Los estudiantes del Servicio Social son enviados a distintos lugares de la República sin condiciones de seguridad.
Regeneración, 12 de marzo de 2018.- Al año al menos 18 mil estudiantes de medicina son enviados a distintos lugares de México para que realicen su servicio social, bajo riesgo de ser robados, extorsionados, abusados sexualmente, o incluso, asesinados, sin que hasta el momento autoridades educativas, federales, estatales o municipales pongan atención a ello.
De acuerdo con una investigación de El Universal, entre 2007 y 2015, se documentaron 84 denuncias de agresiones y amenazas en 21 entidades contra pasantes; pero la violencia no ha cesado, entre enero de 2016 y agosto de 2017, sólo el IPN registró 13 casos, entre ellos la violación de una pasante en Guanajuato. Pero la cifra completa se desconoce. Muchos de los afectados no denuncian o reportan los hechos por temor a represalias.
La problemática ha avanzado a tal nivel que en 2011, se presentaron siete renuncias, mientras que para el 2016, la cifra alcanzó 91 renuncias; entre 2011 y 2017 se presentaron 300 renuncias, 190 corresponden a mujeres.
Entre 2010 y 2017, por lo menos 24 pasantes han muerto, entre los que se cuentan casos de asesinato, asaltos y un supuesto suicidio.
De acuerdo con el director general de Calidad y Educación de Salud de la Secretaría de Salud, Sebastián García Saisó, no hay evidencia de que las muertes estén vinculadas con su actividad como pasantes.
“No es que no tengamos registros. No hay un análisis que diga que hay un fenómeno dirigido a pasantes por su actividad. Sí hay asaltos, hay incidentes donde han perdido la vida pasantes. Ha habido incluso violaciones, y esa lista la elaboramos nosotros hace dos años. Entonces sí hay percances, pero no están vinculados a su quehacer como médicos o pasantes”, indicó.
Y aunque en la Norma Oficial Mexicana (NOM) 009, se establecen una serie de factores que se deben cumplir para que los pasantes permanezcan en determinados lugares, no hay una regulación real.
De acuerdo con el médico Julio Bueno, integrante del movimiento #YoSoy17, el actual modelo de servicio social representa un peligro para los estudiantes y una manera del gobierno de solventar servicios médicos sin que se les pague adecuadamente.
“Se siguen mandando pasantes a las zonas de riesgo y el gobierno no ha hecho absolutamente nada en estos años. Da coraje que exponen a los muchachos a que les pase algo”, dijo.
“Lo que pasa es que con los pasantes sacan la chamba a muy bajo costo o más bien a ningún costo. Entonces, cubren las necesidades de médicos (…) Estoy de acuerdo en que el servicio social debe modificarse, replantearse o cancelarse”.
Esta opinión la comparte la senadora del Partido del Trabajo (PT), Martha Palafox Gutiérrez, integrante de las comisiones de Salud y Educación y quien indicó que los pasantes de Nayarit, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán y Guerrero, son los más vulnerables.
“Tenemos que dialogar con académicos, representantes, con investigadores de la UNAM, con jóvenes pasantes, para poder tener un criterio y plasmarlo en la ley”, dijo la legisladora.
Este enero, José Narro Robles, Secretario de Salud, anunció la implementación de un nuevo modelo en las 32 entidades, enfocado en medicina familiar para prevenir enfermedades. Participan 3 mil 500 pasantes de 115 instituciones, que estarán en Hospitales de primer nivel y tendrán rotación en hospitales comunitarios. Se habló de la estrategia, pero no de las necesidades de los pasantes o de su seguridad.
Vía El Universal.