Por Víctor M. Quintana S./La Jornada*
Las desapariciones forzadas son infierno sin fin porque son un continuo e inacabable sufrimiento para las familias de las víctimas. Y porque no se ve para cuándo se les ponga fin en este país desgarrado.
El Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua está difundiendo un video estremecedor con los testimonios vivos, sobre todo de mujeres cuyo esposo o hijos o hermanos o nietos, o varios de ellos, han sido víctimas de este delito. Son tan sólo unas cuantas de las voces que claman justicia y presentación con vida de las 355 personas desaparecidas forzadamente en Ciudad Cuauhtémoc, de las mil 520 en todo el estado de Chihuahua.
Llama la atención el caso de Cuauhtémoc, municipio de poco más de 160 mil habitantes. Durante los años más sangrientos de la guerra calderoniana contra el narcotráfico (2008-2010) esta población no se distinguió por el alto número de homicidios dolosos en relación con otros municipios chihuahuenses: siempre se mantuvo debajo de la media estatal. Por ejemplo, en 2012 el promedio fue de 25.83 homicidios por cada 100 mil habitantes, contra 56 por cada 100 mil como promedio estatal.
Sin embargo, desde 2010, y sobre todo 2011, mientras a escala estatal las cifras de ejecuciones muestran una tendencia a la baja, en Cuauhtémoc se dispara el número de desapariciones forzadas hasta completar tres centenares y medio, un promedio de poco más de 110 al año, es decir, 68 desapariciones forzadas por cada 100 mil habitantes. Si a tal cifra se sumaran los homicidios, esta próspera ciudad del oeste de Chihuahua sería una de las más letales de México.
En el video se puede observar la gran variedad de víctimas de ese tipo de desapariciones: jóvenes varones, muchachas, adultos. Estudiantes, trabajadores, profesionistas, agricultores, agentes de policía…
¿Por qué Cuauhtémoc y su región? Las respuestas que la misma gente da son porque ahí es nodo de la concentración de la droga que viene del triángulo dorado y de rexpedición a Estados Unidos. Porque es espacio pactado donde habitan importantes capos y no quieren que se caliente la plaza con ejecuciones y balaceras. Porque las fuerzas del Estado habrían permitido a las organizaciones criminales actuar en la región con tal de que no se cometan delitos de alto impacto y visibilidad. Por eso prefieren desaparecer a las personas, porque es un delito fácil de invisibilizar, cuya investigación es más fácil de evadir por las autoridades. Porque pueden reducirlo a un drama familiar y no dejar que se convierta en problema público.
Las desapariciones forzadas son la mejor prueba de la imbricación entre el crimen organizado y el Estado mexicano. Desaparecer más de 22 mil personas en unos cuantos años no es posible si no se dan una de dos hipótesis: o el Estado es tan inepto que no puede impedirlo o el Estado es cómplice. En uno y otro caso las fuerzas estatales sirven a propósitos criminales, inconsciente o conscientemente.
Las desapariciones forzadas de los años 60, 70 y 80 obedecían mayoritariamente a que el Estado burgués, autoritario, quería borrar todo actor de la oposición armada y a su retaguardia de apoyo. Las desapariciones forzadas de este siglo XXI obedecen a que el Estado sceleris (el Estado criminal) elimina a quienes estorban a los negocios delincuenciales perpetrados por sus diversas facciones. Y éstos pueden ser integrantes de organizaciones criminales contrarias; militares o policías coludidos con ellas; militares o policía que tratan de cumplir limpiamente con su deber; ciudadanas y ciudadanos críticos y movilizados contra la corrupción y criminalización del Estado. O, simplemente, personas que ni la debían ni la temían, pero fueron confundidas con otras o simplemente estuvieron en el lugar equivocado a la hora equivocada. Esto incrementa y diversifica enormemente las víctimas de las desapariciones.
En el último tercio del siglo XX, la guerra sucia contra la oposición de izquierda acudía a la ilegalidad para proteger la legalidad definida desde el Estado excluyente y autoritario. En la guerra sucia de este siglo XXI el Estado acude a la ilegalidad para proteger su ilegalidad, su carácter ya no sólo excluyente sino también criminal.
La complicidad del Estado se deja ver por todos lados en las denuncias de las víctimas: no investiga las desapariciones, amenaza a las familias que se ponen ellas mismas a investigar, y en algunos casos ha llegado a tolerar o dejar impune el asesinato de ellas. No diseña ni mucho menos pone en marcha políticas eficaces para ayudar a las familias de las y los desaparecidos a sobrellevar el duelo perpetuo, a recuperar su patrimonio, a no seguir cargando con las deudas de sus seres queridos, a encontrar opciones de empleo y de educación.
Los 43 de Ayotzinapa, los 355 de Cuauhtémoc, los mil 520 de Chihuahua, los 22 mil 300 de México. Este es el producto de la impunidad y la criminalidad de Estado, que por todos lados se demanda terminar.
(México, Regeneración, 13 de febrero del 2015.)
Fuente: La Jornada