Proyecto alternativo de Nación.
Capítulo 5 NUEVA ECONOMÍA
El objetivo principal de la nueva economía será incrementar el nivel de bienestar de los ciudadanos mexicanos
El fracaso del modelo económico neoliberal, implantado hace más de un cuarto de siglo, es evidente: el país no creció; unos cuantos acumularon inmensas fortunas , en tanto que más de la mitad de la población subsiste en la pobreza, incluyendo la extrema pobreza.
Nuestro movimiento propone un nuevo modelo económico que impulse la producción y el empleo en lugar de privilegiar los negocios financieros y especulativos.
Se plantean mecanismos para impulsar un crecimiento incluyente; es decir, que los frutos de la economía se distribuyan de forma equitativa entre la población.
El propósito central es mejorar los niveles de vida reales de la gente, a través del crecimiento, el empleo y mejores salarios. Sólo así se logrará una mejoría creciente y permanente en el bienestar de los mexicanos.
El Estado debe reasumir su responsabilidad de conducir el desarrollo y velar por la prosperidad de la población La actual crisis financiera y económica mundial revela que el mercado, sin la regulación apropiada del Estado, no es capaz, por sí mismo, de ofrecer un desarrollo económico balanceado, eficiente y a la vez justo.
Por esta razón, el papel del Estado en la economía ha adquirido un perfil más activo, concorde con la evolución de la economía y el mundo. Los gobiernos, para fortalecer sus economías, están retomando el espacio que cedieron al mercado y al capital financiero, a la vez que introducen nueva supervisión y
regulaciones en diferentes actividades económicas y financieras.
La base de la nueva política económica es la planeación del desarrollo de acuerdo con el interés nacional y el ejercicio democrático de gobierno. Es fundamental la intervención pública –de sociedad y gobierno– para reactivar la economía y generar empleos, desarrollar planes para integrar cadenas productivas locales y regionales y maximizar el empleo y el valor agregado nacionales.
El Estado debe retomar su responsabilidad social
y combatir la desigualdad
El Estado debe apoyar a los productores y a las empresas nacionales; impulsar las cadenas productivas regionales y la creación de empleo. Queremos un Estado que fortalezca el tejido social y los mecanismos económicos de subsistencia, solidaridad comunitaria, ayuda mutua, asociación; además que promueva el mercado justo y apoye las economías locales. En el desarrollo nacional es clave el apoyo a la educación, la ciencia y la tecnología.
La nueva política económica se enfocará en la economía real, en el trabajo y en la producción de bienes necesarios
Sin producción no hay empleos, industrias, consumo, mercado, bienestar colectivo, ni economía poderosa, ni nación soberana. La nueva economía debe generar mayor equidad, competencia y competitividad. Así mismo, se proponen mecanismos para un crecimiento incluyente, cuyos frutos se distribuyan de forma equitativa entre la población, logrando una mejoría creciente y permanente en el bienestar de los mexicanos.
Una economía fuerte con mayor competencia interna y competitividad frente al exterior
La competitividad es clave para crecer; la competencia interna es vital para lograr la competitividad, ya que precios altos internos dañan la competitividad.
El combate a los monopolios y precios competitivos en los energéticos son requisito indispensable para crecer, así como para evitar la concentración excesiva del ingreso y avanzar en la equidad social.
Una economía nacional firme en la globalidad
La globalización económica es real y debe tomarse en cuenta. Países como Brasil, India y China han sacado buen provecho de las tendencias globales; otros, como México, se han quedado atrás. En esos países el papel del Estado ha sido central en su desarrollo.
Nuestra propuesta considera el contexto internacional para fortalecer nuestra economía interna y aprovechar las oportunidades del mercado mundial. En las relaciones comerciales con el exterior se buscará equilibrio y reciprocidad con los distintos socios comerciales.
Fortalecer la economía popular y la pequeña y mediana empresa
El apoyo a la economía familiar y a la economía a baja escala son parte fundamental de la nueva política económica. Son las pequeñas y medianas empresas las que más empleo generan en México, son indispensables programas de crédito y facilidades para el autoempleo para multiplicar este tipo de empresas.
Apuntalar al hogar como unidad económica fundamental
La sociedad debe recuperar su lugar en la economía local y regional como generadora de bienestar, riqueza y empleo, este proceso debe alcanzar a la propia economía doméstica o del hogar, que es una dimensión habitualmente olvidada de la planeación económica.
En plena sinergia con el Estado, los ciudadanos deben tomar acciones en relación con la alimentación, la salud, la vivienda, el agua y el crédito, con conciencia ecológica y social, a fin de adoptar una nueva forma de vida y de edificar hogares seguros, sanos y autosuficientes. Lo anterior significa construir un poder doméstico para enfrentar de mejor manera y solidaria los retos e incertidumbres del futuro.
Planeación sectorial y regional con participación social y privada
La cooperación estrecha de los sectores público, social y privado es un principio básico para construir una economía fuerte y una sociedad más justa. Se debe propiciar la convergencia de la inversión pública y privada mediante estrategias de desarrollo regional.
El Estado apoyará la viabilidad y facilitará el diseño y ejecución de los planes, con la participación social y privada de las propias regiones, para incrementar el valor agregado y la creación de empleos.
Aumentar la inversión pública en infraestructura
El gobierno recuperará, gradualmente, los niveles de inversión hasta alcanzar los que se registraron en los periodos de alto crecimiento económico. La inversión en infraestructura genera mucho empleo y requiere de menos recursos que otras
actividades.
Financiamiento accesible y barato para las actividades productivas
A través de diversos canales (banca nacional, banca regional, banca de desarrollo) se instrumentarán esquemas para asegurar financiamiento a la actividad productiva en montos y condiciones comparables a las de nuestros competidores. Se requiere promover el apoyo de la banca privada a este propósito, además de impulsar bancos regionales y que la banca de desarrollo apoye directamente a los agentes económicos.
El Banco de México debe velar por el crecimiento
y no sólo por controlar la inflación
Que el BM haga un nuevo balance de riesgos en donde se considere un riesgo tanto la inflación como un alto desempleo de la planta productiva. Se propondrá al Poder Legislativo cambiar el mandato del Banco de México, para que incluya crecimiento y no sólo combate a la inflación.
Revisar los acuerdos comerciales para lograr relaciones equitativas
Se buscará aumentar la producción en el campo, lograr la autosuficiencia alimentaria y crear las condiciones para que los campesinos y agricultores puedan arraigarse en sus comunidades. Debe revisarse el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, para que sirva como instrumento para una relación equitativa en la región.
Particularmente, se debe renegociar su capítulo agropecuario, sobre todo en granos como el maíz y el frijol. No es aceptable que nuestros productores compitan, sin subsidios, contra productores fuertemente subsidiados.
La mejor defensa de los derechos de trabajadores
es la democracia sindical
Para lograr una mejor distribución de los frutos del crecimiento, se buscará garantizar la plena representación de los asalariados, mediante una verdadera democracia sindical, incluyendo el voto secreto, la mayor transparencia y rendición de cuentas del uso de los recursos sindicales y evitando cualquier injerencia patronal o gubernamental.
También se impulsará la recuperación del ingreso de los trabajadores. Se alentará la productividad con reparto de beneficios. Se dará protección al trabajo y se promoverá el empleo formal y la justicia laboral imparcial y oportuna.
Todas las políticas de desarrollo y proyectos económicos
tendrán en cuenta sus impactos ambientales
y serán sustentables desde el punto de vista ecológico.
