El Senado consuma hoy la conversión de pasivos de Pemex en deuda pública
Hoy concluye la aprobación del paquete de leyes energéticas
Regeneración. Agosto 6, 2014 México, DF.- El Senado concluirá hoy la aprobación del paquete de leyes secundarias en materia energética, remitido al Congreso por el presidente Enrique Peña Nieto.
El pleno senatorial votará el último de los seis dictámenes de esa legislación que comprende la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública. La fracción del PRD adelantó que votará en contra de la decisión de asumir como deuda púbica los pasivos laborales de Pemex.
La bancada que coordina Miguel Barbosa adelantó que no puede avalar una medida que afecta a los trabajadores petroleros, a los que se impone la renegociación de su contrato colectivo, para eliminar una jubilación digna, mientras se premian los abusos de los líderes sindicales y los directivos de las empresas.
Sólo podrá conocerse una parte incompleta de las razones que generaron los pasivos, “permitiendo una vez más la historia de impunidad que cubre la dudosa actuación de dirigentes sindicales y actos directivo de Pemex”.
La bancada perredista advirtió que tal como se calculó, ese pasivo es imposible conocer cómo está integrado y el peso de “megapensiones” de los funcionarios púbicos que ingresaron en Pemex y también en la Comisión Federal de Electricidad durante los sexenios en que gobernó el PAN.
De acuerdo a los datos dados conocer por el PRD, de 2001 a 2012, se crearon 4 mil 537 plazas más de confianza en la petrolera, además de que el 77 por ciento de más de 5 mil trabajadores de niveles ejecutivos y mandos medios, fueron obligados a jubilarse de manera anticipada. Con ello, el pasivo se elevó de 535 mil millones de pesos, en el 2002 a 1.3 billones de pesos en 2013. “Es decir, el incremento se debe en buena medida al botín de los gobiernos de derecha”.
Por ello, el PRD votará en contra, ya que se trata de una “reforma privatizadora, que además de afectar a los trabajadores de las paraestatales, hará inviables a esas empresas públicas”.
Por Andrea Becerril y Víctor Ballinas / La Jornada