Por Jesús Ramírez Cuevas. El Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP en inglés) amenaza con establecer mecanismos de censura y de control de contenidos que afectarán la libertad de expresión, la libre circulación de contenidos y la privacidad de los usuarios, con el pretexto de la propiedad intelectual
La Jornada del Campo No. 100
Regeneración, 19 de enero de 2016. Tras siete años de negociaciones secretas, la firma del propuesto Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) amenaza la libertad en internet, la libre circulación de contenidos y la privacidad de los usuarios bajo el argumento de proteger la propiedad intelectual o copyright.
El uso libre de una obra cambia con el TPP. El Acuerdo afecta los derechos de autor, pues aumenta 20 años más la explotación monopólica de las obras, sin ninguna justificación. Sólo se homologan las leyes de los países firmantes con el sistema estadounidense. De acuerdo con el estándar internacional, una obra pasa a ser patrimonio común después de 50 años (Convenio de Berna), pero con el TPP se aumentará el tiempo a 70 años, beneficiando a las grandes empresas titulares de derechos de autor que gozarán más tiempo de su monopolio.
El TPP afecta derechos ciudadanos fundamentales. En el caso de Internet los usuarios serían vigilados permanentemente y perseguidos, atentando contra el derecho a la libertad de expresión y la libre circulación de ideas y contenidos. El TPP prevé juicios judiciales y duras penas por uso de programas y contenidos sin autorización o licencias de sus propietarios.
Un aspecto particularmente grave del TPP son las amenazas que representa para la libre circulación de contenidos facilitada por internet. El TPP amplía los mecanismos de sanción a las infracciones y se propone limitar la circulación de obras lícitas entre países. Esto afecta la libertad de expresión y el acceso de contenidos para los usuarios. No hay derechos de las audiencias ni de los usuarios como tales en el tratado.
A pesar de las objeciones de especialistas, usuarios y organismos internacionales, violando las reglas de neutralidad de la red y las libertades, el TPP da a los intermediarios del servicio de internet y a los gobiernos, el poder de controlar los contenidos en la red.
El TPP revive mecanismos de control y sanción muy parecidos a la derrotada Ley SOPA, para que los prestadores de servicio de internet detecten material que viole leyes y bloqueen contenidos no autorizados. Todo, en nombre del derecho de autor, sin considerar de condiciones mínimas de debido proceso cuando se incurra en actos de censura de contenidos por razones políticas o económicas. Es decir, el TPP promueve la censura sin posibilidad de defensa.
La regulación que hace el TPP del uso de tecnológicas protegidas eleva las sanciones para quienes no paguen derechos de propiedad intelectual por uso de programas y contenidos, pero también a quienes prestan servicios y no controlen su uso. Las sanciones no solo serán civiles sino también penales, es decir, se criminaliza a usuarios y a prestadores de servicios.
Organismos civiles y relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la OEA, han señalado que no es posible hacer responsables a los que prestan los servicios de internet por actos ilícitos en que incurran los usuarios. Esto es un principio clave para el respeto de la libertad de expresión en internet. El texto final del TPP obliga a los países a “cooperar” con los titulares de derechos y adopta el modelo de la legislación estadounidense para bajar y censurar contenidos que sean denunciados, sin dar garantías de defensa efectivas.
El TPP autoriza la censura a petición privada. La ley de propiedad intelectual sobre internet y tecnologías digitales establece responsabilidad en caso de no remover contenido con un simple aviso privado por alguna infracción supuesta como catalizador de la obligación de retiro. Esto implica crear un sistema de retiro de contenidos sin defensa alguna.
Además, el TPP legaliza la vigilancia de contenidos y el aumento de penas criminales para el descifrado de señales satelitales. El TPP va más allá del Convenio de Berna y no garantiza los derechos del público, sólo los intereses de las empresas monopólicas. No considera garantías para la distribución y acceso a la información y contenidos abiertos ni del papel de las bibliotecas y archivos digitales ni considera los derechos de los usuarios.
El TPP termina por consagrar un modelo de censura que puede ser controlado desde Estados Unidos en beneficio de intereses geopolíticos y que satisface a la gran industria en perjuicio del interés público.
Cabe mencionar que el capítulo de propiedad intelectual es solo uno de los treinta que componen el acuerdo.
Frente a estas amenazas, a la manipulación de la censura por razones políticas y económicas, se requiere una discusión seria, profunda e informada sobre los alcances de un tratado internacional negociado en secreto. Sobre todo en lo que se refiere al acceso de contenidos de la red y de las formas de comunicación e intercambio de información del siglo XXI. La sociedad mexicana tiene la palabra, el Senado debe escuchar y legislar de acuerdo al interés público mexicano y no exclusivamente de las empresas estadounidenses.
Con la firma del TPP se pone en juego la libertad de expresión, la libre circulación de las ideas y de contenidos en internet, privilegiando los intereses de empresas y gobiernos por encima de los derechos ciudadanos.