Una crónica presencial de cómo se han desarrollado las movilizaciones indígenas y populares en Ecuador desde el corazón de la revuelta
Decio Machado Sociólogo y periodista. Consultor y analista político. Coordinador de los seminarios de Geopolítica en América Latina organizados por la Fundación ALDHEA en distintas universidades latinoamericanas.
Regeneración, 10 de Octubre de 2019. Crónica desde Quito, Ecuador. El pasado jueves 3 de octubre, la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) convocó, junto a sectores del sindicalismo tradicional, a un paro nacional con el objetivo de expresar su discordancia respecto a las últimas medidas económicas establecidas por el Gobierno.
El anuncio de la CONAIE conllevó el inicio de una serie de movilizaciones en distintas localidades del país.
También se realizaron asambleas permanentes en territorios con fuerte presencia indígena bajo el objetivo de coordinar una gran movilización a Quito.
Estas con el objetivo de la derogación del Decreto 883, que incluía el alza de precios de los combustibles en todo el país.
El antecedente de dicha medida se encuentra en los acuerdos establecidos por el Gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Mediante el cual este organismo financiero multilateral exige a las arcas públicas una optimización económica del 1,5% de su PIB.
Mediante reformas de carácter tributario a cambio de otorgarle algo más de 10.000 millones de dólares en concepto de financiamiento durante los próximos tres años.
El problema de desequilibrio económico del Ecuador no es nuevo:
ya en 2016 —última fase de la década de mandato de Rafael Correa— existían informes que recomendaban un ajuste fiscal asertivo.
Ajuste para preservar la estabilidad macroeconómica y financiera del país fruto del desequilibrio entre gastos e ingresos existentes en esta economía dolarizada desde inicio de siglo.
El Gobierno correista decidió en aquel momento mantener en reserva dichos informes y no hacerlos públicos ante su población.
Dos opciones tuvo que manejar el Gobierno presidido por Lenín Moreno ante tales exigencias fondomonetaristas:
O, incrementar el IVA en tres puntos porcentuales —medida que según los medios de comunicación parecía ser la más probable y en principio más regresiva— o la que definitivamente fue aprobada.
A priori la opción tomada por el Gobierno ecuatoriano parecía ser la menos conflictiva.
La escasa eficiencia de un modelo de subsidio que carecía de focalización y que mayormente beneficiaba a grandes empresas con alto consumo de combustible, grandes flotas de transporte y sectores de las élites económicas que disponen de más de un vehículo por unidad familiar, parecía ser la que menos rechazo social podría generar.
De esta manera el presidente Lenín Moreno decretó el fin de los subsidios, lo que implicó un notable incremento de precios de la gasolina extra —la más usada en el país— pasando el galón de 1,45 a 2,41 dólares.
De igual manera la gasolina Eco País (extra con etanol) de 1,45 a 2.53 dólares y la Súper de 2,3 a 3,07 dólares.
La reacción inmediata fue el bloqueo de carreteras por parte del sector del transporte y de vías urbanas por parte de los taxistas.
Aunque al día siguiente se desconvocó el paro tras negociar con los huelguistas un incremento de tarifas.
El sector del transporte está acostumbrado a acomodarse de forma sistemática a los distintos gobiernos que han transitado en el poder en Ecuador.
Durante la época Correísta llegaron incluso a legalizar una formación política en connivencia con el partido de gobierno y ocupar curules en el legislativo.
Sin embargo, por experiencia histórica, el pueblo ecuatoriano es consciente de que el incremento de precios del combustible afecta al bolsillo del conjunto de la sociedad sean propietarios o no de vehículos.
Los precios de los productos básicos y los indicadores de inflación suelen ser afectados de manera indirecta por este tipo de medidas.
El descontento generalizado entre la sociedad no hizo cambiar la posición Lenín Moreno, quien ha manifestado de forma permanente que la liberalización del precio del combustible.
Esto a costos internacionales es una política —entre otras— necesaria para el mejoramiento de las finanzas públicas y sobre la cual “no hay marcha atrás”.
Las organizaciones sociales ecuatorianas definieron las medidas económicas establecidas por el Gobierno como un paquetazo neoliberal.
Argumentaban que forman parte de un modelo de políticas públicas que beneficia fundamentalmente a sectores empresariales.
Además flexibiliza el mercado laboral y achica al Estado enviando al desempleo a cada vez mayor número de funcionarios públicos sin que estos sean posteriormente demandados por el sector privado.
Así las cosas, durante todo el pasado fin de semana se sucedieron movilizaciones y asambleas indígenas en gran parte del territorio nacional.
Esto pese a que el Gobierno Nacional optó por declarar el estado de excepción buscando suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilios, libertad de tránsito, libertad de asociación y de reunión.
Con movilizaciones cada vez de mayor afluencia en todos los territorios afectados por la convocatoria, las resoluciones fueron unánimes:
Se determinó una gran movilización indefinida en el conjunto del país en rechazo a las medidas económicas y en defensa de los territorios indígenas, ríos, agua, páramos, la justicia indígena, la educación intercultural, salud, transporte y radios comunitarias.
Destacada médica veterinaria zootecnista, la galardonada tiene más de tres décadas de trayectoria en la epidemiología animal. https://t.co/6cb3Grf50j vía @regeneracionmx
— Regeneración (@RegeneracionMx) October 10, 2019