La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) declaró la noche de ayer “inexistente” e “ilícita” la huelga de La Jornada, bajo diversas causales: la primera de ellas, que no se suspendieron labores con abandono de instalaciones, ya que un inspector dio fe de que trabajadores seguían laborando en hora y fecha de la colocación de las banderas rojinegras.
Regeneración, 03 julio 2017.- Ayer, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) capitalina, notificó a la guardia del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor), a la representación legal del sindicato y al de la empresa Demos Desarrollo de Medios SA de CV, que declaró inexistente la huelga que estalló el viernes 30 y que tienen 24 horas para que regresen a trabajar o la empresa terminará la relación laboral con los huelguistas.
Pasadas las 23:00 horas, el actuario Ismael Rosas fue el encomendado para entregar las notificaciones. El Sitrajor tiene 24 horas para ampararse.
Entre los argumentos de la junta para declarar la inexistencia están que no suspendieron labores ni abandonaron instalaciones, la falta de legitimación sindical, que no existía legitimación de la causa, la inexistencia de objeto de la huelga, y que no se puede revisar el contrato colectivo de trabajo por la situación económica por la que atraviesa la empresa, entre otros.
Cuando el actuario llegó a las instalaciones de La Jornada, alrededor de las 11 de la noche, había una guardia que pernoctó en las dos carpas que instalaron afuera del periódico, entre las que estaba la secretaria general del sindicato, Judith Calderón Gómez, quien no quiso firmar de recibido porque el sindicato dio el domicilio de su sede, no de la guardia, para recibir notificaciones.
Horas antes, la empresa y el sindicato habían celebrado una audiencia incidental de calificación de la huelga en la que estuvieron presentes Calderón Gómez y sus abogados por parte del sindicato, así como el abogado Alejandro Roel Calvillo, por parte de la empresa, quien argumentó que es falso que todos los trabajadores sindicalizados hayan parado sus labores porque el periódico sigue publicándose.
“Insiste, en primer lugar, que la supuesta huelga carece de objeto, toda vez que el laudo mencionado en autos del conflicto colectivo de naturaleza económica se modifican las condiciones de trabajo incluso de manera retroactiva desde la fecha que se presentó la demanda, por lo que carece de materia el emplazamiento a huelga”, indicó, de acuerdo con el acta elaborada por la Secretaría Auxiliar de Huelgas de la JLCA de la Ciudad de México, signada con el expediente 127/2017.
En sus argumentos, el abogado de la empresa aseguró que la votación de 133 trabajadores a favor de la huelga no se realizó “como lo acostumbra, es decir, utilizando boletas foliadas”. Dijo que tienen un documento con la queja de “más de cuarenta personas” por la forma como se realizó la votación y que incluso algunas supuestamente ya habían votado cuando apenas iban a votar, dijo.
Se quejó de que el padrón sindical es de 250 personas, pero a favor de la huelga votaron 133, lo cual, dijo, no cumple con el requisito de tener el 60% de los votos para tal fin. Argumentó que había 60 personas trabajando cuando se colocaron las banderas rojinegras y los candados en la puerta principal.
Por parte del sindicato, los abogados pidieron que se desecharan los argumentos de la empresa “por ser meras expresiones y manifestaciones subjetivas carentes de fundamentación y motivación jurídica”. Entregaron pruebas como las respuestas a las peticiones de la empresa, sobre los engaños, mentiras y la conducta poco ética de la representación legal de la empresa, “especialmente desde el inicio de la huelga”.
Además, presentaron una copia simple de la asamblea del Sitrajor para acreditar el cumplimiento de sus estatutos, el acta de asamblea del 30 de junio “que contiene el detalle de la votación de los trabajadores y la descripción de cómo se abrió la urna de la votación y escrutinio realizado” con los 133 votos a favor de la huelga, 64 en contra y seis abstenciones, y que demuestran que la votación se realizó del 27 al 29 de junio, según el acta presentada.
Asimismo, el sindicato señaló “que bajó protesta de decir la verdad, se manifiesta que de manera inhumana, ilegal, injusta, arbitraria y contraria a derecho, la empresa Demos Desarrollo de Medios SA de CV se ha abstenido de hacer el pago a los trabajadores sindicalizados de los salarios devengados y la despensa de la catorcena del 17 al 30 de junio de 2017, afectando con ello a 216 familias, recursos que debieron ser entregados el 30 de junio antes del estallamiento a huelga”, utilizando esto como presión sobre los trabajadores, indicaron los abogados del sindicato.
Además, entregaron actas firmadas sobre la asamblea donde se decidió estallar la huelga, una memoria USB con el video de la votación referente a la apertura de la urna, y cómo sacaron las boletas una por una.
Presentaron el acta donde el actuario Ismael Rosas da fe de que el sábado pidieron que dejaran salir a personas que no pertenecen al movimiento huelguista porque son personal de confianza de la empresa como son la gerente general, Tania Olmos; el coordinador de Tecnología y Comunicaciones, Ángel Hernández; el coordinador de Recursos Humanos, Leo Vera; el coordinador de Recursos Materiales, Andrés León, “que no trabaja en el periódico” y otros accionistas que tienen puestos de confianza como Miguel Ángel Velázquez, jefe de la sección Capital; Pablo Espinosa, jefe de Cultura; Pedro Aldana Aranda, jefe de Deportes; Emilio Lomas Maldonado, jefe de Economía; Josetxo Zaldúa Lasa, coordinador general de edición; Arturo García, jefe de la sección de internet; la asesora de la dirección, Guillermina Álvarez; Rolando Medrano, jefe de los corresponsales; José Ramírez, de publicidad; Eva Vargas, también de publicidad; la coordinadora de información general, Elena Gallegos; Antonio Helguera, caricaturista y Alma Muñoz, “que no es sindicalizada”. Así, pretendió desestimar las pruebas al respecto presentadas por la empresa en las audiencias del 2 de julio.
Con estas pruebas, el sindicato argumentaba la huelga era lícita, por lo que la solicitud de la empresa para declararla inexistente estaba “infundada”.
Con información de Proceso