Por Adolfo Gilly | La Jornada
Guardo vivo el recuerdo de aquel 10 de octubre del año pasado cuando, a demanda de ustedes, obtuvieron por fin la primera entrevista con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general, Jesús Murillo Karam, en la Procuraduría General de la República, con la intermediación y la presencia de organismos y abogados defensores de derechos humanos. Iniciada la reunión hablaron ustedes todos, una tras otro, como padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos. Hablaron breve y claro, cinco minutos o menos cada una y cada uno.
Dijeron su dolor, su angustia, su reclamo por los hijos ausentes. Impasibles, los funcionarios escuchaban y a algunos de nosotros, simples testigos, mediadores o defensores de derechos, se nos anudaba la garganta y nos brillaba oscura la mirada. No sé cuál sombra pasaba entonces por el alma de esos funcionarios, pues también ellos tienen hijos y familias. Pero sus rostros permanecieron atentos e impasibles y sólo vi en sus ojos el secreto y la razón de Estado.
Guardo el recuerdo de una madre que, dirigiéndose al secretario de Gobernación, le dijo con calma y con mesura: “Señor, usted no sabe lo que estamos viviendo… Durante el día a mi esposo y a mí nos ocupa el trabajo en la casa o en el campo. Pero llega la noche, señor, y a la hora de la merienda el hijo está ausente y no sabemos nada de él y es entonces un dolor muy grande, señor, mucho dolor cuando llega la noche…”. No dijo más y después habló el padre y después los demás, una por uno y uno por una.
Hubo otras reuniones, hasta con el presidente Enrique Peña Nieto, sin que hubiera investigación verdadera. Los funcionarios fueron ganando tiempo y un día, contra los dictámenes y las opiniones de los expertos forenses y de los organismos de derechos humanos internacionales y nacionales y el reclamo masivo del pueblo mexicano, dieron por cerrado el caso, dijeron su excusa histórica, se lavaron las manos y el Presidente se fue a viajar por el mundo con cientos de invitados.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales respondieron reiterando que se trata de un delito de desaparición forzada. Piden también que la investigación prosiga, se abran nuevas líneas y se den a conocer sus resultados.
No es posible ni creíble que al día de hoy, pasados siete meses, el gobierno federal y el gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, testigo privilegiado de aquellos días, no sepan la verdad completa sobre quiénes y por qué ordenaron y ejecutaron este crimen de Estado.
Indignado, el pueblo ha respondido con asambleas, marchas y manifestaciones que el pasado 20 de noviembre culminaron en innumerables plazas y calles del país y en el Zócalo de la ciudad de México. Esa movilización prosigue en estos días bajo múltiples formas y tamaños por todos los lugares. Está presente en cada una de las causas y motivos de lucha contra el agravio y el olvido: la tribu yaqui, los zapatistas, las feministas, los movimientos por los derechos humanos, los estudiantes, los trabajadores de todos los oficios, los migrantes, los pueblos y las colonias desprotegidos ante el despojo y el crimen, las autodefensas campesinas, una entera nación agraviada y en vilo. Por eso estamos hoy aquí, siete meses después, para exigir conforme a ley cumplimiento y respuesta del gobierno de la República.
Este pueblo no olvida ni olvidará el crimen de Ayotzinapa, así pasen los días y los años, vivan seguros de ello los jefes de este Estado. En el alma y la vida del pueblo mexicano esta tragedia seguirá presente, irreductible, dolorosa y viva. Y como rayo que no cesa proseguirá su grito: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
43-Antimonumento por Ayotzinapa.
México, DF, 26 de abril de 2015.