En los contratos del NAIM hay un par cláusulas de cancelación que podría ayudar al próximo gobierno, entre ellas la cláusula de ‘interés general’.
Regeneración, 31 de octubre de 2018.- En los contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), hay dos cláusulas de cancelación que podrían beneficiar al gobierno electo para pagar menos indemnizaciones o negarse a pagarlas.
Se trata de las cláusulas que apelan a que “existan causas de interés general” o “daños y perjuicios al Estado (o al erario)” que justifiquen la cancelación de forma anticipada, según indicó en su columna Salvador García Soto.
“Tras el anuncio de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y la recisión que se daría de los contratos de construcción de los grandes empresarios (Caslos Slim, de CICSA; Olegario Váquez, de Prodemex; Bernardo Quintana, de ICA; Hipólito Gerard, de GIA, y Héctor Ovalle de Cococal, entre otros), el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría usar dos ‘salidas legales’ para disminuir los montos de las indemnizaciones o de plano negarse a pagarlas e irse a tribunales”, dice el columnista.
“Los cinco grandes contratos de obra del NAIM en Texcoco se firmaron tres años antes de la elección presidencial, y ambas partes, tanto Peña Nieto como los empresarios que los firmaron, aceptaron las cláusulas, al parecer por la confianza de que habría una ‘continuidad transexenal’ en la obra”.
Es decir, los constructores jamás consideraron que habría alternancia y que el próximo gobierno decidiría cancelar la obra.
En el contrato se firmaron “mecanismos de terminación anticipada de los contratos de obra”, con las que las empresas aceptaron un amplio margen de parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), para dar por terminados los contratos.
Con la firma de estas condiciones, también aceptaron que dependiendo de la razón por la que se termine el contrato, se entregue una indemnización o se pague sólo por los «trabajos ejecutados a la fecha en que se declara la terminación» y no necesariamente por el monto total del contrato que obtuvieron.
De acuerdo a un análisis de los contratos de parte de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, el próximo gobierno tendrá un gran margen discrecional transexenal que le otorgaron los empresarios constructores, a partir de la aparente confianza que tenían en que la obra seguiría con un gobierno priista en el siguiente sexenio.
«El problema que tienen ahora los empresarios es que si López Obrador decide utilizar su consulta y su resultado, que hasta ahora no ha sido declarada ‘ilegal’ por ningún tribunal, para invocar el “interés general”, podría sólo pagar la parte parcial de las indemnizaciones correspondientes al avance que llevaban los trabajos. Incluso, si el nuevo gobierno demuestra ‘colmillo’ puede usar los reportes de la Auditoría Superior de la Federación sobre posible corrupción en las licitaciones, para argumentar un ‘daño al erario’ y ahí sí ¿quién quiere alegar?», señala García Soto.
«Bastaría que en diciembre el nuevo titular del Grupo Aeroportuario de la CDMX, ya nombrado por López Obrador, indicara que ‘por causas de interés general se rescinden todos los contratos’, para que las empresas se vieran obligadas a iniciar pláticas y negociaciones en las que el gobierno podría pagarles sólo la parte que había realizado y no toda la que realizarían según el contrato».
Desde que se anunció el resultado de la Consulta NAIM y hasta días después, AMLO indicó que la cancelación del Aeropuerto de Texcoco no tendría las implicaciones financieras catastróficas que había alertado empresarios.
«Ayer el secretario Ildefonso Guajardo decía no que no había problema se se cancela Texcoco ni habría crisis, ¿se referiría el titular de Economía a las cláusulas que le pueden dar sustento legal a la cancelación de Texcoco, anunciada por López Obrador?», se pregunta García Soto.