Una línea regresiva para el derecho a la saludPor Asa Cristina Laurell*
Las normas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para dar cumplimiento a los derechos humanos y sociales determinan los siguientes criterios: los gobiernos deben garantizar estos derechos, lograr progresividad en su goce, movilizar el máximo posible de recursos y buscar los umbrales más altos de satisfacción de necesidades y bienestar objetivo.
Uno de los derechos sociales principales es la salud. La progresividad significa que la equidad debe lograrse incrementando los beneficios para que sean los mismos para todos, no eliminando parte de los beneficios de los que gozan de derechos plenos.
Este tema adquiere gran vigencia en México por la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) de crear un sistema de
seguridad social universal. Hay signos ominosos de que se pretende avanzar por el camino de la reducción de los beneficios de salud a los derechohabientes de los institutos de seguridad social en vez de generalizarlos a toda la población.
Una expresión de ello es la iniciativa de reforma de la Ley General de Salud (LGS) y las leyes de seguridad social para crear un Sistema Único de Salud por medio del Aseguramiento Universal de la Salud, presentada por el diputado priísta Antonio Benítez Lucho en abril de 2012. Su propuesta se conceptualiza con base en el modelo de protección social al igual que el Seguro Popular. La exposición de motivos plantea una reforma financiera para legislar una contribución social generalizada para la salud; separar el financiamiento de la prestación de los servicios; constituir el Fondo Universal de Salud y un fondo sectorial contra gastos catastróficos; definir prioridades entre las intervenciones de salud, e impulsar la participación público-privada en la inversión en salud.
La iniciativa retoma la idea de constituir un sistema único de salud en México, pero en términos de la
competencia administradaque no debe confundirse con un Servicio Nacional y Público de Salud. No define claramente en que consistiría el sistema único ni resuelve cómo se llegaría al
aseguramiento universal, ya que el Seguro Popular es voluntario, mientras los seguros de salud o médicos del seguro social son obligatorios.
Los cambios propuestos en la legislación demuestran cual es la agenda oculta. El Fondo Universal para el Financiamiento de los Servicios de Salud sería la Administración Financiera del Sistema Único de Salud (LGS, artículo 6 VI Ter) lo que significaría la desaparición de los fondos de salud de los institutos de seguro social.
Además señala que la Secretaría de Salud (SSa) determinaría el catálogo de intervenciones y servicios del sector salud (LGS, artículo 29 Bis) y el Consejo de Salubridad elaboraría el catálogo de costos (LGS, artículo 17 V Bis). O sea, se hace explícito que se restringirían los servicios prestados a un paquete de servicios en detrimento de los derechohabientes del seguro social.
La facturación cruzada, la subrogación de servicios y la inclusión del sector privado entre los prestadores de servicios aparecen reiteradamente en la iniciativa y los institutos de seguro social firmarían convenios para atender a todos o mandar a sus derechohabientes a las otras instituciones a partir de su integración en el Sistema Único de Salud.
Otra muestra de esta tendencia privatizadora es el Acuerdo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Serguro Social (IMSS) (dof.gob.mx/index.php?year=2012&month=05&day=09), que determina un nuevo tabulador de costos unitarios de la atención médica. Esto sólo adquiere sentido para la compra-venta de servicios y facturación cruzada con otras instituciones, privadas y públicas. Tiene la particularidad de que el costo de casi todos los servicios baja en comparación con el tabulador anterior con excepción del tratamiento de cáncer, atención de urgencias neonatales y de adultos, y pruebas de gabinete sofisticadas.
El derecho a la salud y el acceso a los servicios requeridos son una gran deuda social en México. Es una vergüenza nacional que las personas mueran o vean disminuidas sus potencialidades vitales por falta de atención. No se corrigen con la implantación de una protección social que restringe beneficios, incrementa impuestos y confía en el mercado y la competencia para lograr el acceso.
La constitución de un Servicio Único y Público de Salud sólo puede ser exitosa cuando resuelva los múltiples problemas de las instituciones públicas. Urge dar la máxima prioridad a la salud y desplegar un esfuerzo, planeado, sostenido, organizativo, financiero y de combate a la corrupción para lograrlo.
Publicado en La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2012/08/08/opinion/a16a1cie
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