Disparos, tortura y cárcel contra opositores a fabrica de cianuro

Continúan 10 hospitalizados, uno al borde de la muerte. 49 detenidos: 5 menores edad. Mujeres, denuncian agresiones sexuales

Regeneración, 15 de marzo del 2018. En conferencia de prensa organismos defensores del medio ambiente de la región de la laguna denunciaron la represión de que fueron objeto alrededor de mil poblares de comunidades opositoras a la instalación de fábrica de cianuro “Chemorus Laguna”; que incluye disparos con armas de fuego, por las cuales una persona se debate entre la vida y la muerte, 10 personas hospitalizadas por la gravedad de sus heridas; la detención de 49 pobladores, de los cuales 5 son menores de edad de entre 13 y 17 años, así como 15 mujeres que denunciaron agresiones sexuales en su contra.

Las organizaciones ”Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio” ”Acción Colectiva” ”Red Mexicana de Afectados por la Minería” (REMA), denunciaron en conferencia de prensa además hechos de allanamientos en contra de la población civil, torturas durante y después de las detenciones, así como violentas presiones para que los detenidos se autoinculparan.

En un texto que denominaron Represión y criminalización en torno al ilegal Proyecto “Chemours Laguna”, denunciaron que el pasado viernes 9 de marzo del 2018, en la Comunidad de La Aurora, las fuerzas de seguridad del Municipio de Gómez Palacio y del Estado de Durango, encabezadas por el Director de Atención Ciudadana del Municipio de Gómez Palacio, Jaime López, reprimieron violentamente a más de 1000 personas de las comunidades de “El Volado”, “Abisinia”, “América Uno”, “Numancia”, “San Roque”, “Cuatro de Diciembre”, “La Aurora”, “Las Lechuzas”, “Sierra Hermosa”, “Las Playas”, “Noe”, “Poanas”, “Dolores”, “La Plata”, “La Mina”, “Colonia 6 de Julio”, “Estación Noe”, “María Antonieta”, “Brittingham”, “Martha” y “El Siete Pueblo Nuevo”, quienes habían respondido a la convocatoria del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio para manifestarse en contra del Proyecto “Chemours Laguna”.

Precisaron que el proyecto de la empresa estadounidense ”The Chemours Company” comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio al año en una superficie total de 11.7 hectáreas en la Localidad “El Siete Pueblo Nuevo” del Municipio de Gómez Palacio en el Estado de Durango.

“El cianuro de sodio es uno de los venenos más potentes del mundo y genera daños irreversibles a la salud y al medio ambiente y su producción en La Comarca Lagunera podría afectar a los ecosistemas circundantes y poner en riesgo a las poblaciones vecinas.”

Calificaron las acciones que la actitud son de un “talante autoritario, sin operadores políticos efectivos ni capacidad para el diálogo” ya que, el gobierno de Leticia Herrera empleó a los cuerpos policiales quienes, para reprimir la manifestación, hicieron un uso desproporcionado e indebido de la fuerza.

Indicaron que las fuerzas policiales además de violar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta social, vulneraron el derecho a la integridad personal de los manifestantes entre quienes se encontraban niños, mujeres y ancianos, al confrontarles, primero con amenazas e intimidación y, posteriormente con agresiones directas, tales como puñetazos y patadas o las que se realizaron con objetos contundentes, utilizando gases lacrimógenos, detonando sus armas de fuego de grueso calibre generando lesiones penetrantes

“Los antimotines, allanaron viviendas, destruyeron comercios, robaron mercancías y detuvieron, de manera ilegal, a decenas de personas, algunas de las cuales, NO participaron en la manifestación”, denunciaron.

El pasado 9 de marzo, la violencia represiva dejó un saldo de 49 arrestos de los cuales cinco eran menores de edad de entre 13 a 17 años y quince mujeres, así como 10 personas hospitalizados, una de las cuales aun lucha por sobrevivir.

Queremos denunciar que durante las primeras horas posteriores a las detenciones hubo tortura hacia los manifestantes arrestados, en algunos casos fueron incomunicados o aislados, en otros, se usaron técnicas psicológicas para que se autoinculparan o para que traicionaran a sus compañeros de lucha y, en varios más, se les hicieron firmar hojas en blanco. En todos los casos se vulneró su derecho a la presunción de inocencia y hubo restricción y obstaculización para que puedieran comunicarse libre y personalmente con sus defensores y familiares. En terminos de género, las compañeras fueron hostigadas sexualmente por agentes que tocaban sus pechos, y con la “macana” presionaban por encima del pantalón su zona vaginal.

