Tras el escándalo de corrupción en el Congreso de San Luis Potosí que involucra a la mayoría de partidos representados ¿no sería hora ya de que las y los ciudadanos potosinos soliciten al Senado declare la desaparición del corrupto poder legislativo de San Luis Potosí?
Por Federico Anaya Gallardo
Regeneración, 27 de Junio de 2017. Estamos en la tercera semana de un escándalo mayor en la legislatura potosina. Tres diputados han anunciado que pedirán licencia temporal, dicen ellos, por respeto a la institución del Congreso del Estado y para facilitar las investigaciones del caso. Aseguran su inocencia y que regresarán a sus curules para “seguir sirviendo al Pueblo”. Conviene que las ciudadanías de San Luis Potosí y de la República reflexionen un momento. ¿Qué instituciones están involucradas en este escándalo y cómo han sido afectadas? ¿Quién va a investigar y qué es lo que hay que averiguar?
El escándalo inició el 12 de junio de 2017 con un vídeo grabado y entregado al periódico local Pulso por Crispín Ordaz, alcalde de Ébano en la región Huasteca. Allí se ve al diputado Enrique Flores Flores (PAN, plurinominal) explicando al munícipe cómo debe hacerle para “limpiar” los resultados de una revisión que practicó la ASE (Auditoría Superior del Estado) a su Ayuntamiento y que, al parecer, arrojaba 40 millones de pesos en irregularidades. Flores le indicó que debía pagar una mordida del 10% de las irregularidades (4 millones de pesos). Flores aclaró que él era parte de la “ecuación”, pero que en el caso de Ébano él no cobraría debido al apoyo que antes había recibido del edil. Flores explicó en el vídeo qué diputados están implicados y cómo funciona la “ecuación”.
En un sistema de división de poderes, los órganos del Estado tienen atribuciones que les permiten vigilarse recíprocamente. El poder legislativo aprueba los presupuestos del gobernador y de los ayuntamientos. También puede vigilar cómo se ejerce el dinero aprobado y para ésto tiene una Comisión de Vigilancia. El trabajo técnico de revisión lo realiza un órgano autónomo de fiscalización (la ASE) que presenta sus reportes a la comisión. Al final, si todo está en orden, el pleno de la legislatura aprueba las cuentas anuales del gobernador y de los presidentes municipales. La autonomía de la ASE asegura la profesionalidad e imparcialidad de las investigaciones que realizan sus auditores.
La “ecuación” que Flores explicó al edil de Ébano es como sigue: los empleados de la ASE documentan las irregularidades de los municipios (y si no encuentran problemas, los inventan). Cada irregularidad implica una cantidad de dinero supuestamente mal administrado. La ASE reporta extraoficialmente esos “pliegos de observaciones cargados” tanto a la Comisión de Vigilancia como a los alcaldes en problemas. Entonces se abre una negociación en la que los diputados de la comisión solicitan a los alcaldes entre 10 y 20 por ciento del monto supuestamente irregular para modificar el pliego de observaciones y dejarlo “limpio”. Si el alcalde “está muy empinado”, la cuota por la limpieza “del cagadero” (sic en la explicación de Flores), aumenta. El dinero de esta cuota corrupta se reparte entre los diputados así como entre los directivos y empleados de la ASE que prepararon todo. La prensa potosina ha documentado en las últimas dos semanas cómo los diputados involucrados en esta trama colonizaron la ASE con personas de su confianza para asegurarse que la “ecuación” rindiese frutos.
La Comisión de Vigilancia de una legislatura, con su órgano de fiscalización (la ASE), es una institución esencial del sistema parlamentario. Que esté afectada por una “ecuación” como la explicada por Flores es muy grave. Pero el caso es peor. El diputado Flores, en el momento de “asesorar” al presidente municipal de Ébano, era el Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del congreso. La JUCOPO es la cabeza del poder legislativo, coordina todos los trabajos de la legislatura y representa a esta frente a los otros poderes. Luego de la transición democrática mexicana, casi todas las legislaturas estaduales crearon organismos como la JUCOPO porque ningún partido tenía suficientes diputados para presidir el congreso en solitario. Esta es la realidad actual de San Luis Potosí. De los 28 diputados del actual congreso potosino (LXI Legislatura) el PRI tiene 8, el PAN 7 y el PRD 4, que suman 19 votos. Los otros siete partidos se reparten los nueve diputados restantes. El PANAL y el Verde, que en 2015 compitieron coaligados con el PRI se aseguraron en su convenio de alianza, tener cada uno dos diputados plurinominales en la legislatura. Los demás sólo tienen uno. La legislatura es controlada por un arreglo que involucra a los tres partidos mayores y a los satélites del PRI. En el vídeo del escándalo, Flores (PAN) señaló como parte de su “ecuación” a los diputados Oscar Bautista Villegas (PRI, Distrito X Rioverde), J. Guadalupe Torres Sánchez (PRD, plurinominal) y Manuel Barrera Guillén (Verde, plurinominal). En otras palabras, el arreglo de corrupción incluye a los partidos que hacen mayoría en la legislatura y quienes controlan tanto la JUCOPO como la Comisión de Vigilancia y la ASE.