Hoy los recursos naturales y la calidad del aire, suelos y agua, han sido objeto de agudos procesos de deterioro. Ello es especialmente notable en los casos de la minería, el turismo, la extracción petrolera, la expansión urbana, y las modalidades industriales de agricultura, pesca, ganadería y producción forestal. Todas las políticas públicas y planes de desarrollo tomarán en cuenta la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente.
Consumo responsable
Promover en la sociedad la responsabilidad en el consumo y la información técnica para normar la adquisición de productos naturales sanos y artículos que no dañen la naturaleza.
Reducir el consumo de productos contaminantes.
Poner en práctica la reutilización y el reciclamiento. Auspiciar el consumo solidario, el pago justo por el trabajo realizado, eliminar discriminaciones, potenciar alternativas sociales y e integración para procurar un nuevo orden social.
Es importante señalar que las propuestas que se presentan complementan medidas incluidas en otros capítulos, como combate a los monopolios, precios de energéticos competitivos y una reforma fiscal progresiva. Las principales propuestas de esta nueva economía están basadas en lograr mayor equidad, competencia y competitividad.
Antecedentes
En los últimos 25 años, los gobiernos neoliberales desmantelaron la planta productiva nacional, las instituciones y las políticas sociales y económicas del Estado mexicano, auspiciaron el saqueo con las privatizaciones de empresas y bienes públicos, apostaron todo a la dependencia con el exterior y entregaron el control de la economía a unas cuantas empresas y monopolios; políticos y corporativos formaron un grupo oligárquico que se apoderó del poder público para perpetuar sus privilegios.
Las llamadas reformas “estructurales” que impulsa el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ya están desacreditadas en el resto del mundo –en México justificaron pillajes y rescates como el Fobaproa.
A pesar del fracaso, el PRI, el PAN y la oligarquía insisten en continuar la misma política económica y aprobar la reducción de prestaciones y del poder de negociación de los asalariados, la sustitución de impuestos directos por indirectos, haciendo más injusto el sistema fiscal al restarle progresividad y la privatización de la industria eléctrica y petrolera.
La apertura comercial indiscriminada y el sometimiento a los dictados de los
organismos financieros internacionales que impusieron los gobiernos neoliberales, no setradujeron en un desarrollo económico sostenible e incluyente.
La realidad es que México es de los países que menos crece, que menos empleo genera, y es la nación con mayor migración y de más grave desigualdad. Estas son las razones prácticas por las que se requiere reformular el modelo económico y la estrategia de desarrollo.
Fracaso de las reformas neoliberales
El último cuarto de siglo México emprendió una serie de reformas económicas, denominadas “estructurales” y “modernizadoras” que se suponía estaban encaminadas amejorar las posibilidades de desarrollo del país.
Es importante, para efectos de diagnóstico, enumerar algunas de las principales reformas, ya que esta agenda “reformista” se ha implantado en más de 90 por ciento. Los únicos “pendientes” son:
La reforma laboral (que consiste, principalmente, en reducir las prestaciones y poder de negociación de los asalariados), la fiscal (que implica, sobre todo, sustituir impuestos directos por indirectos, restándole aún más progresividad al sistema fiscal) y la energética (que busca privatizar por completo los sectores eléctrico y petrolero).
Estas reformas, si bien pueden haber tenido algunas facetas positivas, como quitarle ciertas cargas a las finanzas públicas y evitar algunas distorsiones en la asignación de recursos, fracasaron en lo que debió haber sido su objetivo central: lograr un desarrollo económico rápido, sostenible e incluyente, que se tradujera en un mayor nivel de bienestar para los ciudadanos.
La realidad ha sido la opuesta, México es de los países del mundo que menos crece, que menos empleo genera (somos los reyes de la emigración) y de mayor desigualdad. Por esas razones se requiere repensar la agenda económica.
Éstas son las reformas “estructurales” más significativas:
– En el ámbito financiero, se reprivatizó la banca comercial; más importante aún, desapareció el régimen de encaje legal y con éste las obligaciones de la banca de financiar al sector productivo.
– La banca de desarrollo prácticamente se retiró de actividades de primer piso; es decir, dejó de prestar en forma directa a la actividad productiva.
– Como consecuencia de las dos reformas anteriores, desaparecieron los subsidios financieros a las actividades productivas. Así mismo, se quitaron todas las restricciones (y gravámenes) a los movimientos internacionales de capital.
– Se concedió autonomía al Banco de México con un mandato único: controlar la inflación. Esto último ha tenido como consecuencia el tener tasas de interés reales altas y un tipo de cambio crónicamente sobrevaluado, en detrimento de la competitividad, así como devaluaciones bruscas periódicas.
– En lo referente a la actividad productiva y comercial, se realizó una apertura comercial rápida e irrestricta, culminando con la celebración de múltiples tratados de libre comercio, siendo el TLCAN el más emblemático.
– El sector público dejó de apoyar a la actividad productiva, eliminándose todo tipo de subsidios y protección comercial; adicionalmente, los energéticos que provee el Estado han sido utilizados en forma creciente como fuente de ingresos, con efectos de pérdida de competitividad de los sectores productivos.
– Se eliminaron requisitos de integración nacional en la industria automotriz.
-Se quitaron cuotas de importación a todo tipo de productos, con impactos particularmente relevantes en la actividad agropecuaria.
– El sector público se retiró de la comercialización de productos agropecuarios (Conasupo) y se eliminaron los precios de garantía de éstos.
– Se abrieron prácticamente todos los sectores económicos a la inversión extranjera, sin ninguna condicionante o restricción. Se abandonó a la planta productiva nacional frente a las inequidades y la competencia desleal en el mercado internacional.
– En el sector público se aprobó una reforma fiscal regresiva, reduciendo las tasas marginales superiores del impuesto sobre la renta y eliminando muchas retenciones sobre pagos al extranjero, que en realidad son dividendos disfrazados; probablemente más importante que la reforma formal, es que se implantó un sistema en el que las grandes empresas pagan una tasa efectiva de impuestos muy reducida.
– La recaudación recaído crecientemente en los impuestos indirectos (regresivos) y en el sector energético, vía precios de electricidad y combustibles no competitivos internacionalmente, así como de esquilmar las ganancias de PEMEX.
– Adicionalmente, se redujo drásticamente la inversión pública en infraestructura, tanto como porcentaje del PIB como del gasto del Gobierno Federal, privatizándose buena parte de esta área de actividad económica (y en muchos casos teniendo que rescatarse con recursos públicos los proyectos privados).
– Se privatizaron una gran cantidad de empresas públicas (telecomunicaciones, banca, siderurgia, etc.) sin la menor precaución para evitar la formación de monopolios privados.
– Se dejó de apoyar el desarrollo tecnológico, tanto en el sector privado como en el público; el desmantelamiento del Instituto Mexicano del Petróleo es un ejemplo de esto último.
– Como corolario de todo lo anterior, el Estado se retiró, de facto, de la planeación del desarrollo; formalmente, sigue existiendo la obligación del Gobierno de formular un Plan Nacional de Desarrollo, pero en la práctica es irrelevante.
– Los resultados de estas reformas están a la vista: México no crece, no genera empleo y mientras produce algunos de los hombres más ricos del planeta, más de la mitad de su población vive en la pobreza.
– En gran medida, como consecuencia de todo lo anterior, tenemos un país con inseguridad creciente.
– Ante el fracaso evidente, es increíble que el PRI y el PAN insistan en “completar” las reformas, en lugar de buscar una nueva orientación de la
política económica.
– ¿Qué les hace pensar que, si ya se impuso 90 por ciento de la agenda económica neoliberal con tan malos resultados, la solución sea aplicar el 10 por ciento restante?
