José Antonio Almazán González*
Regeneración, 5 de diciembre de 2015. Ante el alúd privatizador en materia eléctrica y el reparto del botín entre las trasnacionales, la conmemoración de la nacionalización de la industria eléctrica pasó de noche. El 27 de septiembre fue borrado del calendario cívico y de la Exclusividad de la Nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica sólo quedó una mala caricatura en la transmisión y distribución, para garantizar al capital privado sus negocios y la apropiación del botín eléctrico. Ante el despojo, simplemente no había nada que celebrar.
Lo que hicieron los neoliberales vende patrias no tiene nombre. La inclusión de la nacionalización, tanto de la industria petrolera como eléctrica, en el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución fue muy bien razonada por los Presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, basta revisar los considerandos en los que apoyaron sus propuestas, pues las ubicaron a continuación de los párrafos cuarto y quinto que todavía establecen el dominio directo, inalienable e imprescriptible de la Nación sobre sus recursos naturales, agua, mares, minerales, petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.
De tal manera que la reforma adición del Presidente Lázaro Cárdenas que elevó a rango constitucional la expropiación de la industria petrolera se propuso evitar el regreso de las empresas petroleras extranjeras. Dicho párrafo fue ratificado y enriquecido por la reforma adición del Presidente López Mateos en 1960 para excluir cualquier modalidad de contratos en materia petrolera. De la misma forma la nacionalización de la industria eléctrica, mediante la compra de las empresas eléctricas privadas y su elevacion a rango constitucional, fue bajo el considerando de impedir su regreso.
Sin embargo las contrarreformas de Peña Nieto hicieron añicos ambas reformas progresivas, retrocediendo la rueda de la historia a los años 30 y dejando moribunda la soberanía energética. Con 1119 permisos en materia de autoabastecimiento, exportación y productor independiente de energía, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (http://www.cre.gob.mx/documento/1565.pdf ) de los cuales 373 se han otorgado en el último año, con una capacidad instalada de 52, 452 MW y una inversión de 81, 963 millones de dólares, las grandes trasnacionales eléctricas se enseñorean e imponen sus designios en México, como antes lo hicieron la Mexican Light and Power Company Limited y la American and Foregin Company durante los años cincuenta. Del servicio público de energía eléctrica no quedó nada, tan solo una dura realidad que más de 32 millones de usuarios en tarifa eléctrica doméstica confrontan mensualmente, pues tienen que escoger entre pagar la luz o satisfacer una necesidad básica de alimentación, salud o educación.
La luz en México sigue siendo una de las más caras del mundo, lo dice la OCDE, por más que el gobierno de Peña Nieto y su estrategia mediática se empeñe en demostrar lo contrario con reducciones del 2%, frente a incrementos acumulados de más de un 143% en los últimos 15 años, periodo en el cual la inflación creció más de un 80 % y los salarios minímos apenas un 66 %. Y por más que las rídiculas afirmacione oficiales repitan que la luz bajará de precio, la realidad es y será otra, pues las trasnacionales eléctricas no llegaron a México para actuar como madres misericordiosas, sino para adueñarse del botín de la privatización.
Las horas de la CFE como las de PEMEX están contadas si en los próximos años no se revierten las contrarreformas constitucionales y se renacionalizan la industria eléctrica y el petróleo. Bajo la nueva figura de empresas productivas del Estado el destino de CFE y PEMEX es su extinción. Pues el tema no se reduce solamente a quién se apropia de la renta energética, sino al servicio de quién se ponen los recursos petroleros y eléctricos. En el contexto de una crisis energética mundial las trasnacionales vienen por la ganancia y los imperios, comenzando por nuestro poderoso vecino del norte, vienen por el control total para asegurar su perímetro de seguridad energética frente al declive del petróleo y mientras se da el tránsito hacia un nuevo modelo basado en energías alternativas. Basta echarle una ojeada a los escasos documentos hechos públicos de la llamada Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Peor aún si situamos el tema en el ultrasecreto ATP.
Por lo pronto, las grandes trasnacionales eléctricas como Iberdrola, Mitsubishi y otras recién llegadas, se frotan las manos frente al botin el cual, según datos de CFE, ascenderá a 2.1 billones de pesos en inversiones por realizarse para los próximos 14 años: 56% en generación, 12% en transmision, 21% en distribución y 11% en manetenimiento de centrales (http://www.amdee.org/Publicaciones/POISE-2014-2028.pdf ). En este contexto, resignarse frente a la privatización energética es aceptar fatalmente la pérdida de soberanía nacional y la posibilidad del uso del petróleo y la electricidad como palancas de desarrollo fundamentales para garantizar el crecimiento y el desarrollo económico basado en principios de independencia, justicia y soberanía. Por esta y muchas razones más estoy y camino con MORENA la esperanza de México.