.
El desafío de la sociedad consiste en articular la suma de los agravios en una toma de conciencia colectiva y convertirla en un movimiento general no sólo en contra de Peña, de una empresa radiofónica o televisiva, de un gobernador, de una marca de comida basura o de una ley tramposa en particular, sino para detener y desmontar al régimen en su conjunto y formular un programa mínimo de rescate del país. Salvo la de la violencia, que es terreno propicio para la oligarquía gobernante, todas las vías son necesarias e imprescindibles para forzar a los personeros del régimen a sentarse a negociar una transición necesaria e impostergable: las movilizaciones sociales, la contrainformación, la construcción de promontorios de poder popular, la participación electoral y la desobediencia civil.
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