Los estados con mayor número de fosas reportadas oficialmente son Guerrero, con 195; N. León y Veracruz, 191 cada uno; Zacatecas 83; Coahuila 51; Colima 35; San Luis Potosí 34; Durango 18; Jalisco 17, y Sonora 12.
Regeneración, 07 abril 2017.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el informe especial de Personas Desaparecidas y Fosas Clandestinas en México, donde reportó la existencia de 855 fosas clandestinas en nueve años, de las que se exhumaron mil 548 cadáveres del 1 de enero de 2007 a septiembre del año pasado.
De acuerdo a información proporcionada por procuradurías y fiscalías locales, integrada en el informe del que fue responsable el primer visitador, Ismael Eslava Pérez, dichas autoridades reportaron el rescate de mil 548 cadáveres, de los cuales 796 se habían identificado.
El primer visitador se pronunció por la pronta aprobación de una Ley General contra las desapariciones forzadas y por particulares.
La documentación del informe especial fue realizada durante varios meses e implicó, entre otras cosas, la elaboración de 589 oficios.
Destacó que los estados con mayor número de fosas reportadas oficialmente son Guerrero, con 195; Nuevo León y Veracruz, con 191 cada uno; Zacatecas, 83; Coahuila, 51; Colima, 35; San Luis Potosí, 34; Durango, 18; Jalisco, 17, y Sonora, 12.
Entre los datos aportados por las fiscalías de Coahuila, Colima, Nuevo León y Veracruz, destaca que se exhumaron o localizaron 35 mil 958 “fragmentos óseos y/o humanos”, de los cuales 13 mil 825 corresponden al primero y 21 mil 874 al último estado.
Eslava, quien expresó su “inconformidad e insatisfacción con la información remitida en diferentes momentos por los órganos de procuración de justicia de las entidades federativas del país”, apuntó que entidades en las que las autoridades no atendieron las solicitudes de información del organismo nacional fueron Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas.
El reporte advierte que el número de personas desaparecidos ha crecido en los últimos años hasta llegar a casi 30 mil, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidos, situación que se ha dado en medio de pugnas entre múltiples grupos del crimen organizado, a menudo con la complicidad de las mismas autoridades. El 82.7 por ciento de esos casos se registraron en 11 estados del país.
“Pese a este alarmante número, México aún no ha dimensionado la gravedad de casos de desaparición”, dijo Ismael Eslava, Primer Visitador General de la CNDH.
En la presentación, el funcionario expresó la preocupación del organismo nacional por el aumento de hallazgos de fosas clandestinas y el número de cadáveres y/o restos humanos de ellas exhumados.
Entre los reproches que hizo el visitador a los órganos de procuración de justicia consultados, es que no se proporcionó información clasificada adecuadamente en los diferentes tipos de desaparición, si eran forzadas o por particulares, extraviados no localizados o ausentes “para referirse a todas aquellas personas de las que se desconoce su paradero”, por lo que para el organismo “resulta complejo conocer cuántos acontecimientos derivaron de una conducta delictiva imputada y/o cometida por agentes del estado o particulares y cuáles obedecen a otras circunstancias”.
En conferencia de prensa, al ser cuestionado por el número de quejas abiertas por la CNDH por desaparición forzada, Eslava se limitó a decir que el organismo investiga al momento 24 quejas, en las que estarían involucradas tanto autoridades federales como estatales, como ocurre en Papantla y Tierra Blanca, Veracruz, en los que tres y cinco personas fueron víctimas de policías estatales el año pasado.
Tras reconocer la labor de familiares de desaparecidos y organizaciones sociales para “colocar en la agenda nacional e internacional” la problemática de las desapariciones en México, Eslava señaló que el organismo emitió 102 recomendaciones dirigidas al secretario de Gobernación, al Congreso del Unión, la Cámara de Senadores, gobernadores de los estados y jefe de gobierno de la Ciudad de México, el comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México; a los titulares de la Procuraduría General de la República y de las procuradurías y fiscalías generales de las entidades del país.
Con información de Proceso, La Jornada y El Universal