Hemos observado en los meses recientes la extensión de un Estado totalitario, cuyas políticas educativas no son objeto de diálogo ni están disponibles a la consulta.
Por Lev Moujahid Velázquez Barriga, historiador y doctor en pedagogía.
Regeneración, 10 de junio de 2016.- La tesis de que la reforma educativa busca que el Estado recupere la rectoría de la educación, no tiene que ver en lo absoluto con resguardar las garantías de un amplio sector de la sociedad para ejercer su derecho a la escuela pública y gratuita, ni con impulsar un proyecto nacional que fortalezca la soberanía, la identidad, la cultura, los valores patrióticos y la democracia en México.
Lo que hemos observado en los meses recientes es la extensión de un Estado totalitario, cuyas políticas educativas no son objeto de diálogo ni están disponibles a la consulta de los gobernados o de los directamente involucrados en la enseñanza: padres de familia, maestros y alumnos; por el contrario, se imponen negando la sobriedad de las mentes y universidades más destacadas de este país, que lejos de ser consejeros de las decisiones importantes en el terreno educativo, se han convertido en la conciencia y la voz crítica de la ciudadanía contra la reforma educativa.
Como todos los sistemas totalitarios contemporáneos, éste busca encarnar sus valores antidemocráticos en una figura demencial, dispuesta a quebrantar cualquier derecho humano para cumplir, en aras de la legalidad y la paz social, los supremos designios del mercado mundial para privatizarlo todo. En este sentido, han encontrado en Aurelio Nuño a la persona sin escrúpulos que necesitan para entregar la instrucción pública al empresariado nacional durante este gobierno, pero alimentan también sus propias ambiciones y las del secretario de Educación mediante planes transexenales.
En este proceso de totalización del Estado, en el que se muestra la clara ausencia de propuestas pedagógicas, éticas y curriculares que den cuerpo a un proyecto educativo propio, no hay nada que regir ni que orientar desde la burocracia estatal en representación de los intereses de la nación. En todo caso, lo que habría que recuperar es la rectoría de los principios educativos, que han sido sometidos por los intereses mercantiles de los empresarios detrás del poder político. Tampoco podríamos decir que estén recuperando la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas en los estados con la idea de construir el consenso social, la vida cívica y democrática de la nueva ciudadanía; más bien, estas instituciones han sido invadidas por los cuerpos policiacos desde el poder vertical y centralizado de un Estado oligárquico, contra la autonomía de las entidades federativas para ejercer la gobernabilidad y regir la política educativa, respetando los contextos regionales.
La fórmula aplicada en Oaxaca en el IEPO, y que hoy se quiere generalizar en Michoacán y Chiapas, es un mecanismo más de esta política de control extremo en la que advertimos los primeros pasos por contener cualquier espacio que pueda generar contradicciones ideológicas a un incipiente Estado fascista que no acepta la discordancia y mucho menos la disidencia. Sin embargo, este gobierno sabe muy bien que el empoderamiento de la CNTE no emana de sus posiciones dentro de la estructura en las instituciones educativas estatales ni del manejo de recursos económicos. Hace décadas que los maestros disidentes en Michoacán no reciben un centavo por concepto de cuotas sindicales, y al igual que en Chiapas, las secretarías de Educación, así como las subsecretarías, direcciones y departamentos son encabezados por grupos afines al partido en el poder o cualquiera de sus satélites: Nueva Alianza, Verde Ecologista o PRD, todos ellos promotores acérrimos de la reforma educativa, incluso miembros del SNTE.
Ante esta situación, no ha sido suficiente para el régimen una reforma de carácter administrativo y laboral; la escalada del movimiento magisterial está en ascenso a escala nacional y en el sureste mexicano se desborda la posibilidad de una rebelión popular a la que se suman organizaciones de padres de familia, de comunidades indígenas, pequeños empresarios y la solidaridad de movimientos sociales de gran convocatoria y visibilidad internacional, como el EZLN.
Es en este ambiente en el que el gobierno mexicano experimenta una fase de mayor hostigamiento contra la CNTE, en la que, si bien la reforma educativa no se ha desprendido de sus dimensiones laboral y administrativa, vemos con preocupación la puesta en marcha de una estrategia pro fascista que dispone de todas las corporaciones represivas, incluidos el Ejército y la Marina, para entablar una guerra interna contra los maestros, cuyo objetivo primordial ha perdido de vista la evaluación; ahora se trata del aniquilamiento de la fuerza organizativa que está convocando con éxito a la movilización y organización pacífica de todos los descontentos del sistema.
No obstante, vivimos apenas un proceso inacabado que ya muestra escenarios propios de las dictaduras fascistas europeas, como los que se han visto en la Ciudad de México para disuadir la movilización del magisterio, que no tiene como finalidad última generar el miedo o suspender las libertades sociales, sino que utiliza estos instrumentos de inhibición para privatizar todos los bienes y servicios públicos, despojar de sus derechos laborales a la generalidad de los trabajadores; por tanto, la urgente solidaridad del pueblo mexicano no sólo es por los maestros, sino por todos aquellos agraviados por las reformas neoliberales que hoy están dispuestos a no quedarse callados.