– La realidad comprueba que no hay diferencia entre estos dos partidos, que están totalmente capturados por intereses que se benefician de la situación actual y que son reacios a cualquier cambio que afecte sus privilegios.
Propuestas y Acciones
La propuesta económica de nuestro movimiento está encaminada a aumentar los niveles de bienestar de la ciudadanía.
El objetivo es mejorar los niveles de vida reales de los mexicanos y, a partir de ello, lograr buenos indicadores financieros.
Los buenos resultados financieros no deben ser un fin en sí mismos, sino un medio para lograr más crecimiento, más empresas, más empleo y mejores remuneraciones.
Para lograr este objetivo se requiere un cambio de fondo en la economía, favoreciendo la producción y el empleo sobre la especulación y los privilegios.
Es importante resaltar que este capítulo es complementario de los siguientes capítulos de este libro, y que la creación de una nueva economía requiere de la aplicación de las políticas que se describen en los mismos.
Sin pretender ser exhaustivos, esas políticas son, por ejemplo, una reforma fiscal (en el ingreso y en el gasto) que permita ofrecer precios competitivos de los energéticos, una política de competencia que mejore el acceso y reduzca precios de insumos que hoy son muy altos bajo cualquier comparación internacional, o que no se consiguen (como el crédito).
El énfasis de la nueva política económica estará en la competitividad y la competencia. La competitividad permitirá aumentar las tasas de crecimiento de la economía. La competencia permitirá que los frutos de ese crecimiento se repartan de forma más equitativa en la sociedad.
Es importante señalar que las condiciones nacionales y del entorno internacional son muy diferentes a las de las décadas en que México logró crecer y desarrollarse.
El fenómeno de la globalización es real y se debe tomar en cuenta. Hay países como Brasil, India y China que han sacado buen provecho de las tendencias globales; otros, como México, no han sabido adaptarse y se han quedado atrás.
Es importante señalar, sin embargo, que países como China, Brasil, la India o los países europeos, nunca han renunciado a que el papel del Estado sea central en el desarrollo.
Sus métodos e instrumentos son distintos, pero en términos generales, han entendido que el Estado no puede suplantar al empresario, pero sí lo puede ayudar y orientar, poniendo reglas y dando señales claras sobre qué actividades son importantes para el desarrollo nacional.
En esas naciones nunca asumieron, para su fortuna, las palabras de aquel célebre secretario de economía mexicano que repitió el dogma neoliberal de que “la mejor política industrial es que no haya política industrial”.
En la formulación de nuestra propuesta tomamos en cuenta el contexto nacional e internacional, así como políticas que han sido exitosas tanto en México en el pasado, como en otros países actualmente.
Política Financiera
El primer punto a abordar es la ausencia de financiamiento a la actividad productiva, en condiciones competitivas. Esto es cierto, particularmente en los segmentos de la pequeña y mediana empresa, que generan la mayor parte del empleo en el país.
Es evidente que, a partir de la implantación del actual modelo económico, la actividad productiva dejó de ser prioridad para el sistema financiero.
Los grandes bancos privados mexicanos, el día de hoy, son muy rentables, con base en condiciones esencialmente oligopólicas.
Aunque tienen la estructura para canalizar crédito a la actividad productiva, no tienen los incentivos. Otorgan crédito al consumo con márgenes muy altos y cobran comisiones altísimas; no tienen necesidad de tomar riesgos financiando a la actividad productiva para ser los más rentables del mundo.
Si recordamos que la principal razón que se esgrimió para justificar el rescate de la banca mediante el Fobaproa fue que un país sin crédito no podía crecer, esta situación no es aceptable.
Por otra parte, la Banca de Desarrollo desmanteló totalmente su capacidad para colocar crédito en forma directa (primer piso) y pedirle que otorgue crédito inmediatamente, en forma masiva, seguramente traería problemas graves en calidad de crédito que terminarían generando un problema fiscal.
La solución propuesta tiene tres vertientes. La primera sería que la Banca de Desarrollo fuera desarrollando una capacidad de prestar en forma directa.
El enfoque principal debería ser a proyectos nuevos, en industrias nuevas en el país o de larga maduración; o sea, proyectos para los que la banca privada claramente carece de vocación.
La segunda vertiente sería estimular la creación de más bancos locales y regionales, más comprometidos con el desarrollo de sus comunidades, así como el fortalecimiento de los ya existentes.
La participación de la Comisión Federal de Competencia en este tema
sería fundamental para lograr una desconcentración del sector.
Estas dos vertientes tendrían resultados a largo plazo, pero serían por sí mismas incapaces de canalizar grandes cantidades de crédito en el corto plazo.
Para lograr canalizar el volumen de créditos que se necesitan en el corto plazo, se requiere de la participación de la banca privada, que es la que tiene la capacidad instalada para otorgar crédito y dar seguimiento a su recuperación.
Sin embargo, se requiere crear un verdadero mercado en que la demanda de crédito existente sea atendida por la banca.
Se requiere sacar a la banca de su actual complacencia, donde no necesita satisfacer la demanda de sus clientes para ser extremadamente rentable.
Esto se puede lograr, en forma indirecta, reduciendo el nivel de las comisiones que cobra por sus servicios a niveles comparables a los que cobran las mismas instituciones en otros países.
De esta forma, tendrían que colocar crédito para mantener su rentabilidad.
Adicionalmente, se propondría el siguiente método para lograr aumentar los niveles de financiamiento a la actividad productiva:
1) Se haría un análisis comparativo internacional para determinar, en países
comparables, qué porcentaje del PIB canaliza la banca a financiar la actividad productiva; en particular a empresas pequeñas y medianas.
2) Se establecería una meta para llegar a un porcentaje similar al promedio de esos países en un plazo determinado (diez años, por ejemplo), con metas anuales.
3) Se acordarían incentivos para los bancos que cumplan con las metas, así como desincentivos para los que no cumplan (por ejemplo, depositar en el Banco de México, a tasa de interés cero, sus “faltantes” de crédito).
Los bancos tendrían libertad absoluta para fijar las condiciones de los créditos (garantías, tasas de interés, etcétera).
La diferencia con la situación actual es que los bancos tendrían que competir por colocar crédito entre los mejores clientes potenciales y no sólo, como hoy, esperar a que les soliciten crédito y poner todos los requisitos que quieran, porque, en el fondo, no tienen necesidad de prestar.
El objetivo es crear un verdadero mercado competitivo de crédito, dónde la oferta satisfaga en forma creciente a la demanda.
Adicionalmente a la disponibilidad de financiamiento, se requiere que la competitividad de los productores mexicanos mejore, para que puedan enfrentar con éxito la competencia de productores de terceros países. Sólo así se generarán empleos y crecimiento en el país.
Ciertos elementos clave de la competitividad son resultado de acciones que se tratarán más extensamente en otros puntos de este documento.
En particular, los productores nacionales requieren insumos competitivos, lo cual requiere de políticas públicas firmes para enfrentar las prácticas monopólicas y oligopólicas en diversos sectores, que son un lastre para la competitividad:
– Se requieren precios de los energéticos que proporciona el sector público que sean competitivos (iguales o menores) con los que tienen nuestros competidores
– Y un tipo de cambio que permita que la participación de mercado de los productores nacionales, tanto en el mercado interno como en el de exportación aumente y no que disminuya, como sucede actualmente.
Sobre este último punto es necesario un comentario sobre el papel del Banco de México.
Es indiscutible que el banco central requiere de autonomía; entre otras razones, para tener credibilidad ante los agentes económicos. Sin embargo, el objetivo único de controlar la inflación parece inadecuado en vista de los retos que enfrenta la economía
nacional.
