Por: Estefanía Camacho | Vice
11 de julio, 2014.-Ya se escuchan en la televisión y se leen en algunos diarios las maravillas que traen las leyes secundarias de la Reforma de Telecomunicaciones sobre no pagar el servicio de larga distancia nacional y sobre cambiar de compañía celular de forma gratuita. Muy padre, sí. Pero esta larga iniciativa presentada originalmente por el presidente Enrique Peña Nieto contiene más puntos desfavorables para la ciudadanía y otros muy favorables para las empresas privadas y los monopolios, según coinciden activistas mexicanos.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley Federal de Telecomunicaciones con 338 votos a favor, 129 en contra y una abstención. La minuta no tuvo cambios siquiera en alguna coma o en la redacción desde que fue entregada por el Senado una semana antes y tras escuchar 549 reservas de diferentes legisladores no admitidas sobre la iniciativa, fue turnada finalmente al Ejecutivo para su promulgación.
Organizaciones y activistas se pronunciaron en contra del dictamen, como la organización no gubernamental Artículo 19, que consideró que el proceso «no abonó a una discusión franca, transparente, donde se pusiera por encima el interés general».
Por otro lado, el activista Neftalí Granados del Colectivo por el Derecho a la Comunicación (Codec), expresó que esta iniciativa, parte del paquete de reformas estructurales avaladas por el Pacto por México «tiene un carácter mercantilista» al hablar de «usuarios» y «consumidores», pero no de una ciudadanía.
RADIOS COMUNITARIAS
El colectivo mexicano busca impulsar la democratización de medios en México, pues consideran que para que cualquier país logre consolidar su democracia, necesariamente tiene que pasar por la democratización de su sistema de medios de comunicación. Esta organización hizo, en 2013, un proyecto de reforma constitucional que llegó al Senado como iniciativa ciudadana (de los primeros proyectos que llegan al Senado como reforma constitucional) en el que proponían que el espectro radioeléctrico se dividiera en tres sectores de manera equitativa: el público, el privado y el social comunitario.
Sin embargo, como quedó la reforma no se establecieron los porcentajes de la reserva del espectro radioeléctrico por sector; pero el nivel de inversión extranjera directa que puede haber en telecomunicaciones es de hasta un cien por ciento y en radiodifusión hasta un 49 por ciento. «Es un regalo completo del espectro radioeléctrico a las empresas que dominan este país», opinó el activista miembro de Codec sobre la aprobación del dictamen.
Artículo 19 criticó el «clima de desinformación» en el que fue promovida por algunos medios de comunicación la discusión, por enfocar o priorizar el discurso de la aprobación de estas leyes en algunos de los avances para los usuarios de telefonía. Y lo mismo opinó al referir Codec que algunos diputados celebraran que se cancele el cobro de larga distancia. «En realidad lo que está en disputa es un recurso estratégico», explicó su integrante.
Neftalí Granados explica que del espectro radioeléctrico, sólo diez por ciento va para las radios comunitarias sociales que existen en el país y sólo la parte alta de la banda donde hay mayor interferencia. Además que no les permiten tener un financiamiento más allá del uno por ciento de recursos públicos. Ni les permitirán comercializar eso. “Se busca asfixiar a los medios públicos, cerrar el paso a los medios comunitarios sociales y se discrimina totalmente a los medios indígenas”, explicó Neftalí Granados.
DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS
Pero no sólo activistas se pronunciaron en contra de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, sino también los medios como RadioEducación, que expresó que los derechos de las audiencias «podrían convertise en letra muerta». En un comunicado explicaron que las audiencias de los sistemas de televisión de paga se encuentran “desprotegidas”, ya que los concesionarios de estos servicios no están obligados a tener mecanismos de autorregulación, entre éstos las Defensorías. Lo cual dañaría los derechos de las audiencias.
BLOQUEO DE SEÑALES
Otro punto importante es que la iniciativa original presentada por Peña Nieto proponía el bloqueo o anulación las señales de telecomunicaciones «en eventos y lugares críticos para la seguridad pública” a petición de autoridades. El Artículo 7º de la constitución establece que es inviolable la libertad de difundir información e ideas a través de cualquier medio. “No se puede restringir este derecho por medios tales como el abuso de controles […] encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”. Sin embargo, la redacción final de esta parte permitió limitar la señal de telefonía, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros penitenciarios, y «cuando así lo instruya la autoridad competente para hacer cesar la comisión de delitos» sin especificar.
Por lo cual, abre la puerta para el “abuso de la fuerza y arbitrariedades en manifestaciones u otros contextos a discreción de las autoridades”, según señaló un comunicado en contra de la legislación enviada por el poeta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Sicilia enfatizó que esta disposición ha sido prohibida sin ninguna excepción por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Esto sin duda puede llevarnos a una verdadera época de oscuridad en este país”, valoró Neftalí respecto al bloqueo de señales y la interrupción de las comunicaciones en un radio determinado.
Por otro lado, la legislación en la Cámara Alta una semana antes en materia de telecomunicaciones desató la indignación en redes sociales, donde los usuarios denunciaron a varios senadores en Twitter con el Hashtag #MexicanoTraidor y la foto del legislador que aprobó el dictamen. Entre los nombres figuraba Javier Lozano, Senador de Puebla por parte del Partido Acción Nacional (PAN); Marco Antonio Blásquez, Senador de Baja California por el Partido del Trabajo (PT), Zoé Robledo de Chiapas por el Partido de la Revolución Democrática, Omar Fayad por Pachuca del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y más.
GEOLOCALIZACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Otro punto crítico es el hecho que las empresas recabarán datos de geolocalización y control de comunicaciones hasta por dos años de cualquier ciudadano.
En palabras del integrante de Codec, esta geolocalización se daría sin la mediación y sin una instancia judicial. Las dependencias correspondientes, que pueden ser desde la Sedena, hasta la PGR o la Secretaría de Gobernación, podrían acceder a estos datos y conocer en tiempo real dónde está ubicada alguna persona. Esto durante uno o dos años, por lo que descifrarían las rutas de algún individuo: como la dirección de su casa, de la escuela, del trabajo. “Pueden saber a quién frecuentas, dónde duermes, con quién duermes”, explica Neftalí.
“Pueden detectar la preferencia sexual, perspectiva política, parentescos, relaciones familiares, invade la intimidad de las personas, de cualquiera. Los diputados están aprobando que ellos sean espiados, lo están legalizando”, afirmó en entrevista el activista.
Para Codec, la aprobación de este dictamen sentaría un precedente a nivel mundial, “seríamos el primer pueblo que permite este tipo de control sobre los ciudadanos”. Además afirman que prácticamente todos los ciudadanos nos volvemos sospechosos debido al carácter discrecional que tiene el acceso a estos datos. Asimismo, explica que resguardar estos datos genera costos a las empresas por lo cual podría fomentar el mercado negro de los datos personales.
“Lo que están aprobando, prácticamente, si estuviéramos en un partido de futbol, es que cuando el gobierno meta mano en el área, no sea penal”, comparó Granados.