El Cotic forma parte de los grupos de resistencia que, por medio de recursos legales y una amplia y consistente movilización social, se han opuesto en esta parte de Puebla y Veracruz a las pretensiones de expoliación de recursos naturales de la zona.
En el informe, leído por la secretaria del comité, Rufina Villa Hernández, se dio a conocer que el 19 de marzo de este año, el segundo juzgado de distrito de San Andrés Cholula concedió la suspensión de plano a la solicitud de amparo presentada por las organizaciones de campesinos e indígenas de la región de Cuetzalan, Yaonahuac e Ixtacamaxtitlán, Puebla, en contra de la realización de obras de minería a cielo abierto.
Las empresas que pretenden hacer estos negocios son Compañía Minera Autlán, Minas Santa Martha y Grupo Ferrominero; la Secretaría de Economía del gobierno federal ataca la suspensión que afecta la actividad extractiva.
Los proyectos se llaman Atexcaco I y II y Macuilquila. Sin embargo, hasta la fecha hay una restricción total para empezar los trabajos que afectarían porciones muy importantes de bosque mesófilo, los cultivos de los grupos de población locales y los recursos hidráulicos.
Agregó que la iniciativa de interponer los recursos legales parte de los acuerdos de asambleas de pueblos indígenas y mestizos de la zona, que el próximo 9 de agosto realizarán su novena asamblea. A estas reuniones acuden cada día más personas; la más reciente reunió a casi 90 comunidades de Puebla y Veracruz y más de 3 mil asistentes.
Las mismas asambleas, dijo también Rufina Villa, resolvieron oponerse a la construcción de cuatro hidroeléctricas del grupo ICA, que entubarían 26 kilómetros de río Apulco –20 por ciento del total– y afectaría al río Tecolutla, en Veracruz, que es donde desemboca.
La representación del Cotic y de las asambleas de defensa territorial interpusieron argumentos técnicos en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en contra de las manifestaciones de impacto ambiental, y a partir de esto la dependencia se vio obligada a suspender las autorizaciones.
Villa Hernández dio a conocer también que la propia empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoce en sus mapas de inversión en la franja del Golfo de México que en Cuetzalan no podría llevar a cabo sus proyectos, porque el ordenamiento territorial lo prohíbe. El ordenamiento y su comité, señaló, son el corazón de esta resistencia popular a las obras que tanto daño causan a las poblaciones.
Asimismo, en su asamblea anual, ratificaron su oposición a que se instalen tiendas de Walmart y Coppel, a través de la votación de un acuerdo unánime, y exigieron al alcalde de Cuetzalan, Óscar Paula Cruz, apegarse a los lineamientos del ordenamiento integral que regula el crecimiento urbano y ecológico.
Ambas cadenas, apuntaron, fomentan un modelo de negocio que atenta contra las formas ancestrales de intercambio y cultura cuetzalteca y acaban con los pequeños vendedores y con la producción local. En el caso de Coppel, abundaron, incentiva el endeudamiento como forma de adquisición de bienes, práctica que no es común ni benéfica para Cuetzalan.
Los integrantes del Cotic solicitaron al alcalde Paula que responda formalmente a la solicitud de información que le hicieron desde septiembre del año pasado sobre el seguimiento de las obras que está haciendo Coppel para abrir una sucursal en la cabecera municipal de Cuetzalan.
En respuesta, el edil se comprometió a responder sobre la edificación de la tienda, pero dejó en claro que su administración considera ‘‘apropiada’’ la llegada de la compañía, pues genera 200 empleos directos tan sólo en la construcción del inmueble. Enseguida, manifestó que su administración no ha recibido ninguna solicitud para instalar un Walmart, pero si ese fuera el caso lo notificará al Cotic. Esa cadena ha pretendido desde 2010 instalar una tienda en Cuetzalan, a lo que el comité se ha opuesto de manera organizada, legal y pacífica.
Durante las semanas recientes se desató una campaña mediática contra integrantes de este comité, especialmente contra la Cooperativa Tosepan Titataniske, acusándolos de haber pactado con la firma estadunidense la instalación de una tienda en este municipio, lo que fue desmentido y condenado por varios participantes. Contra la cooperativa han actuado simultáneamente provocadores y asaltantes de sus oficinas, ‘‘como si se tratara de una campaña orquestada’’, señalaron.