Nuestra propuesta incluiría un cambio en el objetivo del Banco de México, para que, adicionalmente al control de la inflación, se incluya contribuir al crecimiento sostenido.
Esto no hace más que reconocer la importancia del banco central en la conducción de la política económica y le asigna un rol similar al del Banco de la Reserva Federal (FED) en Estados Unidos. Para lograr este cambio se requiere de la aprobación del Poder Legislativo.
Existe otro elemento de la política monetaria que puede llegar a perjudicar la competitividad.
Las tasas de interés que, en un momento dado, se requieren para contener brotes inflacionarios, pueden atraer capital especulativo (“golondrino“) y causar una revaluación artificial del tipo de cambio.
Dependiendo de la magnitud del fenómeno, esto puede llegar a lesionar a la planta productiva y el empleo. También, como lo hemos experimentado en episodios anteriores, al cambiar el entorno financiero internacional, los capitales atraídos por las tasas de interés altas se van, generando devaluaciones bruscas.
Para evitar la sobrevaluación artificial del tipo de cambio, sin restringir la autonomía del Banco de México ni limitar su capacidad de combatir la inflación a través de las tasas de interés, propondríamos aplicar un impuesto al capital extranjero de corto plazo que, en esencia, neutralizara el diferencial de tasas entre México y el extranjero.
Existen muchos casos de este tipo de impuestos en el mundo, como pueden ser los casos de Brasil o Chile; Estados Unidos, cuando tuvo tasas de interés altas para combatir la inflación a principios de los años 80, implementó una política de este tipo, con el “Interest Equalization Tax” (Impuesto para Igualar las Tasas de Interés).
Es importante señalar que esto no afectaría a la Inversión Extranjera Directa (IED) ni a fuentes más estables de financiamiento.
Planeación del Desarrollo y Política Industrial
Aún con la aplicación de las políticas anteriormente mencionadas, el sector público tiene que hacer un esfuerzo adicional para reconstruir la planta industrial y las cadenas productivas, que han sido gravemente deterioradas por una apertura comercial rápida y generalizada, impuesta sin compensaciones y una agenda de competitividad. Se requieren señales claras y de largo plazo para que los industriales se decidan a invertir
otra vez.
La política industrial es fundamental; los países exitosos tienen estrategias definidas de apoyo global a la competitividad (China con su tipo de cambio, por ejemplo), pero también estrategias sectoriales.
Se requiere, en forma conjunta con el empresariado nacional, definir los sectores a los que se va a apoyar en forma específica y diseñar planes concretos de apoyo. Algunos ejemplos de políticas sectoriales exitosas son:
1) El Gobierno de Brasil decidió cambiar sus sistemas informáticos de Microsoft a Linux. Esto, aparte de representar un ahorro de divisas al país y ahorros para el Gobierno, incentiva el desarrollo de una industria local de software, creando empleo y propiedad intelectual.
2) Brasil, con una política de compras de gobierno que favorece a los proveedores nacionales, ha logrado una participación de éstos en las compras de su sector petrolero de 80 por ciento, cuando hace 20 años prácticamente no tenía tecnología petrolera. México, en el mismo periodo, ha ido en sentido contrario, con el sector energético comprando cada vez menos en el país y dependiendo más del exterior.
3) Los gobiernos de países como Sudáfrica, Brasil y Argentina apoyan fuertemente la fabricación de medicinas genéricas en sus países, habiendo llegado incluso a tener negociaciones fuertes con las farmacéuticas internacionales para dicho efecto. El resultado es ahorro de divisas, economías para el sector salud y generación nacional de empleo y tecnología.
4) Países como Francia –en la exhibición de películas– y Canadá –en la difusión de la música– establecen mínimos de contenido nacional en la programación y en la oferta cultural, aumentando la propiedad intelectual nacional y fomentando el empleo en estos sectores.
5) China ha desarrollado un sector automotriz importantísimo (este año se van a vender más automóviles en China que en Estados Unidos) en base a una estrategia de bajos costos, asimilación de tecnología extranjera e intensa competencia interna.
Estos son sólo algunos ejemplos de lo que se puede hacer con un trabajo conjunto entre los sectores público y privado. Se requerirá de un intenso trabajo con los sectores productivos, buscando siempre la maximización del valor agregado nacional, en condiciones competitivas y evitando la creación de monopolios domésticos.
Se deberán tomar en cuenta las obligaciones que nos imponen los tratados comerciales internacionales, pero siempre buscando usar los grados de libertad que se tengan al máximo, en beneficio de las empresas nacionales.
Algunas de las políticas sectoriales tendrán, por sí mismas, el efecto de incrementar el acervo nacional de tecnología y “know-how”; por ejemplo, si se implementaran políticas como la de Brasil/Linux o desarrollo de proveeduría local en el sector energético.
Sin embargo, adicionalmente se requeriría un esfuerzo del Estado para impulsar el desarrollo tecnológico. El modelo actual ha descuidado totalmente este aspecto, limitándose en gran medida a maquilar, con muy poco desarrollo intelectual propio.
México es el país que menos invierte en ciencia y tecnología de los países
integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según informes de este organismo, nuestro país invirtió en 2008 apenas 0.35 por ciento del PIB, mientras el resto de sus miembros invirtieron entre 0.5 por ciento y 0.9 por ciento de su PIB a este rubro. A
sí ha sido en los últimos diez años. Por ejemplo, en 2008, Argentina invirtió 0.51 por ciento, China 1.49 por ciento. Suecia es el país que más recursos destinó al desarrollo científico y tecnológico con 3.60 por ciento de su PIB, le sigue Corea con 3.49 por ciento.
Si uno de los objetivos es crear empleos bien remunerados, México tendría que triplicar en un primer momento su inversión en investigación científica y tecnológica.
Adicionalmente a la inversión en ciencia básica, se debe hacer énfasis en sectores en los que existe alguna ventaja comparativa, como la agroindustria o el sector energético, reforzando, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Petróleo, que ha sufrido prácticamente su desmantelamiento.
En términos generales, se buscará tener relaciones comerciales con el extranjero basadas en la reciprocidad. No es razonable tener apertura comercial indiscriminada con países a los que prácticamente no exportamos.
Nuestros enormes déficits comerciales con diversos países asiáticos, que no nos compran prácticamente nada, nos indican lo mal que se han manejado las estrategias comerciales, dónde no se beneficia México, sino sus “socios“ comerciales y algunos importadores.
La rápida creación de empleo en los países asiáticos es el reverso de la moneda de la pérdida de empleos industriales en México.
El sector agropecuario es un caso especial, tanto por el número de mexicanos que tiene su fuente de ingreso en el sector como por las condiciones precarias en que viven.
En la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, cultivos como maíz y frijol debieron ser excluidos; es decir, no se debieron de haber eliminado las cuotas de importación de los mismos. Las principales razones de esta decisión, aducidas desde la administración de Salinas, fueron dos:
1) El TLC iba a generar suficiente empleo en México como para absorber a un alto porcentaje de los desplazados del sector agropecuario; y
2) El campo se reconvertiría a cultivos más productivos; en particular, frutas y hortalizas.
La primera premisa es obvio que no se cumplió. La segunda tampoco se logró en la magnitud que se requería, por distintas razones. Entre las más importantes: no todas las tierras que son aptas para granos lo son para otro tipo de cultivos; no existe el mercado o los mecanismos de comercialización para colocar toda la producción que se hubiera generado; no existe la organización de productores requerida, etcétera.
Debido a lo anterior, se requiere renegociar el TLC en el capítulo agropecuario.
