Empresas que mintieron fueron sancionadas e inhabilitadas. De 18 que concursaron sin ganar, ya 13 habían obtenido contratos anteriormente
Regeneración, 10 de octubre del 2019. A tres empresas que contrató el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) las inhabilitaron con casi 15 millones de pesos de multas.
Asimismo, 18 empresas más que concursaron para tener contratos, fueron inhabilitadas y sancionadas. Las sanciones fueron consecuencia de haber entregado información alterada para procesos licitatorios.
Esto es según la base de datos de proveedores sancionados de la Secretaría de la Función Pública (SFP), según dio a conocer el portal Poder.
Dicha base de datos es alimentada con los hallazgos del Órgano Interno de Control del GACM.
Esta dependencia encontró las fallas de los proveedores y de quienes aspiraban a ser proveedores para el NAICM.
De las 18 que concursaron sin ganar contratos, 13 habían tenido contratos con otras dependencias en los últimos 17 años.
Con esto, sumaron casi dos millones de pesos, según datos analizados a través del sitio QuiénEsQuién.Wiki.
Avanzia y sus contratos
La empresa más conocida es Avanzia Instalaciones, de Florentino Pérez, el dueño de la constructora ACS y presidente del equipo Real Madrid.
Avanzia concursó en varios contratos del NAICM y en los últimos años tuvo 11 contratos con la administración pública por cerca de mil millones de pesos,
También “alteró” una opinión positiva del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por lo que fue sancionada con 662 mil 700 pesos e inhabilitada durante 1 año y 3 meses a partir de 2018.
Además de esta irregularidad, el conglomerado ACS está acusado, entre otras cosas, de causar contaminación con sus gasoductos en Veracruz.
Esto último según lo asienta Major Sicar, en el artículo “El oro negro que destruye el norte de Veracruz”, de junio pasado.
Las contratadas por el GACM
Asismismo, existen tres empresas que fueron sancionadas por la SFP y que cuentan con contratos rastreables con el GACM.
Se trata de Diseño Particular en Limpieza, S.A. de C.V., Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. y Conip Contratistas, S.A. de C.V. La base de datos no especifica si perdieron el contrato.
Diseño Particular en Limpieza fue la que tuvo la sanción más alta de las tres con contratos para el NAICM: 1 millón 260 mil pesos y 2 años y 6 meses de inhabilitación desde el 4 de abril de 2018.
Su contrato con el GACM fue para proveer el servicio de limpieza en los edificios de Santa Catarina y Torre Murano, donde estaban las oficinas de la dependencia.
El costo del contrato fue de 257 mil 833.92 pesos y fue por adjudicación directa.
Antes, entre 2006 y 2017, la firma de limpieza había ganado 21 contratos con el gobierno mexicano por 32 millones de pesos, según datos alojados en QuiénEsQuién.Wiki2.
Por su parte, Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. participó en consorcio con Construcciones Aldesem y Construcciones Aldesa para ganar uno de los contratos más jugosos del nuevo aeropuerto.
Se trata de la torre de control, por 1 mil 242 millones de pesos.
Las obras supuestamente estarían terminadas el 18 de diciembre de 2018, pero la cancelación del NAICM a manos del entonces presidente electo AMLO llegó en octubre de 2018.
En mayo de 2019 a esta empresa se le sanción con 604 mil 500 pesos e inhabilitada por 15 meses, por “integrar el documento de cumplimiento emitido por el Infonavit alterado”.
Lo anterior según datos de la base de proveedores sancionados.
La empresa fundada hace más de 16 años, todavía mantiene en su sitio web como un logro la construcción del edificio de la torre de control del NAICM.
También menciona su participación en la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, y presume que en 2017 ganó el Premio Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C.
A Conip se le pagó 97.2 millones de pesos para supervisar la construcción de la red de distribución eléctrica de media tensión 23KV.
También subestaciones relacionadas y cableado estructurado del NAICM, que habría terminado el 25 de agosto de 2020.
Su sanción por 662 por 700 pesos, e inhabilitación por un año y 3 meses, llegó el 22 de noviembre de 2018.
Antes de que la SFP le descubriera documentación alterada del Infonavit, entre 2002 y 2018, Conip tuvo 16 contratos por casi 832 millones de pesos.
La mayoría de los contratos de Conip fueron con Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa productiva del Estado para la que también ha trabajado indirectamente.
Esto cuando la subcontrató la firma NGL Equipments, subsidiaria de la multinacional Trafigura, y contratista de Pemex.
Esta subcontratación se dio a través de tres contratos hechos a modo en 2015 para beneficiarla y permitirle instalar una planta fraccionadora de nafta en el Complejo Procesador de Gas de Burgos, propiedad de Pemex.
La subcontratista original de NGL Equipments era otra firma mexicana, Chemisa, que acusó a NGL y a Pemex de incumplimiento de contrato.
Ante esto, antes de solucionar la demanda, NGL contrató a Conip Contratistas para que terminaran de construir la planta fraccionadora.
Eso tampoco sucedió, pues Pemex demandó a NGL a principios de 2019 y hasta abril las obras estaban suspendidas.
