Perseguidos por un millar de integrantes del Ejército y la Policía Nacional Civil de Guatemala, alrededor de 700 habitantes de diversas comunidades de la región gualtemateca del Petén han huido este 2 de junio hacia la frontera del estado mexicano de Campeche.
Regeneración, 7 de junio de 2017.- El pasado viernes 2 de junio cerca de 700 personas de la comunidad de San Andrés en Laguna Larga, Municipio de La Libertad en Petén, Guatemala fueron desplazadas de manera forzada de sus tierras tras el anuncio de un desalojo masivo y el desplazamiento de más de 1000 efectivos de la PNC y del ejército de Guatemala.
Las personas no tienen otro camino posible que caminar hacia la frontera con México a la altura del Municipio de Candelaria, Campeche a donde llegaron hacia la tarde de ese día a 7 kilómetros del Ejido El Desengaño.
Hasta el momento nos reportan que entre estas 700 personas se encuentran principalmente niños, niñas, mujeres y adultos mayores, quienes se encuentran en una situación de emergencia humanitaria, tras haber recorrido en plena época de lluvias varios kilómetros de selva para llegar al poblado más próximo ubicado ya en lado mexicano.
Se reporta una situación de crisis médico-humanitaria, con niños y niñas que presentan enfermedades gastrointestinales y cutáneas, alojados en 35 carpas en mal estado y sin suficientes alimentos y medicinas. A pesar de lo anterior, las autoridades federales presentes impiden a las personas acudir al poblado más próximo bajo amenaza de deportarles.
En una primera visita por parte de organizaciones locales al Ejido El Desengaño, a donde se encuentran varadas hasta ahora en la línea fronteriza, representantes de la comunidad desplazada señalan que fueron recibidos por una comitiva del gobierno de México y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, quienes ya sabían que llegarían a ese lugar; sin embargo, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) les han intimidado y amenazado durante este fin de semana que si continúan su camino en México serán detenidos y deportados inmediatamente a Guatemala.
El Comisionado del INM, Ardelio Vargas Fosado, al momento de pedir personalmente la debida atención de la situación, señaló que el gobierno mexicano no comprará problemas de extranjeros, en lo que suponemos una referencia a que la postura del gobierno federal será negar la condición de refugiadas para estas personas.
Por lo que como organizaciones de la sociedad civil que acompañamos en esta situación nos preocupa una respuesta igualmente de violación a los derechos humanos para las personas desplazadas, siendo que vienen huyendo para salvar su vida e integridad desde Guatemala, violacion al derecho de asilo y principio de no devolución, compromisos que ambos gobiernos están obligados a cumplir por ser mandatos de Naciones Unidas.
De parte del Gobierno de Guatemala, de acuerdo a un artículo de Prensa Libre, el desalojo se fundamenta en “una orden de desalojo emitida por un juzgado de Petén, (donde) el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP argumenta como pretexto la conservación de la biosfera, pero se niega y entorpece cualquier proceso o alternativa que resuelva el reconocimiento de la población que habita dentro de la Laguna Larga, la Sierra Lacandona y la Laguna del Tigre.”
Con información de: RT