Activistas coincidieron en que las consultas previas sobre megaproyectos en pueblos indígenas son cooptadas por intereses corporativos y gubernamentales.
Regeneración, 15 de noviembre de 2017.- Rodrigo Galindo, gerente de programas de bienes comunes naturales de Oxfam, denunció que en México no hay un solo caso que indique que los pueblos indígenas son consultados con éxito sobre sus territorios frente a las concesiones del sector privado.
Aseguró que, por el contrario, las comunidades son hostigadas, se criminaliza a sus líderes y que incluso, se compra a integrantes de los pueblos o se hace un uso faccioso de la ley agraria.
“Hay ciertos mecanismos, incluso legales, que se combinan con prácticas comunitarias intervenidas por gobierno y sector privado donde desvirtúan el proceso de diálogo”.
Por ello, durante el foro de consulta, consentimiento previo, libre e informado y autodeterminación, diversas organizaciones, representantes de comunidades y pueblos indígenas de Guatemala, Honduras, Perú, Ecuador, Bolivia y México se pronunciaron por el respeto a la consulta y consentimiento libre e informado.
Además, rechazaron que se impulsen reformas por parte del sector privado que pretendan cambiar este mecanismo.
Daniel Cerqueira, de la Fundación para el Debido Proceso, indicó que lo que falta de voluntad política es la que impide la implementación de las consultas previas y no sólo tiene que ver con la falta de leyes o de normas claras, las cuales ya se desprenden del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
“Lo que falta es voluntad política para la implementación de ese derecho fundamental. Mientras exista la presión extractivista para que los territorios de los pueblos indígenas sean concesionados para la realización de megaproyectos, de nada sirve tener instituciones perfectas, leyes perfectas. El gran impedimento para la implementación de la consulta previa hoy en América Latina y en México, naturalmente, es esa relación turbia entre intereses corporativos y agentes estatales que a la última desconoce los derechos de los pueblos indígenas”, dijo.
Por su parte, Olivia Marcela Zúñiga Cáceres, hija mayor de Berta Cáceres, activista asesinada en Honduras el año pasado, aseguró que las consultas a los pueblos indígenas se hacen como simple trámite para la empresa privada y no con el objetivo de que sea un instrumento jurídico y político al servicio de las poblaciones.
Con información de La Jornada