Por Temoris Grecko*
El gobierno de México, en uso de la soberanía nacional, estableció un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, un órgano de la OEA), en virtud de los pactos internacionales que México ha firmado, para crear un grupo de expertos que coadyuvara en la investigación sobre los crímenes de Iguala.
Ese acuerdo prevé que todos los integrantes del grupo cuenten con la aprobación explícita del gobierno mexicano, y que el grupo permanezca en México sólo con la anuencia del mismo gobierno.
En cumplimiento de sus funciones, el grupo ha revelado una larga lista de omisiones, actos de negligencia y lo que parece manipulación, en los trabajos de la PGR. Para eso se acordó que viniera: para que señalara lo que falta por hacer y lo que no se ha hecho bien.
Pero eso molestó a quienes quieren cerrar el caso ya y que los padres y las madres de los desaparecidos se vayan a sus casas ahora mismo, a morderse en privado sus pérdidas.
Han lanzado una campaña de desprestigio contra los expertos. Los acusan de violar la soberanía nacional (aunque están aquí por la voluntad del gobierno), de lucrar económicamente (aunque no reciben pago por su trabajo), de ser, simplemente extranjeros…
…y al mismo tiempo, acusan al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, de ser… mexicano. Según Samuel González Ruiz, a quien presentan como exasesor de la ONU, la CIDH no debería intervenir porque, siendo Álvarez Icaza mexicano, existe un conflicto de intereses.
Ayer, curiosamente, Isabel Miranda de Wallace, una representante de la derecha más dura, se convirtió en autodesignada juez de ciencias y sentenció que los expertos habían «trabajado sin bases científicas». No se molestó en decir por qué no.
Se erigió en penalista para notificarnos que, aunque penalmente se tipifica la desaparición forzada como aquella en la que intervienen agentes del Estado, como policías, pues no, lo de los 43 no fue desaparición forzada, sino secuestro (lo cual implica que el Estado no tiene responsabilidad alguna).
Además, nos aclaró que todo esto no tiene nada qué ver con derechos humanos, ¿pues qué estábamos pensando?
Es hora de poner orden porque, alertó, «esto se ha salido de control».
Seguramente, el que corporaciones policiacas masacren a ciudadanos, detengan ilegalmente a otros y los desaparezcan no era algo fuera de control. Lo que se sale de control debe ser que alguien lo pruebe.
Temoris Grecko es un periodista mexicano, destacado reportero de guerra. La opinión fue publicada en FB