Berta Cáceres fue asesinada en Honduras hace dos años; su familia denuncia que los jueces no son imparciales.
Abogados de la familia son desalojados de sala del juicio, quedando la defensa a cargo del Ministerio Público
Regeneración, 6 de noviembre del 2018. Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo del 2016, en su domicilio. En el juicio la familia impugna parcialidad de jueces, que deriva en el desalojo de la sala del juicio a los abogados de la familia agraviada y la defensa es asumida por el Ministerio Público.
El 2 de marzo del 2018 fueron detenidos, acusados del asesinato de la ambientalista, dos directivos de empresa DESA, dos militares, 5 sicarios y dos policías que desviaron investigaciones.
Sin embargo durante el juicio la familia Cáceres solicita a los jueces designados sean apartados del caso por posible parcialidad.
Sin embargo esta petición es negada por la Corte de Apelaciones. Incluso la familia Cáceres insiste, pero la petición no es admitida
Lo anterior derivó en una apelación de hecho y se pide a la Sala de lo Penal de la CSJ rectifique la decisión de la Corte de Apelaciones.
No hay respuesta
Una convocatoria ilícita
Aún sin respuesta la Sala 1 del Tribunal de Sentencias convoca a juicio.
La familia Cáceres pide se revoque la convocatoria ilícita en tanto no hay solución a la petición anterior.
El Tribunal accede hasta que la Sala de lo Penal resuelva
Recurso sin trámite y amparo
La Sala de lo Penal resuelve no admitir el recurso.
Abogados de la familia interponen recurso de reposición y tras ser denegado presentan recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional.
Nueva convocatoria ilícita
Tribunal nuevamente convoca a juicio.
Abogados de la familia piden rectificación y anulación de convocatoria, en tanto la existencia de un recurso de amparo.
Y justifican ahí su incomparecencia al juicio.
Expulsión
Una vez declarada la incomparecencia de la defensa, la Sala 1 del Tribunal de Sentencias decide retirar del proceso judicial a los representantes privados de las víctimas.
El Ministerio Público es ahora el único defensor de las víctimas.
Sin defensa confiable
La familia Cáceres expone que en dos años y medio el MP ha demostrado su incapacidad y falta de voluntad para impulsar de manera diligente el proceso judicial.
La causa de Berta queda sin defensa confiable.
Reposición y nulidad
Representantes de la familia Cáceres presentan ante la Sala primera del Tribunal de Sentencias, un recurso de reposición y por separado se pide nulidad de la decisión de separar a los abogados representantes de la familia.
Berta Cáceres y la lucha por el agua
https://www.facebook.com/cadeho.alemania/videos/825057861030208/
Por asesinato de Berta Cáceres detenidos dos directivos de empresa DESA, dos militares, 5 sicarios y dos policías que desviaron investigaciones
Regeneración, 2 de marzo del 2018. Detenidos David Castillo Mejía, presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A, como presunto autor intelectual del asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres en Honduras, el 3 de marzo del 2016.
Conforme a las informaciones oficiales Castillo Mejía fue quien proporcionó recursos logísticos y otros materiales a los autores materiales del asesinato, quienes se encuentran bajo proceso.
Por el asesinato de Berta Cáceres suman ocho personas detenidas entre ellas:
Sergio Ramón Rodríguez Orellana, quien fungía como gerente de DESA, el exmilitar Douglae Geovany Bustillo, Mariano Díaz Chávez, mayor del ejército en activo y otras cinco personas.
En la investigación judicial también fueron procesados tanto el investigador Juan Carlos Cruz, como el expolicía Miguel Rosales quienes presentaron pruebas falsas para tratar de desviar el caso en las primer pesquisas que realizaron en torno al caso.
Con anterioridad organismos como Amnistía Internacional señalaron que el hecho de las autoridades judiciales no hubieran identificado a los autores intelectuales del homicidio “ponen en grave riesgo a cientos de defensores y defensores de derechos humanos” en Honduras.
En un emotivo artículo publicado por Mireya Cidón, en la página de Amnistía Internacional, se narra la historia de esta luchadora social:
“Berta Cáceres fue una prominente líder indígena de Honduras, cofundadora y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)”, indicó.
Preciso que Cáceres fue asesinada en 2016 por su lucha contra la construcción del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, enclavado en una zona crucial para la supervivencia de las comunidades indígenas.
El proyecto, ahora paralizado, restringe el acceso de la comunidad Lenca al Río Gualcarque y, por extensión, a su agua y alimentos. De llevarse a cabo, los pueblos afectados perderían su medio de vida y se verían abocados a abandonar sus tierras. Berta luchaba para impedirlo.
“Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca”, solía decir. “Yo sabía lo duro que iba a ser. Pero también sabía que íbamos a triunfar. Me lo dijo el río”
La periodista entrevistó a la hija de Berta y al interrogarla sobre la comunidad Lenca, a la que pertenecen, le respondió que:
“Somos la comunidad más grande de Honduras y hay mucha diversidad entre quienes la integramos. Somos custodios de la naturaleza, de la tierra, y sobre todo de los ríos. En nuestra tradición, los espíritus femeninos residen en los ríos y las mujeres son sus principales guardianas. Nuestra vida espiritual está vinculada a los bosques y unida al agua. Somos una comunidad que regala sonrisas. Un pueblo fuerte y aguerrido. Luchamos contra el proyecto de Agua Zarca desde una postura de no violencia, esgrimiendo el derecho a la justicia y al agua, y demandando el respeto y la dignidad del pueblo Lenca”.
La hija de Berta Céceres señaló que “no hay certeza, en estos momentos, de que todos los detenidos estén implicados y nuestro deseo es esclarecer la verdad. La justicia verdadera es desmontar la estructura criminal que mató a mi mami y por ello pedimos una investigación internacional independiente que aclare su asesinato”
Pidió que “además de la búsqueda y enjuiciamiento de los autores materiales del crimen, queremos que se lleven ante la justicia a los autores intelectuales porque, la impunidad de estos últimos, podría interpretarse como una puerta abierta a más asesinatos y persecución de defensoras y defensores en Honduras”.