Ante la posible imposición de aranceles al azúcar mexicana, los empresarios del ramo pidieron al gobierno que prepare una medida similar pero en sentido contrario.
Regeneración, 23 de mayo de 2017.- La Cámara Nacional de las Industrias Azucareras y Alcoholera (CNIAA) exigieron al gobierno de Peña Nieto que responda con impuestos si es que se les imponen aranceles en Estados Unidos.
El próximo 5 de junio, autoridades de Estados Unidos determinarán si ponen o no nuevos impuestos a los azúcares mexicanos, por lo que la respuesta debe ser inmediata, dijo la Cámara y calculó que con las represalias comerciales que la Organización Mundial de Comercio (OMC) autorizó a México imponer a Estados Unidos por el tema del atún por un monto total de 163 millones de dólares, «esto equivale a la capacidad de frenar inmediatamente una tercera parte de la fructosa que se importa de EU a México».
El presidente de la CNIAA, Juan Cortina Gallardo, señaló las medidas que quiere aplicar como intransigentes y excesivas.
«Si las demandas de la industria azucarera en Estados Unidos llevan a que el azúcar mexicanas hagan uso del derecho conferido a nuestro país, será indispensable que las autoridades mexicanas hagan uso del derecho conderifo a nuestro país por la OMC, en el sentido de cobrar aranceles contra la fructuosa estadounidense de inmediato», dijo.
Los industriales estadounidenses están pidiendo que México eleve sustancialmente la proporción de azúcar cruda frente a la refinada que les envía y adicionalmente que baje la polaridad -ligada a la calidad- con lo que la totalidad del azúcar tendría que ser refinada por industriales estadounidenses.
Aún se espera que los empresarios mexicanos y las autoridades estadounidenses encuentren un acuerdo razonable para no tener que hacer una guerra comercial que terminaría con varios empleos en ambos lados de la frontera.
Además de impuestos, los azucareros también pidieron una investigación gubernamental antidumping (término que se usa cuando se dice que una empresa exporta un producto a precio inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio país).
Vía La Jornada y El Financiero