Regeneración, 5 de febrero de 2016.- El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, conformado por seis expertos internacionales, adelantó ayer sus conclusiones en el sentido de que la persecución en contra de Julian Assange por parte de Suecia y Gran Bretaña, que derivó en su asilo en la embajada de Ecuador en Londres –donde permanece desde hace casi cuatro años–, es arbitraria e ilegal.
Como se recordará, el fundador de Wikileaks, al igual que Chelsea Manning –la ex analista militar de inteligencia que permitió la difusión de expedientes de crímenes de guerra perpetrados por Estados Unidos en Afganistán e Irak, así como un voluminoso paquete de cables secretos del Departamento de Estado– y que Edward Snowden –quien en 2013 filtró a periodistas información de la oficina de espionaje del Pentágono– han sido sometidos a una implacable persecución judicial por parte de Washington y de sus aliados europeos.
A diferencia de los otros dos, en el caso de Assange el gobierno estadunidense no ha emprendido una persecución judicial directa, sino ha preferido recurrir a subterfugios, como parece serlo la investigación policial que lo vincula a supuestos delitos sexuales en Suecia, cuyo sistema de justicia ha experimentado un severo desprestigio internacional por la insustancialidad del caso: en efecto, no existe ni siquiera una acusación penal formal que sustente el pedido de extradición a Gran Bretaña, sino una mera investigación en la que se le requiere para ser interrogado. Desde mediados de junio de 2012 hasta la fecha, sin embargo, el gobierno de Estocolmo se ha negado a realizar esa diligencia en la embajada ecuatoriana, a pesar de que el gobierno de Quito ha ofrecido las facilidades correspondientes, que el propio Assange ha manifestado su disposición a someterse a ella y que el procedimiento es normal y corriente en la Unión Europea.
Tales circunstancias han llevado al fundador de Wikileaks a sospechar que la verdadera intención de Suecia es llevarlo a su territorio a fin de entregarlo en extradición a Estados Unidos, donde el informador australiano podría enfrentar acusaciones graves por espionaje.
Según los elementos de juicio disponibles, la verdadera razón de la persecución trinacional contra Assange es la ira de Washington por el enorme daño que las revelaciones de Wikileaks han causado a la imagen internacional de la institucionalidad estadunidense y de los gobiernos alineados con ella, los cuales han sido exhibidos como inescrupulosos, ilegales e incluso criminales.
Es de celebrarse, por ello, que el panel de expertos de la ONU haya fallado la ilegalidad y la arbitrariedad del acoso penal al que Julian Assange ha sido sometido desde fines de 2010. Ciertamente, tal resolución no es vinculante ni obliga a las autoridades de Estocolmo y Londres a cesar la persecución. Es, en cambio, una victoria política para el informador, porque pone en evidencia a ambos gobiernos como poco respetuosos de sus propias disposiciones legales y de los derechos humanos en general.
Cabe esperar que las autoridades suecas y británicas caigan en la cuenta de lo insostenible de sus posiciones y pongan fin a la persecución contra Assange, la cual constituye sin duda el caso más bochornoso de violación a la libertad de expresión y al derecho a la información en una Europa que se ostenta ante el resto del mundo como democrática, transparente y respetuosa de las libertades.