Con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) “plagiada, omisa y desactualizada”, una generadora de energía pretende obtener el permiso de la SEMARNAT para construir una hidroeléctrica en los ríos Zempoala y Ateno en cinco municipios de la Sierra Norte de Puebla.
Por Leticia Ánimas.
Regeneración, 06 octubre 2017.- Con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) “plagiada, omisa y desactualizada”, la empresa Generadora de Energía San Antonio (GESA) pretende obtener el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para construir una hidroeléctrica en los ríos Zempoala y Ateno en cinco municipios de la Sierra Norte de Puebla.
De acuerdo con especialistas en la materia, la MIA ingresada por GESA a la dependencia federal el pasado 21 de Julio y registrada con el número de expediente 21PU2017E0058, es una “mala copia, mutilada” de la que en el año 2013 fue presentada por el mismo corporativo que quiere instalar una generadora de energía en terrenos de Xochitlán de Vicente Suárez, Zapotitlán de Méndez, Atlequizayan, Nauzontla y Zoquiapan y que tenía el número 21PU2013E0002.
Por ello, dijeron la SEMARNAT debió haberla desechado ya que según el procedimiento cuando el equipo técnico de la Secretaría detecta “que la información es inconsistente, en cuanto a tiempo y lugar y como en este caso, plagiada, debe negar el permiso ambiental”, señalaron los expertos encabezados por Julián Rosales.
“A la manifestación de impacto ambiental que la empresa quiere que le aprueben sólo le cambiaron el nombre del técnico responsable. No fue elaborada en campo, por lo que ni las condiciones, ni los impactos del proyecto al Sistema Ambiental Regional corresponden a la realidad. Además se eliminó el apartado relativo a las especies en peligro de extinción contempladas en la NOM 059 y los lineamientos de su programa de manejo”, consideraron.
Esta situación genera responsabilidad para la empresa, dijeron, que permitió el uso “ilegal” de un documento elaborado hace cuatro años por la consultora “Geomática”, pero también para la técnico ambiental que la firma, porque ella –Norma Raquel Sánchez Ortiz- declara que el estudio lo elaboró “bajo protesta de decir verdad. Y como es una declaración ante una autoridad, puede ser constitutiva de delito”.
La elaboración de una MIA, indicaron, implica establecer las condiciones del sitio de influencia del proyecto, haber estudiado la cuenca de los ríos Zempoala y Ateno para determinar el impacto regional, hacer un modelo de predicción, “y por no haberlo realizado, es imposible establecer los daños a las más de 500 hectáreas de terreno que se pueden considerar como el área de influencia operativa del proyecto, y no sólo las 16.085 hectáreas que dice el estudio que están involucradas”, así como sus medidas de mitigación.
Para ejemplificar lo anterior, los especialistas ambientales mostraron las páginas 242 y 243 de la MIA elaborada por Geomática en el año 2013 y las páginas 66 y 67 del estudio que fue presentado a la SEMARNAT en Julio de 2017. “Hasta las fotografías son las mismas” y fueron obtenidas en los muestreos de vegetación y fauna del lugar, realizados entre Septiembre 2011 y Junio de 2012 por la primera consultora.
Es lamentable, señalaron, que el trámite que se ha solicitado a la dependencia federal “esté basado en un documento plagiado, que dio origen a la autorización que obtuvo GESA en el mismo 2013 y que fue cancelada” por la falta de realización de una consulta pública en términos del Convenio 169 de la OIT debido a que el proyecto afecta territorio de los pueblos originarios.
“Las condiciones y características naturales han cambiado de entonces a la fecha, amén de las condiciones políticas y sociales. El proyecto que ahora se llama Presa San Antonio enfrenta el rechazo de las comunidades, aunque los afectados directos son 45 propietarios -16 de ellos tuvieron que promover juicios de usucapión para obtener sus escrituras- con quienes GESA, por medio de amenazas, sólo ha firmado contratos de arrendamiento y algunas promesas de compraventa”, precisaron.
Pero el proyecto en el que se invertirían 127 millones de dólares, indicaron, “jurídicamente hablando, no existe”.