Capital económico y poder político

Para las organizaciones lagulenas “en lo esencial, los ciudadanos que se aglutinan en torno al Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio no han sido tenidos en cuenta para intervenir en el diseño, implementación y evaluación de las decisiones que, en este sentido, les afectan; no solo eso, en su intento de acceder a la justicia han enfrentado enormes obstáculos y después de casi siete meses sin haber obtenido respuesta de la Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a donde acudieron para demandar la nulidad de la ilegal autorización del Proyecto “Chemours Laguna”, otorgada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT, decidieron, junto a sus aliados, expresar su descontento e indignación ejerciendo su derecho a la protesta social”.

La causa principal subyace a la indiferencia de las autoridades ante las reivindicaciones del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio: la relación entre capital y poder político.

Esta relación, que ha prosperado al amparo del modelo económico neoliberal que entendemos como la promoción y protección desde las instituciones del Estado de la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital, explicaría cómo en Durango y, particularmente, en Gómez Palacio, las agendas de las instituciones del Estado son diseñadas e impuestas por influyentes grupos de interés no sometidos al examen crítico de los ciudadanos y cómo las autoridades políticas no actúan en respuesta a las demandas ciudadanas, sino de acuerdo a los intereses de las corporaciones.

Desde esta perspectiva, el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio supone un peligro para la conservación del status quo Gomezpalatino en la medida en que representa valores divergentes e intenta incorporar sus reivindicaciones a la agenda política.

Pese a que la protesta social pacífica es un derecho constitucionalmente protegido, el sistema político —aun hoy, todavía autoritario— suele responder a ella violentamente.

Contrario a lo que pudiera pensarse, la criminalización de la protesta social no comienza ni termina en la inmediatez del acto represivo. Sabemos bien que uno de los mecanismos preferidos para el control del descontento social por parte de las autoridades consiste en llevar los conflictos sociales a la arena judicial, encarcelar a los integrantes de los movimientos y obligarlos a enfrentar largos y adversos procesos empleando la legislación penal para hacerse cargo dicha inconformidad.

En esta lógica, al presentar a los miembros del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio como criminales, el Estado pretende legitimar y justificar, ante la opinión pública, la acción violenta y represiva que ha ejercido en su contra, situación propia de contextos no democráticos.

Las demandas de las organizaciones sociales

Por lo anterior exigieron al gobierno del Estado de Durango: la inmediata liberación de Álvaro Ortiz Arellano, Angelina Rodríguez Grez, Avelino Rodríguez Martínez, Christian García Pimentel, Daniela Nohemí Caballero, Guillermo García Pimentel, Julián Rodríguez Ordaz, María de los Ángeles Camacho, Raúl Puentes Díaz, Sanjuana Nájera, quienes han sido acusados de cometer los delitos de “ataques a vías de comunicación”, “daños”, “lesiones” y “motín”, agravados por el uso de medios violentos como armas y explosivos y a quienes consideramos presos políticos pues no son delincuentes sino defensores de su territorio y sus comunidades.

Igualmente demandaron al gobierno de Coahuila el retiro del apoyo que públicamente ha ofrecido al Proyecto “Chemours Laguna”.

Con relación al gobierno municipal las organizaciones exigieron la inmediata revocación de los permisos otorgados al Proyecto ”Chemours Laguna” por contravenir el Ordenamiento Ecológico y Territorial del Municipio de Gómez Palacio; así como la inmediata destitución de Jaime López, Director de Atención Ciudadana;

Las organizaciones pidieron al gobierno federal la revocación inmediata de la autorización al Proyecto ”Chemours Laguna”, indebidamente otorgada a través de la resolución administrativa contenida en el Oficio Nº SGPA/DGIRA/DG03273 de fecha 8 de mayo de 2017, dictada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT;

Al Congreso de la Unión solicitaron la creación de una Comisión Especial que investigue y analice los hechos ocurridos el pasado 9 de marzo, así como la legalidad de los permisos otorgados por las diferentes autoridades municipales y federales a la empresa “The Chemours Company”.

Con respecto a las instancias de procuración de justicia, en este caso la Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el reconocimiento del interés legitimo de los demandantes y en consecuencia su derecho a acudir a este Tribunal para buscar justicia.

Así mismo pidieron al Tribunal de Justicia Administrativa la admisión de la demanda para su trámite y el otorgamiento de la medida cautelar solicitada en ella, consistente en la suspensión provisional de la ejecución de la resolución administrativa impugnada mediante la cual se autorizó, de manera condicionada, en materia impacto y riesgo ambiental el Proyecto ”Chemours Laguna”.

“A la empresa ”THE CHEMOURS COMPANY”, le exigimos su salida inmediata de Gómez Palacio, del Estado de Durango y de nuestro país”.