Tipificar como delito grave el ecocidio en toda la república mexicana, ayudaría a atenuar la tragedia del medio ambiente que vivimos
Foto: Greenpeace
Por Pablo Alarcón-Cháires
Regeneración, 3 de agosto del 2018. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) fue creada con la finalidad de reforzar la observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental.
Con ello, su objetivo es contrarrestar el deterioro ambiental como la contaminación al aire, al suelo y al agua, así como coadyuvar en la preservación de los ecosistemas, especies y sus procesos, entre otras funciones.
Aún con estas atribuciones que incluso son asunto de seguridad nacional, pareciera que la PROFEPA ha servido más bien como un proceso de legitimación de muchos procesos disruptivos del entorno natural mexicano, particularmente con este sexenio de Enrique Peña Nieto.
Inscrito como política de Estado, el desenfrenado frenesí por los recursos naturales nacionales no encontró jamás contrapeso efectivo en la aplicación de la normatividad ambiental.
Por ello no es raro el deterioro ecológico que vivimos expresado en la contaminación (atmosférica, hídrica, edáfica, genética), el fuerte proceso de erosión de suelos iniciado este sexenio derivado de la deforestación desmedida en todo el territorio nacional (selvas, bosques, manglares, principalmente), la pérdida de hábitats para la importante biodiversidad del país lo que coloca bajo atención especial a diferentes especies de flora y fauna, la presencia de especies introducidas que a la postre se han convertido en plagas o la sobreexplotación pesquera.
Aunado a lo anterior, se han intensificado políticas económicas que favorecen, por ejemplo, el surgimiento de una minería social, cultural y ambientalmente exfoliante.
Ahí está también la práctica del fracking (fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos), la construcción de presas sin criterios ecológicos, los proyectos eólicos, el turismo de masas, la extracción de petróleo, el desvío del cauce natural del agua o los problemas derivados de la construcción de vías de comunicación.
Seguramente la falta de personal de campo y el bajo recurso que se asigna a esta Procuraduría, influyen en esta situación; se entiende que el problema ambiental es compartido y responsabilidad de todos.
Pero aún así, la PROFEPA ata de manos a los que pretenden interponer alguna denuncia al querer convertir al ciudadano en una especie de agente de ministerio público. La plataforma de denuncia de esta procuraduría requiere que el denunciante proporcione nombre, teléfono y domicilio del presunto infractor, lo cual es inoperante en la mayoría de los casos. Como ejemplo está la deforestación en Michoacán por instalación de huertas aguacateras: quienes realizan esta operación lo hacen a través de intermediarios y comúnmente no son personas avecindadas del lugar dado que frecuentemente pertenecen a otros municipios y estados.
Por si fuera poco, al quejoso por instalación de huertas aguacateras se le pone en riesgo al denunciar actividades que muchas veces perteneces a altos funcionarios del gobierno federal y estatal, diputados, senador, presidentes municipales y crimen organizado.
En este sentido, es importante recordar que los defensores ambientales vulnerados en sus derechos (intimidación, agresión física, secuestro o asesinato) van en aumento estos últimos años. Particularmente en el 2017, los asesinatos de estos héroes ambientales aumentaron 400%, según Global Witness.
La nueva PROFEPA deberá contar con otro tipo de mecanismos para incidir y hacerse presente en sus funciones y ámbitos. No se necesita una denuncia de por medio para que actúe como en el caso de las huertas aguacateras.
Es tan evidente la infracción que, con un poco de voluntad y vocación de servicio y responsabilidad de los funcionarios involucrados, se puede atacar el problema. Por ellos es que necesitan buscarse nuevos mecanismos para instrumentalizar mejor sus atribuciones, lo que implica una depuración interna para acabar con posibles prácticas vergonzantes relacionadas a la corrupción.
Sin duda, es indispensable la gestión de más recursos para un mejor funcionamiento. Tipificar como delito grave el ecocidio en toda la república mexicana, ayudaría a atenuar la tragedia ambiental que vivimos.