Entre otros elementos de negociación con Estados Unidos está el hecho indudable de que una buena parte de la presión migratoria proviene de los desplazados del campo.
Una vez que se logre la renegociación, se tiene que desarrollar una política específica que permita que un alto porcentaje de los productores de maíz sean rentables y logren un arraigo en sus lugares de origen.
En muchos países desarrollados no habría producción de ciertos alimentos básicos si no se tuvieran este tipo de políticas. Japón con el arroz y varios países europeos con granos y lácteos son ejemplos claros de lo anterior. La racionalidad es diversa: seguridad de abasto alimentario, uso de un recurso que quedaría ocioso (la tierra), razones sociales y culturales, etcétera.
El turismo es un sector muy importante, tanto en la generación de empleo como de divisas. Este sector ha tenido un desarrollo importante, en particular el de sol y playa.
Sin embargo, se requiere desarrollar mas otro tipo de turismo, como el que aproveche la gran riqueza cultural del país. Para ello, es importante mejorar tanto la infraestructura (en particular la carretera) como la seguridad.
Así mismo, existen áreas de oportunidad para aumentar el valor agregado nacional, en particular en algunos destinos de playa.
En general, el enfoque sería que el Estado Mexicano recupere la capacidad de planear y conducir el desarrollo, promoviendo un papel central de los sectores productivos.
La Nueva Economía se regirá por lo que dicta el artículo 26 de la Constitución:
“El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación”.
Así mismo, tendrá como sustento, los principios incluidos en la Ley de Planeación:
“El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales…”.
“La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno”.
“La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para
lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población”.
“El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y social”.
También nuestra planeación promoverá que “las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular…”.
Es importante señalar que, además de la planeación sectorial, se requiere una planeación regional, ya que existen grandes diferencias entre las diversas regiones del país y son muy diferentes tanto sus potenciales como sus requerimientos.
Para lograr este objetivo se trabajará con los estados y municipios, aprovechando los recursos existentes en los mismos.
Con el propósito de dar pleno cumplimiento a los anteriores ordenamientos, y de aprovechar la labor de los Comités de Planeación de los estados y de los municipios, habremos de proponer al Poder Legislativo, la actualización a la Ley de Planeación, así como un Reglamento a la misma. Tal reglamento servirá para ordenar los ejercicios de planeación, de programación y presupuestarios, actualmente dispersos y desconectados entre sí y garantizará la aplicación de la planeación regional en el país.
El fracaso de la actual falta de política industrial es evidente: México, si se excluye el petróleo, no ha generado exportaciones NETAS en los últimos años.
El aumento de las exportaciones ha correspondido a un aumento similar de las importaciones; es decir, requerimos importar una gran parte de lo que se exporta –nuestras exportaciones tienen un valor agregado nacional muy reducido.
Ésta, entre otras, es la razón por la que, a pesar del gran crecimiento de las
exportaciones, no se ha generado empleo formal en México. No obstante que las exportaciones se generan en el sector formal de la economía, la recaudación fiscal no aumenta, ya que el valor agregado nacional de esas exportaciones es muy bajo.
Como se puede apreciar, la historia de éxito del crecimiento de las exportaciones es una falacia. La razón es que no son las exportaciones BRUTAS las que generan empleo e impuestos, sino las NETAS.
Como resultado de la falta de política industrial, no se ha generado desarrollo tecnológico nacional ni empleo bien remunerado.
A diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en la Unión Europea, donde la brecha salarial entre los países más desarrollados (Alemania, Francia) y los de menor desarrollo (España) se redujo considerablemente, en el caso de México, la brecha salarial con Estados Unidos ha AUMENTADO significativamente a partir de la adopción del modelo neoliberal y la integración comercial. Esto no es una casualidad, sino resultado de la estrategia económica adoptada.
Desarrollo de Infraestructura
A partir de la implantación del modelo neoliberal, la inversión pública en infraestructura se desplomó en los últimos 25 años.
La falta de inversión en infraestructura daña la competitividad del país, al incrementar los costos para las empresas nacionales, en particular en transporte y comunicación.
También implica una oportunidad de creación de empleo, ya que la inversión en infraestructura tiene un alto componente de mano de obra, tanto directa como indirecta.
Es probable que, para disminuir la violencia en el país sea más eficiente un peso invertido en infraestructura que un peso invertido en seguridad pública; sobre todo, en el mediano plazo.
Una característica de este sector es que requiere, en forma directa, de pocas divisas, ya que, aparte de la mano de obra, la mayoría de los insumos es producida localmente.
Esto hace posible un aumento importante en esta actividad sin que se generen desequilibrios importantes en la balanza de pagos. En nuestra propuesta, una parte significativa de los ahorros en gasto público y de la mayor recaudación fiscal se destinarían a inversión pública.
Desarrollo sustentable
Toda la actividad económica impulsada por el Estado, los particulares y los
inversionistas extranjeros, serán acordes con los tratados, convenios, convenciones internacionales y las leyes nacionales relacionadas con la preservación, recuperación y mantenimiento del medio ambiente y social en México.
Se aplicará una política de orientación, asesoría e investigación, así como la fiscalización correspondiente, que posibilite que los actores económicos cumplan cabalmente con su responsabilidad social y que permitan la instrumentación efectiva de un desarrollo real y sustentable.
Hoy no se puede hablar ya de economía, pensando que la sociedad existe en una suerte de “vacío ecológico”, es decir sin interactuar con la naturaleza, pues los procesos económicos se encuentran indisolubleemente articulados a los procesos ecológicos.
Toda decisión económica repercute de inmediato sobre la capacidad de renovación de la fuente natural de donde proviene todo bien o servicio (los recursos naturales), y sobre la capacidad de reciclaje de los ecosistemas, pues durante su metabolismo con la naturaleza, la sociedad humana absorbe materia prima, energías, agua y arroja además toda una gama de desechos hacia el entono natural.
Un proyecto económico alternativo está obligado a tomar en cuenta las repercusiones que las políticas económicas tienen sobre los procesos naturales. La economía neoliberal busca siempre sobreexplotar el trabajo humano y el trabajo de la naturaleza y esta doble dimensión de la explotación debe quedar abolida en una economía alternativa.
Algunos de los aspectos centrales que la economía alternativa debe tener presente son:
la necesidad de impulsar una transición hacia energías renovables (por lo demás en México el petróleo se estima se acabará en las próximas décadas), procurar incentivar las prácticas agro-ecológicas tanto en la agricultura como en la ganadería, el manejo ecológicamente adecuado de los bosques y selvas, y la pesca responsable, con el objeto de garantizar la renovabilidad de los recursos; lo mismo en torno al agua y a la extracción minera, hoy, por lo común, prácticas depredadoras y contaminadoras.
En cuanto a la industria, se deben tomar en cuenta tanto sus impactos como fuentes de contaminación como sus efectos sobre las materias primas. En el caso del comercio hay que privilegiar autosuficiencias locales, regionales y nacionales por sobre las prácticas que implican el transporte de larga distancia, porque esto último aumenta la huella ecológica y contribuye al calentamiento global.
Finalmente, una economía alternativa debe ofrecerle al consumidor información accesible acerca de los efectos ecológicos de los productos, que le permitan elegir con base a una conciencia y le permitan ejercer su poder de consumidor.
En suma, una nueva economía, será una economía ecológica o no será. Hoy el país dispone ya de estudios y diagnósticos en cada rama notable de la
economía, a partir de los cuales se puede diseñar una política económica en sintonía con los aspectos ecológicos y ambientales.
Política Salarial/Sindical.
