‘Aunque no lo reconozcan, quienes firman el manifiesto “Exigencia y propuesta de la sociedad civil” son políticos profesionales’, dice el columnista. ‘Han secuestrado a la sociedad civil para, en nombre de ella, impulsar su propia agenda e intereses’.
Por Luis Hernández Navarro| La Jornada
Regeneración, 17 de abril de 2018.- El panista José Francisco Javier Landero Gutiérrez es un político completo. Tiene una notable experiencia partidaria, legislativa y en la administración pública.
En su larga militancia en las filas del blanquiazul ha tenido múltiples responsabilidades: consejero estatal y nacional, secretario de comunicación de su comité nacional y dirigente juvenil. Ha sido dos veces diputado federal. La primera, por mayoría (2003-06). La segunda, por la vía plurinominal (2009-12). También ha sido servidor público: subdirector de Planeación en el Instituto Mexicano de la Juventud y secretario de Planeación en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.
No obstante su apretada agenda partidaria y legislativa como político profesional, el maestro Landero ha encontrado tiempo para dirigir Suma por la Educación y, desde allí, hablar en nombre de la sociedad civil. Es decir, es, simultáneamente, el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro.
Suma por la Educación fue una de las 22 organizaciones empresariales que, el jueves de la semana pasada, publicaron en la prensa nacional un manifiesto en que se presentan como voceros de la sociedad civil. Allí aseguran que México ha cambiado mucho durante las últimas décadas, como resultado del trabajo e incidencia de una red de organizaciones ciudadanas con una agenda tan diversa como los propios problemas nacionales.
Landero Gutiérrez ha estado al frente de Suma por la Educación en dos ocasiones. También ha sido presidenta ejecutiva de la asociación la panista María Teresa Ortuño. Llegó allí colocada por Dios. Militante blanquiazul desde 1973, ha sido legisladora 18 años, delegada de Sedesol y ha buscado (sin fortuna) ser candidata a la gubernatura de Chihuahua. El gobernador Javier Corral la designó directora del Colegio de Bachilleres.
Entre las asociaciones que firmaron el manifiesto de la sociedad civil se encuentra también el Centro de Estudios Políticos y Sociales (Cepos), fundado en 2003. Desde octubre de 2014 lo preside Arturo Gérman Belmont. Activista de la derecha católica más rancia, don Arturo es un viejo militante de la organización secreta ultraderechista El Yunque, y en su juventud participó en el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, responsable de diversos actos violentos en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Suscribió también la proclama la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade), presidida por el licenciado Alfonso Guati Rojo. El abogado fue en este sexenio subdirector Jurídico Contencioso y Administración de Cartera de Petróleos Mexicanos.
En la lista de los abajo firmantes se encuentra la iniciativa México ¿Cómo vamos?, presidida por Luis de la Calle. Negociador principal del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tan desastrosos resultados arrojó para el campo mexicano, el economista De la Calle ha trabajado en el Banco Mundial. Es, además, un muy importante cabildero de los intereses de empresas estadounidenses en México.
Como muestran los casos de Suma por la Educación, Cepos, Anade y México ¿Cómo vamos?, el archipiélago de 22 asociaciones que promueven el manifiesto tiene un claro perfil empresarial y de derecha. Están allí sindicatos patronales, como el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex, think tanks de los señores del dinero, como el Instituto Mexicano para la Competitividad, y grupos de presión y cabildeo (a los que llaman elegantemente de incidencia) del estilo de Mexicanos Primero y Mexicanos contra la Corrupción.
Entre quienes integran sus consejos directivos o consultivos se encuentran algunos de los hombres más ricos del país o sus personeros. Con harta frecuencia, un mismo empresario forma parte de los consejos de varias asociaciones. Sus donatarios (cuando las declaran públicamente) son usualmente los mismos. Por ejemplo, Corporativo de Fundaciones, presidido por el empresario farmacéutico de Jalisco Arturo Jiménez Bayardo, además de financiar la campaña para el registro como senador independiente de Pedro Kumamoto, apoyó económicamente a Mexicanos contra la Corrupción y Mexicanos Primero.
El manifiesto de los 22 busca incidir en la coyuntura electoral para obligar a los candidatos a adoptar su agenda. Es parte de un proyecto que aspira a convertirse en un gran elector. No es ajeno a otras iniciativas como 10 por la Educación y #TeEstamosViendo. Es muestra de un cambio de terreno del asociacionismo empresarial, en el que dejaron atrás la asistencia privada y la filantropía, para incursionar de lleno en la política, camuflados en el papel de supuestos representantes de la sociedad civil.
Estas asociaciones están vinculadas a grandes intereses económicos y políticos. Salvo los sindicatos patronales que representan a sus integrantes, carecen de base social. Son membretes con abundante financiamiento y equipo técnico que se presentan como la sociedad civil. Son invención y están bajo la tutela de personajes ricos y poderosos. Cuentan con poderosos megáfonos para hacerse oír.
Figura paradigmática de la constelación asociativa de los 22 es Claudio X González Guajardo. Su huella puede encontrase tanto en varias de las organizaciones que la integran como en el manifiesto mismo. Empresario disfrazado de activista ciudadano, promotor incansable de la privatización de la educación pública, enemigo de los maestros, se ha dedicado últimamente a labrarse una imagen de líder cívico. Según un reportaje de The New York Times (no un artículo de opinión), su caso es “una rareza en sus círculos de élite” y es “quizá el más claro ejemplo en que el Presidente ha criticado a alguien y en que ha intentado silenciar”.
Aunque no lo reconozcan, quienes firman el manifiesto “Exigencia y propuesta de la sociedad civil” son políticos profesionales. Hacen política de tiempo completo y reciben pago por ello. Han secuestrado a la sociedad civil para, en nombre de ella, impulsar su propia agenda e intereses.