Un análisis de Impacto en Derechos Humanos reveló que la minera canadiense Almaden Minerals pone en riesgo al medio ambiente y los derechos de más de 4 mil pobladores del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, mientras las autoridades mexicanas favorecen el interés económico.
Regeneración, 4 abril 2017.- Con la finalidad de obtener financiamiento, la empresa canadiense Almaden Minerals ha ocultado a sus socios que las actividades que realiza en Ixtacamaxtitlán carecen de permisos ambientales, están suspendidas por otras acciones legales y que es investigada por la PROFEPA, poniendo en riesgo sus inversiones, denunciaron habitantes afectados de ese municipio.
A pesar de que la SEMARNAT rechazó el informe preventivo con el que la minera pretendía realizar nuevas barrenaciones y que sus actividades están suspendidas por orden de un Juez de Distrito y de que la PROFEPA investiga posibles daños ecológicos, la empresa anunció a sus inversionistas que seguirá con una “agresiva” estrategia para la búsqueda de oro y plata en este lugar, explicaron.
Con ello “le han mentido a sus socios, a las autoridades y a los mismos pobladores”, dijeron en una rueda de prensa realizada en la Ciudad de México y que fue acompañada por investigadores de PODER y el Consejo de la Tierra Tiyat Tlali, donde se aseguró que la minera ha dado información falsa a sus socios con la finalidad de obtener recursos y continuar sus actividades en la Sierra Norte poblana.
En febrero pasado, por medio de un comunicado, Almaden Minerals indicó que seguirá “agresivamente” la exploración en la zona, a pesar de que su informe preventivo para hacer 69 barrenaciones diamante fue rechazado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por no identificar plenamente “que las obras y actividades a realizar cumplan con los lineamientos que establece la NOM-120- SEMARNAT-2011”. Sin embargo, en su informe anual publicado el 29 de marzo pasado, la empresa omitió dar a conocer a sus socios la negativa de la autoridad, explicaron.
Además, dijeron, pese a que un Juez de Distrito le ordenó a Almaden Minerals que suspendiera sus actividades hasta que se resuelva el Juicio de Amparo 445/2015 tramitado por una comunidad indígena de Ixtacamaxtitlán, la empresa está cotizando acciones para financiar una nueva fase de exploración y esta resolución legal, tampoco ha sido comunicada por la empresa a sus inversionistas.
La Almaden, agregaron, está obligada por la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) de la legalidad de sus acciones extractivas, “pues implica un riesgo para los inversionistas, entre los que se encuentra el Royal Bank of Canada”.
Agregaron que la minera tampoco ha informado a sus inversionistas que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) inició una investigación a partir de la denuncia interpuesta por la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua.
“La empresa está investigada por violar normas mexicanas al realizar 236 barrenos más de los autorizados, con una profundidad mayor, y con riesgo de haber perforado el acuífero, según información generada por la misma empresa, la cual no fue compartida con las autoridades mexicanas ni con los habitantes de la zona”, explicaron.
Por otro lado, un análisis de Impacto en Derechos Humanos reveló que la minera canadiense Almaden Minerals pone en riesgo al medio ambiente y los derechos de más de 4 mil pobladores del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, mientras las autoridades mexicanas favorecen el interés económico.
“El Gobierno mexicano es servil a los intereses de los capitales y bajo su discurso de desarrollo cree que le hace bien a las comunidades. El discurso es que se combate a la pobreza por la llegada de empleo. El Gobierno facilita la llegada de este tipo de proyectos a las poblaciones”, denunció esta mañana Alejandro Marreros, de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua, en conferencia de prensa.
Con información de Leticia Ánimas