Como si una plaga azotara nuestras tierras o una maldición moderna nos condenara, a los mexicanos nos corroe la impotencia frente al desastre nacional. Muerte, violencia, desempleo, corrupción , pobreza, saqueo, son realidades que vivimos a diario. Una economía criminal domina al país. Pero ¿cómo es que hemos llegado a este nivel de descomposición? ¿Y el gobierno donde está? ¿Cuál es la salida a tanta destrucción y muerte?
Por Jesús Ramírez Cuevas
Regeneración, 10 de julio de 2017. Algunas notas sobre la decadencia del momento. El gobierno de Enrique Peña Nieto es el más repudiado de la historia moderna (85% de los ciudadanos lo rechazan), ha entregado la riqueza nacional al extranjero y está marcado a nivel internacional por escándalos de corrupción, graves violaciones a los derechos humanos y su sumisión a Donald Trump.
Tan solo esta semana que terminó fue una de la más sangrientas de la historia moderna: 71 personas asesinadas. En todo el territorio campean la inseguridad y la violencia y México se ha convertido en un país de fosas. Somos un cementerio con más de 210 mil muertos en los últimos diez años, 28 mil desaparecidos y más de 125 periodistas asesinados desde el año 2000.
Los gobiernos federal, estatales y municipales están bajo sospecha. En el mundo nos recuerdan por crímenes de Estado como Ayotzinapa, Tlatlaya o Tanhuato o las matanzas de Allende y en San Fernando.
A esta crisis humanitaria y de inseguridad se suma la crisis económica, el desempleo, las alzas de gasolinas, gas y electricidad y el hambre de millones.
Lo más insultante es la corrupción desbordada afecta a los actores políticos de varios colores, a los agentes económicos y sociales. Peña Nieto, la Casa Blanca, el Grupo Higa, OHL son ya escándalo mundial, pero en México no pasa nada. Incluso si la empresa brasileña Odelbrecht acusa al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, haber recibido un soborno por 5 millones de dólares, el gobierno de Peña lo protege. La impunidad es el pilar fundamental del sistema político corrupto mexicano.
Por eso Vicente Fox y Felipe Calderón caminan tranquilos, a pesar de que sus gobiernos son los que han recibido más dinero en la historia pero no hicieron nada más que enriquecer a sus amigos, familiares y socios. Fox y Calderón no serán recordados por ninguna obra pública relevante sino por su corrupción y la degradación nacional que causaron.
Es verdad que la esencia del modelo neoliberal en México es la corrupción y el desvío de recursos públicos para contratos de empresas de amigos y socios nacionales y extranjeros. Muestra de ello son los escándalos del gobierno de Peña Nieto y los 25 gobernadores investigados por la Auditoría Superior de la Federación por presuntos actos de corrupción. Ya no hablar de los moches en la Cámara de Diputados y en los congresos locales.
La corrupción y la concentración del ingreso han sido causa de que México sea uno de los países más desiguales del mundo. Cada vez hay más pobres y menos ricos pero con más dinero. Un dato: mientras 53 millones de mexicanos viven en la pobreza, 9 de los mexicanos más ricos del mundo concentran 43% de la riqueza nacional. Somos el país de la OCDE donde más trabaja la población pero donde menos gana. Los salarios han perdido el 80% de su poder de compra en 35 años. Hay 24.5 millones de trabajadores ganan menos de 2 mil 290 pesos al mes y no pueden pagar la canasta básica.
En cambio, la riqueza de 16 multimillonarios mexicanos ha crecido en 20 años de 25 mil 600 millones de dólares a 142 mil 900 millones de dólares, 9% del Producto Interno Bruto.
Así se maneja la economía: una minoría controla el gobierno y se beneficia de los presupuestos públicos y los bienes nacionales. Las grandes empresas no pagan impuestos y cuando los pagan se los devuelven.
Cada día son más caros los alimentos, las gasolinas y los energéticos porque importamos más de la mitad de las gasolinas, el gas y los alimentos que necesitamos.
El hartazgo ha llegado a niveles de ingobernabilidad. A principios de año, fuimos testigos de la inconformidad social por los gasolinazos, un enojo y una desesperación general que se desbordó en todo el país.
Hay más de mil conflictos sociales, ambientales y por inseguridad en todo el territorio nacional. Porque hay miles de mexicanos que defienden sus derechos, el territorio, el agua, los bosques, las selvas, sus lugares sagrados, su tranquilidad, el derecho a vivir con justicia, democracia y bienestar.
Frente a la incapacidad del gobierno para hacer frente a esta crisis de seguridad, económica, política y social, se dice de que México hay un Estado fallido. Un Estado que ha perdido control de su territorio y del monopolio en el uso legítimo de la fuerza; cuya erosión de la autoridad legítima pone en entredicho en su toma de decisiones. Podría pensarse que en México el problema es que hay un gobierno débil, caracterizado por la corrupción y el fracaso social, político, económico y en seguridad.
Sin embargo, la normalización de la corrupción y la “venta” de decisiones gubernamentales al mejor postor, impide ver que en nuestro país lo que se ha instalado es un Estado mafioso. Más que pérdida de control, lo que vemos es que el gobierno controla y pacta con grupos criminales para promover y defender los intereses particulares de una élite gobernante, familiares y socios. Hay funcionarios que son sobornados por delincuentes, pero el fenómeno que se ha instalado es que el gobierno ha tomado el control de las redes criminales o se asocia con quienes administran los negocios ilegales.
Los Fidel Herrera, Javier Duarte, el otro Duarte, Moreira, Yarrington y un largo etcétera, reafirman esta relación simbiótica del poder político, económico y criminal. En muchas regiones del país donde hay grandes proyectos de infraestructura o mega proyectos mineros, petroleros, hidroeléctricos, inmobiliarios, antes de que lleguen las inversiones nacionales y extranjeras, aparece el crimen organizado para intimidar, aterrorizar, desarticular y asesinar a la población. La autoridad criminaliza la protesta y las fuerzas de seguridad actúan en conjunto con los grupos criminales. Muchas familias se desplazan a otros sitios. Existe un millón de desplazados internos en México por la inseguridad. Tierras, casas y poblaciones enteras son ocupadas por grupos de la delincuencia organizada, aunque tiempo después, son compradas por empresas mineras, industrias, petroleras, de transporte, de energías renovables, constructoras, inmobiliarias, fondos de inversión. Ciudad Juárez es el mejor ejemplo de ello. Se calcula que más de 400 mil personas han abandonado esa ciudad fronteriza por la violencia en los últimos años.
Es la necropolítica de un sistema económico depredador que utiliza el delito, la violencia y la ilegalidad para hacer negocios, para despojar a comunidades y pueblos. Los muertos también generan ganancias en la economía criminal. Grandes fortunas aumentan al ritmo del número de fosas y sus miles de cadáveres sembrados en todo el país.
Este sistema político y económico mafioso ha causado la ruina nacional. Si México quiere sobrevivir a este cataclismo, es urgente desmontar y desarticular el actual régimen político corrupto y acabar con la impunidad. Se requiere establecer una democracia en la que los ciudadanos ejerzan sus derechos, elijan libremente a sus gobernantes, defiendan el territorio y los recursos naturales, fiscalicen las finanzas públicas y tomen parte de las decisiones de gobierno. La rendición de cuentas, la revocación del mandato y la consulta ciudadana son herramientas democráticas básicas en esta titánica tarea de terminar con la corrupción y la criminalidad institucionalizadas. Solo una verdadera revolución democrática, una auténtica rebelión ciudadana, hará posible este cambio sistémico en beneficio de todos. No hay otra salida.