La primera consecuencia del escándalo fue que el 13 de junio Flores renunciara a la coordinación de los diputados del PAN en la legislatura y abandonase la JUCOPO. Al mismo tiempo, la Comisión Nacional Anticorrupción del PAN abrió una investigación en su contra, pero el sábado 17 de Junio El Universal de México reportó que Flores había renunciado a su militancia panista. La totalidad de los miembros de la Comisión de Vigilancia renunciaron a ésta, pero no a sus cargos como diputados. El pleno del Congreso simplemente formó una nueva comisión –siguiendo el mismo arreglo parlamentario que imperaba antes.
El viernes 16 de junio se anunció en La Jornada San Luis la renuncia del coordinador de auditorias especiales de la ASE, Abraham Reinhardt, quien también había sido mencionado por Flores como parte de la “ecuación”. También se informó que el jueves 15 hubo presencia policial en el edificio de la ASE y que Reinhardt no se había presentado a trabajar. El sábado 17 de junio, La Jornada de México reportó la renuncia José de Jesús Martínez Loredo, presidente de la ASE –quien alegó “motivos de salud”. Sin embargo, de acuerdo con El Sol de San Luis (21 de Junio), al menos 30 de los cuadros que operaban la “ecuación” Flores en la ASE fueron basificados por Martínez Loredo justo antes de renunciar y estarían trabajando “en la Oficialía del Gobierno del Estado”. Si esta última información se corrobora, entonces se demostraría que la plantilla de la ASE no sólo es vulnerable a las componendas parlamentarias, sino que está indebidamente en conexión con la burocracia que depende del poder ejecutivo estadual.
De acuerdo a México Extraordinario (20 de Junio) el sector privado pagó dos desplegados en la prensa potosina exigiendo la “separación inmediata” de los diputados involucrados en la “ecuación” y una limpia de la ASE. Los empresarios consideraron que las renuncias en la ASE eran insuficientes, por lo que pidieron la “aplicación de las sanciones que procedan para cada uno de los participantes en esta red de corrupción; la eliminación del fuero y la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para depurar los trabajos de fiscalización de las cuentas públicas” potosinas. Esta última demanda la hicieron respecto de todas las cuentas desde el año 2013, pues se considera que los trabajos de fiscalización de los últimos cuatro años carecen de confiabilidad.
El 19 de Junio Astrolabio reportó que el procurador general de justicia potosino, Federico Garza Herrera, anunció que en un futuro incierto “en caso de que en las denuncias por corrupción a raíz del video donde aparece el diputado Enrique Flores Flores se encuentren elementos para perseguir delitos” la institución a su cargo pediría el desafuero de los diputados involucrados ¡a la misma Legislatura estadual! El mismo día, La Jornada San Luis reportó la posición del arzobispo católico de San Luis Potosí. Jesús Carlos Cabrero Romero declaró que las renuncias en la ASE “no garantizan que se erradiquen este tipo de prácticas en los diferentes organismos estatales”, recordando que “la vida de servidor público es una vocación, una misión y especialmente una representatividad ante el pueblo”.
Luego de dos semanas de escándalo, Flores (PAN), Bautista (PRI) y Torres (PRD) han anunciado que se abandonarán el Congreso pidiendo una licencia temporal. Los dos primeros ya presentaron sus solicitudes por escrito y el pleno del Congreso las discutirá esta semana. El escrito de Torres no ha sido presentado. Barrera (Verde) no ha declarado nada aún. Pero la licencia temporal no arregla la situación. Incluso la empeora. El suplente de Flores es Jorge Luis Miranda Torres (PAN), ¡quien estaba en la ASE recomendado dentro de la “ecuación”! Jesús Quintero Díaz (PRI), suplente de Bautista, es una persona violenta que participó en una golpiza propinada al alcalde de Ciudad Fernández. A Barrera lo sustituiría un primo suyo, Eduardo Guillén Martel (Verde). Finalmente, el sustituto de Torres sería Juan Alejandro Méndez Zavala (PRD), un cuadro ligado a la administración municipal de Ricardo Gallardo en la ciudad de San Luis Potosí. Aquí debe recordarse que, pese al gran escándalo por la adquisición oscura de millones de pesos en medicinas, reportada por La Jornada San Luis como el Caso Sandra Sánchez Ruiz, las cuentas anuales de la administración municipal perredista de la capital potosina han salido milagrosamente limpias de las revisiones de la ASE y la Comisión de Vigilancia. ¿Fue esto fruto de la “ecuación” Flores? Es una pregunta legítima de la ciudadanía.