El desarrollo requiere no solamente de crecimiento y empleo, sino de una mejor distribución de las ganancias en la productividad. Si bien parte de esta distribución se lograría por la vía fiscal, la mejor forma de redistribuir es por la vía salarial; en concreto, vía la negociación colectiva.
En este aspecto, es muy importante un nuevo modelo sindical. Se requieren sindicatos que realmente representen a sus agremiados, con líderes que tengan la preparación y el compromiso requeridos para obtener los máximos beneficios para sus representados, sin poner en riesgo la fuente de empleo.
Para esto es indispensable una auténtica democracia sindical, con elecciones reales y voto secreto. Sólo así podrán los agremiados premiar a los líderes que los representen bien y sancionar a los que no.
Los sindicatos deben ser transparentes tanto en su democracia interna como en los acuerdos con los patrones y en el uso de las cuotas sindicales. El modelo corrupto y de simulación que existe en muchos sindicatos actualmente no le sirve a un país que aspira a ser más competitivo y más justo.
Por su parte, el gobierno debe buscar el incremento, gradual y sostenido, de los salarios reales. El fenómeno de crecimiento de la productividad laboral con decrecimiento de los salarios reales, característica de amplios sectores de la economía mexicana, es injusto e irracional.
El poder adquisitivo creciente del salario, siempre que esté basado en mayor productividad, generaría un círculo virtuoso de mayor demanda doméstica, mayor crecimiento y mayores oportunidades de negocio para los empresarios. Este círculo virtuoso se rompió hace muchos años. Es necesario recuperarlo.
México se integró al proceso globalizador a partir de un modelo que sacrifica el trabajo en función de la competitividad y la inversión.
A diferencia de otros países, en el nuestro a los cambios estructurales de carácter económico volcados hacia el mercado externo, no correspondieron cambios en las normas laborales, estos se dieron en la práctica. No se dio una reforma formal o institucional; los cambios se aplicaron en los hechos.
El resultado es que en los últimos 30 años se ha ampliado la brecha entre los derechos laborales que ampara la Constitución y una realidad caracterizada por:
– La caída de los salarios reales de los trabajadores, incluso por debajo de la línea de pobreza;
– La precarización del empleo formal, el crecimiento desmesurado del empleo informal;
– El incumplimiento de la función del gobierno como árbitro en los conflictos y garante del cumplimiento de la legalidad, lo que deriva en una situación de desprotección laboral;
– y el fortalecimiento de las antiguas y nuevas formas de control de las organizaciones de los trabajadores por parte del estado y la patronal.
Hoy el régimen de Calderón impulsa una reforma laboral bajo el argumento de que los derechos contemplados en la ley son un obstáculo para la inversión.
Nada más falso. No son las normas laborales las que se obstaculizan la generación de empleos, la flexibilidad o la competitividad del país.
Son los bajos salarios y el estrangulamiento del mercado interno, la precarización del trabajo y la caída del proceso de capacitación de los asalariados, los que entre otros factores provocan los problemas que se dice querer resolver.
En general, el tema del trabajo ha sido relegado de la agenda nacional por dos razones fundamentales:
– La precaria democracia que vivimos y el modelo económico impuesto, que subordina todo lo social a la lógica del mercado.
-La vieja cultura corporativa que permea nuestro sistema político cedió al estado la protección y control de los trabajadores, fomentando instituciones y formas organizativas y liderazgos contrarios a los intereses de éstos.
En nuestros días, estos controles han sido cedidos a la clase empresarial, quien hoy comparte con el estado estos mecanismos de subordinación.
Para nosotros éste es un tema fundamental.
Estamos por una reforma laboral estructural que modifique sustancialmente la relación de control, subordinación y simulación existente entre los gobiernos, empresarios, trabajadores y sindicatos. Impulsaremos los cambios necesarios que apuntalen la productividad para atraer más inversión y la modernización o adopción de nuevas tecnologías, que incluya el reparto de beneficios a los trabajadores.
Debemos avanzar hacia cambios que concilien productividad con distribución de beneficios, flexibilidad con esquemas de concertación moderna y libertad de asociación con nuevos paradigmas de responsabilidad.
Nuestra propuesta laboral se inscribe en la adopción de un nuevo modelo de desarrollo y de reformas a favor del fortalecimiento del empleo formal, la ampliación del mercado interno, la construcción de un estado de bienestar universal que incluya salud, pensiones y seguro de desempleo; y la reforma fiscal y del estado, asignaturas pendientes , fuertemente relacionadas entre sí.
Damos prioridad a la defensa del estado de derecho en materia laboral partiendo del respeto a intereses legítimos de los trabajadores como son: la protección más efectiva al trabajo por parte del Estado, así como el respeto a la libertad sindical y la contratación colectiva.
Debemos partir de un piso social básico de derechos con garantías sociales para todos.
Esto nos llevará a resolver los principales problemas y a enfrentar los retos del mundo del trabajo que a continuación planteamos.
Problemas y retos actuales del mundo laboral
A pesar del evidente fracaso del modelo exportador-maquilador impuesto en nuestro país, a la fecha no se ven signos de rectificación.
Los cambios políticos no trajeron consigo solución a los problemas existentes en el mundo social y laboral, al contrario, después de nueve años de gobiernos panistas, éstos se han profundizado y ampliado.
1. Precarización del empleo.
Existe un proceso creciente de precarización del empleo formal, caracterizado por el crecimiento del empleo fundamentalmente en los llamados micronegocios o pequeñas empresas, que tienen por su situación más posibilidad de evadir normas laborales y fiscales, así como la proliferación de formas de subcontratación o triangulación de las relaciones laborales que abonan a la inestabilidad laboral y al incumplimiento de normas laborales, incidiendo en la desprotección del trabajo.
– En el año 2009, el 76.5 por ciento de los trabajadores, sin incluir sectores público y agropecuario, se ocupaban en micronegocios y pequeñas empresas.
-Poco menos del 30 por ciento en micronegocios sin establecimiento.
El 47 por ciento de nuevos empleos entre l995 y 2009 se ubicó en los micronegocios.
– En este sector las ramas más vulnerables son la construcción, los jornaleros
agrícolas, el trabajo a domicilio y una buena parte del sector servicios
(gasolineras, restaurantes, comercio, etcétera.)
· Crece la subcontratación, terciarización o el fenómeno denominado como outsourcing y con ello, la inestabilidad laboral. En 2008, 61.4 por ciento de los trabajadores remunerados tenían cinco años o menos de antigüedad, 30 por ciento sólo un año.
En ese año, las tasas de rotación anual en puestos de trabajo era de 33 por ciento y de trabajadores un 70 por ciento.
En 2004 había un millón 400 mil personas subcontratadas. Estos fenómenos hacen al trabajo más vulnerable y provocan la degradación creciente de condiciones laborales así como una dificultad estructural para acceder a la jubilación.
· El proceso de precarización del empleo formal significó, para el año 2000, que el 61 por ciento de los trabajadores ocupados no recibieron prestaciones laborales de ley, como la seguridad social, vacaciones, aguinaldo o pago de tiempo extra. En 1992 el número de horas dedicadas a la capacitación era siete veces mayor, así como cuatro veces más los sindicalizados. Asimismo, la productividad era 30 por ciento mayor.
2. Sindicalización por debajo del 10%
de la población económicamente activa y sindicatos charros.
A pesar de que nuestro país fue de los primeros en adoptar leyes laborales que arropan derechos colectivos, hoy tenemos una tasa de sindicalización por debajo del 10 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), y los sindicatos en su inmensa mayoría, son corruptos y están subordinados a los patrones.