Las empresas que mintieron
Una empresa destaca entre las que entregaron información falsa o alterada. El GACM detectó a 13, pero destaca.
Resalta entre las que habían tenido contratos con la administración pública anteriormente.
Se trata de Estudios y Técnicas Especializadas en Ingeniería (ETEI), S.A. de C.V., por ser la que tuvo la sanción más elevada: 1 millón 260 mil pesos y 2 años y 6 meses de inhabilitación.
A ETEI le notificaron de su sanción e inhabilitación el 23 de febrero de 2018, por presentar documentación falsa consistente en la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.
Entre 2002 y 2016 tuvo 20 contratos por 107 millones de pesos.
Sus clientes fueron dependencias como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para proyectos relacionados con agua.
Asimismo, con la Comisión Nacional del Agua, para supervisar obras relacionadas con el Sistema Cutzamala.
Grupo Cocomex, a través de las empresas Consorcio Corporativo de Construcción en Mex, S.A. de C.V., y Consorcio Corporativo de Construcción en México, S.A. de C.V., también intentó obtener contratos con el GACM con información alterada.
Esto lo hizo con base en las opiniones favorables del SAT y del IMSS.
La acción le costó a ambas empresas del mismo grupo ser sancionadas en junio y enero de 2019 por un total de 1.1 millones de pesos y estar inhabilitadas por 15 meses cada una.
Entre 2008 y 2017 el grupo tuvo 17 contratos con la administración pública por 498 millones de pesos.
Además, la empresa de Andrés Ricardo Álvarez Fonseca, quien se ha visto envuelto en polémicas por la falta de pago a sus proveedores y empleados, se alió con la firma Salini Impregilo Mexicana, S. de R.L.
Dicha alianza fue para concursar por el contrato para construir el entronque de la Autopista Peñón Texcoco con el polígono del NAICM.
Dicho contrato está valuado en más de 265 millones de pesos, reportó Víctor Fuentes en el diario Reforma. Esto, el 29 de septiembre del 2018.
En ese caso, las empresas también presentaron información alterada y obtuvieron una multa de 600 mil 300 pesos.
Presenta documento alterado
Basa Ingeniería y Proyectos Ambientales, S.A. de C.V. no tuvo contratos con el GACM, pero sí entregó el documento de opinión positiva emitida por el SAT alterado.
A esta empresa le notificaron de su inhabilitación el 20 de marzo de 2019 por un año y 3 meses.
Entre 2004 y 2018, la empresa, fundada en 2001 por Roberto Bañuelos Ruedas y Rogelio Salinas Oceguera, tuvo 53 contratos por 94 millones de pesos.
Las otras ocho empresas sancionadas e inhabilitadas por haber entregado documentación alterada al GACM y que anteriormente habían tenido contratos con otras dependencias, son:
Progress City Group, Avaniza Instalaciones, Emaja Perforaciones, Nuevo Grupo Lapostolle e Ingenieros y Asesores en Proyecto de Construcción y Supervisión.
De igual forma, Consultoría Betsco, Consultores en Urbanismo e Ingeniería de Transportes y Grupo Integral de Servicios de Ingeniería.
Las “nuevas”
Las siguientes empresas no habían tenido contratos con la administración pública anteriormente a concursar con el GACM.
Pero esta instancia las descubrió al entregar documentación alterada para el NAICM:
Guillermo Hernández González, quien presentó ante el GACM un “documento presuntamente falso, consistente en la opinión positiva emitida por el Servicio de Administración Tributaria” (SAT), fue notificado de que el gobierno tenía prohibido contratarlo desde el 7 de marzo de 2018.
De igual forma, Construcción Integral y Estructural Metálicas igualmente entregó documentación del SAT alterada, además del IMSS y del Infonavit.
Asesoría en Inversiones y Proyectos de Alta Tecnología, y Concreto Superior entregaron documentos alterados del SAT.
FR Estructuras hizo lo mismo pero con información del IMSS.
El NAICM, además de representar destrucción ambiental y social para las especies originarias y migratorias y los pueblos de la región, abrió la puerta a que las empresas quisieran pasar por encima del sistema a cambio de tener contratos.
Se trata de una obra que supuestamente costaría 169 mil millones de pesos.
Después, las cifras manejadas entre el GACM, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Parsons, discrepaban, variando de los 195 mil millones hasta los 440 mil millones de pesos.
Y estas discrepancias se refieren sólo para la primera fase del aeropuerto, como documentó el proyecto TorreDeControl.org.
Cabe señalar que 1 mil 857 empresas han sido sancionadas, ya sea sin multa, sólo con multa o con multa e inhabilitación.
Las multas totales alcanzan los casi 15 mil millones de pesos.
Del total de proveedores del listado de la SFP, 402 han sido sancionadas con multa y 1 mil 428 sancionadas con multa e inhabilitadas.
Dado que es cada Órgano Interno de Control de las dependencias es encargado de avisar a la SFP las faltas en las que caen los proveedores, y luego la SFP debe corroborar, es necesaria una detallada comunicación entre los datos que recaban las diferentes ramas del gobierno, por ejemplo, con el listado de contribuyentes incumplidos del SAT.