El informe de Iniciativa Global indica que los empleados de las minas en México tienen que pagar “cooperaciones” para poder laborar y además, en ocasiones, son saqueados por las bandas criminales que utilizan metales como el oro para compra de armas y estupefacientes.
Regeneración, 30 de marzo de 2016.- El estudio titulado “El crimen organizado y el oro ilegalmente extraído en América Latina” de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, asegura que las organizaciones delictivas que se dedican al narcotráfico, han incrementado la extorsión, robo y amenaza a empresas mineras que operan en el país, propagando así la violencia en contra de trabajadores y comunidades en donde se instalan los proyectos mineros.
El informe, explica que solo en 2013, doce empresas mineras del estado de Coahuila fueron investigadas por la posibilidad de tener vínculos con el narco, lavado de dinero, evasión de impuesto y nulo cumplimiento de regulaciones federales.
La investigación se llevó a cabo en América Latina entre febrero y diciembre del año pasado, con el objetivo de investigar los vínculos de la delincuencia organizada y la minería ilegal de oro. Además, se pretendía explicar cómo este nexo facilita el lavado de dinero y la corrupción, desplaza poblaciones enteras, apresura la destrucción del ambiente y fomenta la explotación laboral.
La indagación se llevó a cabo en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Perú, Venezuela y Colombia. Los investigadores hicieron entrevistas con mineros y pobladores de localidades afectadas por la minería ilegal.
Los datos arrojados por el informe, indican que el crimen organizado y los principales cárteles como los Zetas, Los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos, Los Rojos y el Cártel de Sinaloa, controlan el derecho a realizar la actividad minera por lo menos en los estados de Guerrero, Michoacán, Morelos, Tamaulipas y Chihuahua.
El informe relata que en el año 2012, la PGR informó que las empresas son extorsionadas hasta por montos de 11 mil y 37 mil dólares para tener derecho de explotar una mina. Pero, la investigación abunda que no solo las empresas sufren por este delito sino también los mismos empleados que tienen que pagar cada uno, para trabajar en una mina.
Asimismo, indica que hay informes que destacan los robos de oro y minerales que realizan los cárteles a los trabajadores para utilizar los materiales en la compra de armas, trata de personas y realizar intercambios entre las mismas bandas delictivas.
Con información de Sin Embargo.