Ello provoca la inexistencia de contratos colectivos legítimos, producto de una negociación transparente y horizontal. En las últimas dos décadas han proliferado los llamados contratos de protección firmados a espaldas de los trabajadores entre organizaciones simuladas y los empresarios, lo que incide en el escaso número de huelgas en el país: si en 1993 fueron l55, en 2007 sólo 27 movimientos a nivel federal.
Esto es resultado de que en 95 por ciento de los centros laborales se han impuesto organizaciones ajenas a los trabajadores. Hoy sólo uno de cada cien trabajadores, participa en un sindicato auténtico.
3. La falta de una representación genuina de los trabajadores, aunada a una política económica que subordina el trabajo a la captación de inversión, así como la existencia de una política laboral corporativa y pro-empresarial, han provocado una caída salarial histórica en el país, que nos coloca en los últimos lugares de la escala a nivel continental y mundial.
Por ejemplo, la brecha salarial entre México, EU y Canadá (los países del TLCAN), se ha ensanchado:
En 2004 un trabajador manufacturero en EU percibía 23.17 dólares la hora, en Canadá 21.42 y en México 2.50.
Para 2008, el salario mínimo (sm) en México equivalía a 4.67 dólares por una jornada de ocho horas, mientras en EU por una hora de trabajo se pagaba 5.50 dólares en Texas y 7.50 en San Francisco.
El salario mínimo mexicano ha caído un 75 por ciento desde l982, y equivalía en 2006 a 0.8 por ciento de la línea de pobreza.
En 15 años, en las negociaciones contractuales, el salario perdió casi 23 por ciento de su poder adquisitivo.
Para 2009, un 14 por ciento de la población ocupada ganaba hasta un salario mínimo, el 24 por ciento entre uno y dos; el 28 por ciento entre dos y tres; 66 por ciento de los trabajadores percibía menos de tres salarios mínimos 86 por ciento menos de cinco.
Sólo 20 por ciento de los trabajadores ocupados se encontraban dentro de la norma constitucional.
Es claro que el valor del trabajo que dejaron de percibir los trabajadores como ingreso, se trasladó a las manos de los grandes millonarios mexicanos que han engrosado la lista de Forbes en los últimos años.
Esta situación ha provocado la desnaturalización del salario mínimo. La Constitución garantiza el derecho a un ingreso suficiente para cubrir necesidades en lo individual y familiar, pero no se respeta.
El salario mínimo constitucional es un instrumento de política económica que fortalece el mercado interno y el crecimiento económico, y es además una herramienta de política social que debe garantizar mínimos de bienestar para todo aquél que vive de su trabajo; su no aplicación ha provocado el deterioro de vida brutal que han sufrido los trabajadores mexicanos en estos últimos treinta años.
4. La pérdida de capacidad adquisitiva del salario
en estos años ha sido drástica.
De 1995 a 2006 los precios de la canasta básica subieron un 551 por ciento,
pasando de 31 pesos a 202 pesos diarios.
En cambio, el salario mínimo apenas aumentó en este período 218 por ciento, al pasar de 15.2 a 48.6 pesos. Por cada peso que costaba contratar a un trabajador, hoy sólo cuesta 61 centavos.
En 2007, un trabajador con salario mínimo necesitaba l72 horas de trabajo para adquirir una canasta básica de 42 alimentos, sin contar vivienda, transporte ni servicios. En 2008, se incrementó a l83 horas: esto es, se necesitaban 23 días de 8 horas de trabajo para adquirir la canasta básica.
5. En relación al empleo, de 1993 al 2005 la PEA creció en 10.2 millones de personas, pero sólo se crearon 3.4 millones de empleos formales.
Esto provocó no sólo el crecimiento del empleo informal (21 millones de trabajadores en el 2008), sino también un proceso creciente de migración de trabajadores hacia Estados Unidos, en donde laboran como “indocumentados” o “ilegales”, sin derechos laborales y percibiendo salarios menores que los residentes legales.
Los trabajadores informales carecen de derechos laborales, de seguridad social y no gozan de ninguna protección como sería un seguro de desempleo.
México destina al gasto social un porcentaje mucho menor del Producto Interno Bruto que otros países de América Latina, por ejemplo, la mitad del gasto social de Brasil y Argentina.
La falta de oportunidad de empleo aunado a los bajos salarios han convertido a México en campeón de la migración mundial, con once millones de connacionales en EU y 28 millones de personas de origen mexicano en ese país en 2009.
Actualmente, la segunda fuente de divisas del país son las remesas que envían los trabajadores mexicanos radicados en EU, que ascendían en el 2006 a 25 mil millones de dólares, esto es, 68 millones de dólares diarios.
6. En materia laboral vivimos un sistema agotado de justicia laboral lenta, parcial y costosa. La estructura tripartita de los tribunales del trabajo tuvo sentido en 1917 buscando constituir auténticos tribunales de equidad y conciencia; esta integración correspondía al espíritu del 123 constitucional.
Después de 90 años, el modelo ha sido rebasado, constituyendo hoy en día una falacia en la práctica cotidiana. Son escasas las Juntas en las que efectivamente los representantes cumplen su función, éstos difícilmente participan en la discusión y votación de los asuntos; se trata de funcionarios que cobran por asistir únicamente a firmar acuerdos o resoluciones.
Además las juntas se han convertido en cotos de poder de centrales sindicales corruptas y de corporaciones patronales, factor que favorece la corrupción y la dilación en la atención y resolución de juicios.
Las Juntas de Conciliación y Arbitraje en materia local y federal son juez y parte al mismo tiempo, y en ellas priva la voluntad del Poder Ejecutivo, dándose un manejo discrecional de la legalidad, sin arbitraje parcial y con poca legitimidad; los juicios duran en lugar de seis meses como establece la ley, un promedio de cuatro años, afectando no sólo a los trabajadores sino a pequeños y micro empresarios que muchas veces deben enfrentar créditos laborales imposibles de cubrir, dado el tiempo transcurrido y la acumulación de salarios caídos.
7. El sistema de pensiones público y privado fue privatizado, llenando de incertidumbre el futuro de los trabajadores, quienes en el futuro deberán negociar el monto de su pensión de manera individual frente a grandes consorcios financieros privados, encargados de administrar los fondos de su retiro.
Nuestros compromisos laborales
Todo lo anterior nos lleva a concluir que es urgente un cambio profundo en materia laboral y salarial en nuestro país, que ponga por delante los derechos y el trabajo de la gente. Las propuestas y compromisos que presentamos son las siguientes:
I. Modificar el régimen salarial
para permitir la recuperación inmediata del
ingreso de los trabajadores.
Los salarios mínimos son un elemento importante en el mercado laboral ya que impactan directamente el nivel de empleo en un país y el nivel de vida de los asalariados.
La recuperación salarial que proponemos, permitirá apalancar una nueva estrategia de desarrollo, donde el crecimiento económico, el fortalecimiento del mercado interno, el aumento en la productividad y la competitividad del país, se acompañen del reparto de beneficios para los trabajadores.
Esta política de recuperación debe tomar en cuenta por lo menos tres factores: la inflación promedio entre la real obtenida el año anterior y la esperada, un porcentaje asumido como política pública y la productividad por rama de industria y región. Con ello se asegura que los trabajadores no pierdan capacidad de compra, que se enfrenten los riesgos inflacionarios y el impulso a la redistribución del ingreso para atacar las desigualdades sociales.
Necesitamos un nuevo régimen salarial que cambie las reglas que determinan el salario en México, acabando con la simulación del tripartismo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que actúa como correa de transmisión de las políticas del Ejecutivo en turno, para dar paso al trabajo de una comisión técnica autónoma que elabore los estudios pertinentes sobre el alza en el costo de la vida y tenga como objetivo el incremento gradual y permanente del salario.