Visto quiénes son los sustitutos de los diputados involucrados, la “ecuación” Flores no desaparece con las licencias temporales. Esto lo entendieron correctamente las ciudadanas de Valles, que el miércoles 21 de Junio impidieron que se celebrara allí una sesión de la legislatura al grito de “¡No hay sesión!” “¡Muera Enrique Flores, traidor al pueblo!” “¡Estos son, estos son, los que roban la Nación!” “¡Váyanse a hacer sus sainetes a San Luis Potosí!” El congreso potosino puede sesionar en cualquier parte del territorio estadual –un mecanismo diseñado para integrar un estado formado por tres regiones muy diversas. Que un grupo de ciudadanos haya echado a los diputados de la principal ciudad de la Huasteca es un indicador serio de inestabilidad. Ante el desastre de la sesión en Valles, el diputado priísta José Luis Romero Calzada (PRI, Distrito IV, Salinas) declaró a Pulso (22 de junio) que “es muy triste ver cómo se está desmoronando un poder, el Poder Legislativo”.
Si las licencias no bastan, ¿qué hacer? El sistema federal mexicano prevée entre las atribuciones del Senado de la República declarar que han desaparecido los poderes de una entidad federativa (Artículo 76 fracción V de la constitución general). Esta facultad está reglada por una Ley de 1978, cuyo artículo segundo indica las causales de desaparición: “se configura la desaparición de los poderes de un Estado … en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales: … III.- estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico;…” Esto, justamente, es lo que vimos en Ciudad Valles el pasado 21 de junio. El artículo tercero de la Ley nos dice que la petición para que el Senado conozca de las causas de desaparición de poderes, “podrá ser formulada por … ciudadanos de la entidad.” Admitida por el pleno senatorial, la comisión que analice el caso debe resolver en cinco días. Las y los ciudadanos potosinos deberían presentar el caso y obligar a que los Senadores de la República se pronuncien sobre el mismo al tiempo que admitan o no la petición. La consecuencia de una desaparición del poder legislativo potosino sería que el Pueblo tendría la oportunidad de votar por una nueva legislatura que sustituya a esta que ha demostrado ser corrupta e incapaz.
Que toda la legislatura potosina está mal lo demuestra no sólo la inacción de las fracciones parlamentarias, quienes se contentaron con nombrar una nueva Comisión de Vigilancia, vieron pasivamente cómo renunciaba el presidente de la ASE “por motivos de salud” y decidieron esperar, sentados, a que en el futuro el procurador general de justicia tal vez les pida un desafuero. Ciertamente, tuvieron la decencia de no aprobar las cuentas municipales que les presentaron los operadores de la “ecuación”, pero no queda claro cómo van a transformar la ASE. A lo más que ha llegado esta diputación es a la especie de canto triste del diputado Romero (PRI) luego del desastre en Valles.
Pero esa hipócrita elegía no es lo peor: el diputado Óscar Vera Fabregat (Conciencia Popular, plurinominal) incluso ha anunciado que “el Congreso del Estado interpondrá denuncias penales contra seis manifestantes que reventaron la Sesión” en Valles. En vídeo trasmitido el 23 de Junio por Canal 7 de San Luis Potosí, Vera señaló: “Ya se ubicó por la policía quiénes fueron los seis claves allí, y se les va a consignar. De los seis que hayan sido, pus que pasen un ratito allí (en la cárcel), que gasten su dinerito en defenderse. La autoridad no puede quedarse callada, ¿ehe?” Se les acusaría de motín y sedición. Pocos recuerdan hoy que Vera Fabregat fue procurador general de justicia en los años noventa luego de los fraudes contra el segundo navismo y que su récord en materia de derechos humanos dejó bastante qué desear.
Los parlamentarios potosinos, en lugar de actuar para corregir el desastre que muestra el escándalo, prefieren reprimir a la ciudadanía que con justa razón les ha reclamado sus malas obras. Los y las huastecas que se atrevieron a echar de su tierra a una legislatura corrupta están amenazados de cárcel por “amotinados” y “sediciosos”. ¿No es hora ya de que las y los ciudadanos potosinos soliciten al Senado declare la desaparición del corrupto poder legislativo de San Luis Potosí?