Debe plantearse un sólo salario mínimo para todo el país, dado que nos enfrentamos a una realidad nacional homogeneizada y cada vez más globalizada, por lo que no se justifica la existencia de tres salarios mínimos diferenciados.
II. Protección del trabajo y promoción del empleo formal.
Se requiere de un modelo que fomente el empleo formal y genere estabilidad en el trabajo, respetando la jornada laboral legal y las prestaciones sociales contenidas en la ley como la seguridad social.
Pugnamos por una reforma fiscal que apoye la creación de empleos formales. Así mismo, adoptar políticas especiales de inserción de los jóvenes al mercado de trabajo y la protección específica al trabajo de mujeres, de los niños y trabajadores de los sectores más vulnerables.
Para lograr una mayor y más efectiva protección laboral frente a la pérdida del empleo y el aumento del trabajo informal, debe construirse un piso de derechos universales básicos, destinando un porcentaje mayor del PIB al incremento del gasto social que cubra: el seguro frente al desempleo, el derecho a la salud , vivienda, educación y la seguridad social, así como la capacitación permanente de carácter técnico y profesional.
Frente al fenómeno de la terciarización se requiere de una reglamentación especial, planteando una responsabilidad compartida a las empresas o patrones beneficiarios del trabajo.
Así mismo, fortalecer la función de la inspección de la autoridad de trabajo como parte de la fiscalización en materia laboral, que contemple el cumplimiento de derechos y obligaciones de patronos y trabajadores, el cumplimiento de normas de seguridad e higiene en el trabajo, la capacitación y el adiestramiento, el reparto de utilidades y el trabajo de mujeres y menores.
Se deben erradicar las formas de simulación en la contratación del trabajo, como son el pago por honorarios cuando no corresponde a las características del trabajo desarrollado y la temporalidad, entre otros.
Así mismo, acabar con la discriminación laboral, aboliendo los apartados de excepción.
En cuanto a la privatización del régimen de pensiones y jubilaciones de los sistemas público y privado, dado el nivel de riesgo y el costo de la administración de los fondos por parte de las compañías particulares a costa de los trabajadores, pugnaremos porque se reviertan estas medidas y que sea el Estado el garante de éste derecho, a partir de la constitución de fondos solidarios y redistributivos.
En relación a los trabajadores mexicanos que emigran a los Estados Unidos en busca de empleo y mejor ingreso, proponemos la incorporación al Acuerdo Laboral firmado en el contexto del TLCAN de medidas específicas y compromisos gubernamentales para la protección del trabajo de los migrantes, en el marco del respeto a derechos humanos fundamentales.
III. Fortalecimiento de la legalidad
y el desmantelamiento del corporativismo.
Este tema está directamente relacionado con la reforma del Estado y la necesidad de desmantelar los mecanismos corporativos que mantienen el control y la subordinación de los trabajadores, los sindicatos y los patrones; la simulación en la contratación colectiva y la corrupción tan arraigada en el medio laboral.
Para ello, es necesario acabar con las formas de intervención del gobierno en las organizaciones de los trabajadores, buscando su autonomía real y una representación legítima de los intereses de los agremiados. La erradicación de la toma de nota y el registro automático de los sindicatos, son factores para lograrlo.
Los cambios que deben adoptarse en esta materia, de forma inmediata, sin necesidad de modificar la normatividad laboral son diversos e importantes: Fortalecer la inspección del trabajo, combatir la delincuencia organizada que extorsiona empresas y trabajadores, alentar la concertación laboral a nivel de rama industrial para mejorar la protección laboral y el reparto de los beneficios que aporta la productividad, promover de manera permanente y sistemática los procesos de capacitación y adiestram iento técnico y profesional.
Junto a lo anterior, es necesario impulsar modificaciones legales que enfrenten directamente el incumplimiento de la normatividad laboral. Para ello, debemos tomar en cuenta las experiencias recientes en otros países de América Latina, en donde se promueve más Estado de Bienestar, productividad con reparto de beneficios, mayor fiscalización por parte del gobierno y flexibilidad en el trabajo con esquemas de concertación legítima.
Una concertación legítima es impensable si no se garantiza un estado de respeto a los derechos que son el pilar fundamental de las relaciones colectivas de trabajo: la libertad sindical, la contratación colectiva y la huelga. El respeto irrestricto a estos derechos hará posible avanzar en un modelo alternativo que asegure libertad con responsabilidad y crecimiento económico con distribución de beneficios. Los derechos laborales deben considerarse derechos humanos.
IV. Democracia sindical, transparencia,
rendición de cuentas y voto secreto.
Es importante señalar que México ha firmado y ratificado, entre otros, el Convenio 87 sobre libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo. El convenio es ley en nuestro país y obliga a respetar la voluntad de los asalariados para organizarse en la forma que mejor convenga a sus intereses, de ahí la necesidad de erradicar la intervención del Estado en la vida interna de los sindicatos y acotar la posibilidad de que sean los empresarios quienes lo sustituyan.
Debe combatirse de manera frontal y decidida, como política de Estado, las distintas formas de simulación que sustituyen la organización de los trabajadores y la corrupción que se da en el ámbito estatal, patronal y sindical, penalizando las acciones de corrupción o simulación.
La bilateralidad solamente es posible entre organizaciones autónomas y legítimas. El nuevo marco institucional que proponemos, implica la existencia de sindicatos fuertes y representativos, capaces de negociar nuevas formas de modernización laboral y productiva, sin traicionar los intereses de sus agremiados.
El registro público de sindicatos y contratos colectivos es un elemento esencial de las transparencia en materia laboral, así como la rendición de cuentas que debe formar parte de las reformas legales que se impulsen, para obligar a los sujetos públicos y privados a dar cuenta de su gestión y del uso de recursos públicos o colectivos, a la ciudadanía o a sus representados.
El voto universal, directo y secreto en elecciones sindicales, los recuentos y las decisiones internas, será una herramienta importante para avanzar en la democratización de las organizaciones sindicales.
V. Justicia laboral imparcial y oportuna.
Proponemos estructurar un sistema judicial en el ámbito laboral que garantice
imparcialidad, celeridad y calidad de las resoluciones. Un aparato judicial profesional integrado por servidores que cumplan con el perfil humano y social y con la capacidad y eficiencia que la impartición de justicia en éste ámbito requiere.
Para ello promoveremos la integración al Poder Judicial Federal de los tribunales de trabajo y con ello, la reconversión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en auténticos juzgados de lo laboral, como condición vital para el saneamiento y modernización de la justicia laboral en nuestro país.
Estrechamente vinculado con lo anterior, está la necesidad de eliminar la existencia de un fuero local y un fuero federal en la esfera laboral, ya que nada lo justifica.
En tanto se avanza en la incorporación de las Juntas al Poder Judicial, promoveremos la existencia de una Judicatura del Trabajo, que incluya a las distintas instancias de justicia laboral, como órgano desconcentrado de la administración pública federal, lo cual permitirá que este importante ámbito de justicia sea impartido a través de una institución con un mayor grado de autonomía.
Conclusión
El objetivo fundamental de la Nueva Economía es incrementar el bienestar de los mexicanos.
De implementarse las políticas descritas en este capítulo, en conjunto con las desarrolladas en los demás capítulos, México recuperaría su capacidad de crecimiento.
Al distribuirse mejor los frutos de este crecimiento, no sólo habría desarrollo, sino que avanzaríamos mucho en la solución de problemas creados por más de dos décadas de fracaso económico, como la creciente inseguridad.
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